Política

El derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia y acoso, y que los empleadores tengan la obligación de prevenir y abordar estas conductas en el espacio laboral, tanto público como privado, es el objetivo del proyecto de Ley Reformatoria para la Erradicación la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, que el Pleno de la Asamblea aprobó este jueves por unanimidad, con 128 votos.

El presidente del Parlamento, Henry Kronfle resaltó que esta es la décimo tercera ley aprobada y trabajada de manera responsable.

El proyecto, que reforma el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, tiene como finalidad garantizar ambientes laborales seguros; erradicar violaciones a derechos humanos y proteger la dignidad de los trabajadores.

Según la propuesta normativa, en los casos de violencia y acoso laboral la autoridad competente podrá disponer se efectúen las disculpas públicas de quien cometió la conducta.

En la evaluación de riesgos en los lugares laborales, el inspector de trabajo deberá tener en cuenta los factores que aumentan las posibilidades de violencia y acoso, incluyendo los peligros y riesgos psicosociales.

También podrá establecer las medidas de protección de los denunciantes, las víctimas, los testigos y los informantes frente a la victimización y las represalias en los casos que se denuncie violencia y acoso laboral.

Se incorpora el concepto de violencia; se adopta el término acoso según el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y, se elimina la reglamentación burocrática para fortalecer la eficacia de las reformas y asegurar el derecho a la justicia.

La asambleísta María Teresa Pasquel, ponente del informe de la Comisión del Derecho al Trabajo, subrayó que la ley cumple las disposiciones constitucionales y los instrumentos internacionales; protege la dignidad de todas las personas en el ámbito laboral concebidas como violencia que ocurran una sola vez o de manera repetitiva, que resultan o pueden resultar en un daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital, en contra de una persona trabajadora.

Incluye la violencia y el acoso de género o por razones discriminatorias cometidos en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación, amenace o perjudique los derechos adquiridos de la persona violentada o acosada laboralmente. “La intención es proteger la estabilidad laboral de los trabajadores y servidores al no ser obligados a terminar la relación laboral, considerándose nula toda terminación laboral, por violencia o amenazas”, enfatizó.

La Ley es un compromiso por la dignidad humana, respeta a todos sin discriminación por edad, color y género; defiende la equidad y justicia laboral; establece la prevención, reparación y sanciones; busca la armonía, protección, capacitación, y desarrollo profesional, resaltaron los 15 legisladores que intervinieron en el debate.

El proyecto será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para respectiva sanción u objeción.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, con relación al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), precisó que el segundo debate está cerrado, por lo que este proyecto no puede regresar a la Comisión de Justicia y tampoco se podrán presentar otras mociones.

Dijo que, para la tranquilidad del país, la controversia respecto al proyecto ha concluido, porque ya se votó por la propuesta del informe de la Comisión de Justicia y no fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. “Ya no puede pasar el texto que tanto problema nos trajo en el país, porque fue negado”, resaltó.

Henry Kronfle recordó que el Pleno de la Asamblea Nacional procedió con la votación de la moción presentada por el Presidente de la Comisión de Justicia, en dos secciones, ninguna de las cuales fue aprobada, luego se suspendió la sesión.

Mencionó que, en caso de que exista consenso para la continuación de la sesión N.º 900, se deberá proceder con la votación de la moción presentada por la legisladora María Fernanda Araujo, en cuatro grupos: aumento de penas en determinados delitos; procedimientos; ciertos artículos que fueron controversiales; y, tipificación de dos nuevos delitos. Lo señalado podrá ocurrir dentro de los 60 días a partir de hoy. “Si no convocamos en 60 días, esto se archiva por falta de tratamiento”, aseguró el Presidente del Parlamento.

Por último, anticipó que están pendientes las nuevas reformas al COIP que se trabaja con la Corte Nacional de Justicia y otras organizaciones y actores del país.

El presidente la Asamblea Nacional, Henry Kronfle remitirá a la Comisión de Régimen Económico la Proforma del Presupuesto General del Estado 2024 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2024-2027, conforme lo resolvió el Consejo de Administración Legislativa, en la sesión de este miércoles.

De conformidad con el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a la Comisión antes mencionada le corresponde elaborar en el plazo de diez días el informe respectivo, que se pondrá a consideración del Pleno del Parlamento, el que en un solo debate y con la mayoría absoluta de sus miembros deberá aprobarla u observarla, en el plazo de treinta días desde su recepción.

En este día, hago un llamado a la unidad y al consenso, porque solo con la unidad y el consenso podremos encontrar soluciones a los problemas que afronta el país”, expresó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle Kozhaya, en la Ceremonia de Relevo de Guardia de la Escolta Legislativa, que se cumplió este miércoles, 21 de febrero, en la Plaza Juan Montalvo, de la sede del Parlamento.

Este acto cívico, contó con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa Azín; ministros de Estado; altos mandos Militar y Policial; comandante de la Escolta Legislativa, Francisco Zumárraga; miembros del CAL; asambleístas; entre otras autoridades.

El presidente Kronfle, tras saludar el desarrollo de este acto, que representa una tradición de la Asamblea y de la Policía Nacional, reiteró su compromiso con la gobernabilidad y la paz que se está construyendo desde el Parlamento, para alcanzar el nuevo Ecuador. Añadió que la unidad se genera desde el respeto a la diversidad de pensamiento, lo cual permite tener una democracia dinámica y robusta.

Aprovechó este espacio para agradecer a Fuerzas Armadas y Policía Nacional por el aporte a favor de la paz y la seguridad del país, trabajo que ha permitido salvar vidas en medio de los difíciles momentos que atraviesa el Ecuador.

El parte de finalización de la Ceremonia de Relevo de Guardia estuvo a cargo del coronel Francisco Zumárraga, comandante de la Escolta Legislativa. Este evento se realizará cada 15 días.

Con el voto unánime de los 116 legisladores presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó la resolución por la cual exhorta al presidente de la República, Daniel Noboa Azín, considere la necesidad urgente para el restablecimiento del servicio de asesoría jurídica hipotecaria y psicológica gratuita a la comunidad migrante ecuatoriana afectada por la burbuja inmobiliaria en España.

El proponente de la resolución, Gustavo Mateus Acosta, asambleísta por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, subrayó que este servicio gratuito ayudó a miles de compatriotas a solucionar sus créditos hipotecarios. Sin embargo, después de 2017 los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso no continuaron con este apoyo a los compatriotas en el exterior.

Indicó que cientos de ecuatorianos en España enfrentan problemas al no poder pagar sus deudas hipotecarias, lo cual ha significado que sean despojados de sus viviendas y se encuentren ahora en situación de vulnerabilidad, sin que el Estado ecuatoriano les retribuya en algo el sacrificio que han dado al país, con el envío de sus remesas, lo cual ha significado un gran aporte para sostener la economía nacional.

De su lado, la legisladora Raisa Corral expresó que «debemos ponernos del lado de nuestros migrantes y que sepan que el Parlamento Nacional es su voz». Además, sostuvo que los servicios de asesoría jurídica deben ser reinstalados.

En comisión general, la hija de la señora Ligia Mirian Pacheco y César Alberto Bolaños, ecuatorianos residentes en España, justificó el pedido de los compatriotas para que se restituya el servicio de asesoría jurídica hipotecaria y psicológica gratuita, puesto que ahora mismo hay casos de familias a quienes se les ha aplicado el desahucio (desalojo) de sus viviendas. Según refirió su hija, en el caso de doña Ligia, se intentaron todas las alternativas posibles, pero el banco no les dio una salida al pago de la deuda, por lo cual fueron desahuciadas.

César Bolaños dijo que al momento se ha desahuciado a 35 familias, por lo que considera que el tema de la burbuja inmobiliaria vuelve a ser una tragedia para muchos ecuatorianos que residen en España, algunos de los cuales han tenido que regresar al país abandonando sus viviendas para no ser víctimas del desalojo. Indicó que mientras estuvo vigente el servicio de asesoría gratuita, hasta 2017, se alcanzaron 75 mil atenciones, con resultados positivos para los migrantes.

El Pleno de la Asamblea Nacional, de manera unánime, con 118 votos, aprobó el Acuerdo de Asociación Comercial entre Ecuador y Costa Rica, que generará un crecimiento del 10 % de las exportaciones actuales, lo que significaría un ingreso aproximado de 3 millones de dólares.

Previo al debate, en comisión general, el vicepresidente de Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC), José Luis Barzallo, a nombre de 250 empresas de tecnología en Ecuador, recordó la importancia del desarrollo tecnológico y la vigencia de la Ley Fintech.

En este contexto, respaldó el Acuerdo Comercial con Costa Rica, porque favorece el comercio sin aranceles para servicios digitales. Añadió que las pequeñas empresas tendrán la oportunidad de usar el comercio electrónico. “Es una nueva vía para el fomento económico para el Ecuador”, concluyó.

Entre tanto, Vanesa Cortez, de la Asociación Procosméticos Ecuador, expresó su apoyo al Acuerdo con Costa Rica, porque permite el intercambio comercial al colocar los productos ecuatorianos, en este caso los cosméticos, en aquel país. Dijo que “los beneficios serán muchos, uno de ellos el empleo”.

La presentación del informe estuvo a cargo del legislador Jonathan Parra, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, quien resaltó el trabajo de los comisionados hasta aprobar el informe por unanimidad.

Con relación a los temas centrales del Acuerdo Comercial precisó que se protegió a los pequeños y medianos empresarios. Destacó que se beneficiarán los sectores metalmecánica, textil, línea blanca, construcción y alimentos. El 97 % de la oferta de exportaciones ecuatorianas tiene preferencias arancelarias y el 84 % ingresará con arancel cero desde el primer día de su vigencia.

Por su parte, Raisa Corral consideró que esta asociación comercial con Costa Rica es una oportunidad para nuestro país, una evolución de los acuerdos comerciales tradicionales. Gustavo Mateus mencionó que el acuerdo constituye un desafío para las dos naciones, a fin de que tenga éxito. Este acuerdo nos brinda la ocasión de crecer en otros espacios, con oportunidad para los pequeños y medianos empresarios; protege a los sectores más vulnerables, mencionó la legisladora Carla Cruz.

José Jurado resaltó el incremento del 10 % de las exportaciones, que en una época de crisis es una oportunidad, en un mercado de 5 millones de habitantes. Fausto Fernández recordó las rondas de negociación que promueven la integración regional, la exportación de la manufactura, comercio inclusivo, entre otros aspectos. Jaminton Intriago, tras respaldar el Acuerdo Comercial con Costa Rica, anunció la necesidad de un proyecto de reactivación para el sector agrícola.

En esta línea de análisis y apoyo al instrumento internacional intervinieron los legisladores Johnny Lavayen, Mariana Yumbay y Carmen Tiupul. Se destacó que este acuerdo comercial respeta la jurisdicción nacional y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales

Para este martes a las 12h00, el presidente Henry Kronfle convocó a la Sesión N.º 901 para que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca y resuelva respecto del Informe del Acuerdo de Asociación Comercial entre Ecuador y Costa Rica, con sustento en lo aprobado en forma unánime por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.

El informe resalta que con la ratificación del acuerdo comercial se generará un crecimiento del 10 % de las exportaciones actuales, lo cual ocasionaría un ingreso al país de 2,9 millones de dólares.

El acuerdo comercial mejorará la competitividad de enlatados y conservas de pescado, manufacturas de metal, tableros de madera, medicamentos, camarón, línea blanca, porcelana y cerámica sanitaria, pastas alimenticias, manufacturas de cuero y textil.

Asimismo, el acuerdo evidencia la exclusión de productos sensibles como carne bovina, despojos comestibles, lácteos, piña, yuca, azúcar, café sin tostar, entre otros, de los cuales Costa Rica es un exportador importante.

El informe precisa que el acuerdo logrará equilibrar la balanza de competitividad con Costa Rica, puesto que el 65 % de exportaciones de productos del Ecuador pagan arancel; con el acuerdo este 65 % ingresaría con 0 % de arancel a un mercado de 5 millones de consumidores.

El instrumento internacional cuenta con dictamen de la Corte Constitucional, de noviembre de 2023.

Fiscalización Censo Nacional
Previamente, a las 11h00, el Pleno del Parlamento continuará la sesión N.º 898 donde tratará el proyecto de resolución que traslada a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad el seguimiento al proceso de fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades.

La Subsecretaria de Articulación Intergubernamental del Ministerio de Gobierno, Abogada Jazmín Moyano Lucio, mantuvo una importante reunión de trabajo con los Presidentes de las Juntas Parroquiales de la provincia Bolívar, con el objetivo de conocer los requerimientos y necesidades de los diferentes GADS Parroquiales y buscar solución a los mismos a través de la articulación entre las diferentes instancias descentralizadas del Gobierno Central en territorio y la gestión de recursos y proyectos a nivel nacional.

La reunión convocada por el Presidente del CONAGOPARE-Bolívar, Ingeniero Rumiñahui Chela, se desarrollo este viernes en el salón de la Gobernación; y, en ella se expusieron no solo los requerimientos desde la ruralidad de Bolívar, a través de los Presidentes de las Juntas Parroquiales, sino también las limitaciones y los recursos que tienen las diferentes direcciones distritales provinciales para atender esos requerimientos.

A esta reunión asistieron: el Jefe Político del Cantón Guaranda, Ab. Paul Romero, el Comandante de la Policía Subzona Bolívar, Coronel Armando Patricio Chávez Vallejo, el Delegado de la Prefectura de Bolívar, los Directores Distritales de Bolívar del MIES, Salud, MTOP. SRI, MAGAP, Riesgos, ECU 911, Educación, entre otros y los Presidentes de las Juntas Parroquiales de la Provincia Bolívar.

La Administración Tributaria, durante el 2024, llevará a cabo planes de control a los activos ubicados en paraísos fiscales, regímenes fiscales preferentes o jurisdicciones de menor imposición, que pertenezcan a ciudadanos ecuatorianos. Esta disposición consta en la Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha Contra la Corrupción, vigente desde el viernes 9 de febrero de 2024.

Las acciones a emprender por parte de la Administración Tributaria se refieren a los casos la corrupción y actividades ilícitas vinculadas a paraísos fiscales que representan una amenaza para la estabilidad económica y la integridad del sistema tributario en Ecuador. Por ello, el Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá iniciar los procesos por incremento patrimonial no justificado que correspondan, así como cualquier acción penal.

Entre otras disposiciones relacionadas con los plazos y términos, se establece que la Fiscalía tendrá el plazo de 90 días a partir de la distribución de los fondos, para aplicar los mecanismos de articulación interinstitucional para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Asimismo, en el plazo de 180 días, a partir de la publicación en el Registro Oficial, los sujetos obligados podrán acogerse a la remisión de intereses, costas y gastos administrativos, generados por efecto de la determinación de responsabilidades por parte de la Contraloría.

En el término de 45 días, el Ejecutivo reformará el Reglamento General a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Reglamento a la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.

Destino

La monetización de los bienes ilícitos se destinará a la inversión en programas de desarrollo integral infantil; atención de programas de prevención y rehabilitación de uso y consumo de sustancias sujetas a fiscalización; prevención y erradicación de la violencia infrafamiliar, así como en atención y mitigación de los efectos de desastres y fenómenos naturales a nivel nacional.

Además, se destinará en la elaboración y ejecución de proyectos que promuevan el desarrollo económico, social, vial, deportivo o cultural, en provincias fronterizas y zonas rurales; y, aquellas que, por necesidad, determine el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento General de la Ley.

En un evento lleno de emoción, se realizó la inauguración del tan esperado proyecto de electrificación en el Barrio San José-El Oso. Obra de electrificación realizada por el Municipio de Zamora que representa un hito crucial para el desarrollo de Zamora.

Con una inversión que supera los 92 mil dólares, esta iniciativa de electrificación tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida y la seguridad de los habitantes del barrio San José-El Oso y de toda la ciudadanía de Zamora. La instalación de luces adecuadas no solo ilumina las calles, sino que también crea un ambiente más seguro y propicio para la actividad nocturna y deportiva, promoviendo un estilo de vida activo y saludable para todos.

Dentro de este proyecto también se contempla la electrificación del Barrio Namacuntza, de la parroquia San Carlos de las Minas, entrega que ha sido programada para una fecha posterior. Sin embargo, este proyecto refleja el compromiso continuo del municipio de Zamora con el desarrollo integral de todos los barrios del cantón.