Política

Combatir el tráfico ilícito de migrantes, que es parte de la criminalidad organizada transnacional para proteger a los ecuatorianos que salen a otros países, es uno de los objetivos del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, presentado por el legislador Paúl Buestán, de la provincia de Cañar.

El asambleísta, al fundamentar su propuesta, advierte que en algunos países de la región se han detectado vínculos de los traficantes de migrantes con mafias del narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos sexuales.

Recordó que en el año 2018 se expidió la Ley de Movilidad Humana, pero no tiene incidencia directa en esta problemática, peor aún sanciona a quienes se enriquecen con el sufrimiento de quienes emigran.

“Estos denominados coyotes ofertan sus servicios como si se tratare de una agencia de viajes turísticos, para publicitar rutas migratorias que prometen llevar a ecuatorianos hacia varios países”, denunció.

El parlamentario enfatizó que el sistema jurídico debe apuntar hacia un Ecuador mejor, sintonizado con la realidad social que se vive, así en materia penal, siendo la herramienta punitiva del Estado para restaurar el orden, la paz social y justicia.

En este marco plantea que la persona que promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, promocione, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras desde el territorio ecuatoriano hacia otros países o viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país, siempre que ello no constituya infracción más grave, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

La misma pena se aplicaría a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación y conducción, si se establece su conocimiento y participación en la infracción.

Según el proyecto, si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes, personas en situación de vulnerabilidad o personas de atención prioritaria, se sancionará con pena privativa de libertad de diez a trece años y cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

El pleno de la Asamblea Nacional delegó a la Comisión de Fiscalización y Control Político la investigación sobre las acciones ejecutadas y programadas por el Ministerio de Energía y Minas, para atender la crisis eléctrica que atraviesa el país.

Esto en el marco del proyecto de resolución para atender la crisis eléctrica que deja pérdidas en el sector productivo.

Además la Asamblea, exhortó al Gobierno Nacional que atienda la grave emergencia eléctrica que incluya la aprobación de Presupuesto Emergente para la inversión y gastos de mantenimiento en los sectores de generación y transmisión eléctrica del país.

Según la resolución, propuesta por la legisladora Sofía Espín, los Ministros de Energía y de Finanzas, los directores del CENACE y ARCERNNR serán llamados a la Comisión de Fiscalización para exponer la problemática y las acciones tomadas para su solución.

Además, se observa al Gobierno Nacional por no haber recibido inversiones para la ejecución de proyectos energéticos, a pesar de los cinco meses de gestión y la aprobación de la Ley de Competitividad Energética, destacando la necesidad de la inversión pública en este sector para garantizar la soberanía energética, generación de empleo y la dinamización económica.

En el debate Sofía Sánchez destacó la importancia de que el Gobierno explique sus medidas, para resolver la emergencia y considera crucial abordar el impacto del cambio climático.

Por su parte, Jorge Chamba alertó sobre las graves consecuencias económicas de la crisis eléctrica, especialmente para los más vulnerables. También abogó por soluciones urgentes.

Jamington Intriago expuso el grave impacto en el sector productivo y agropecuario, por lo que pidió respuestas al Ministro de Energía en cumplimiento de la llamada “Ley no más Apagones”.

Comps Córdova denunció los prolongados apagones en su provincia, a pesar de albergar importantes centrales eléctricas, al tiempo que insistió en la necesidad de priorizar el desarrollo del país para cambiar la situación.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social estableció una hoja de ruta para convocar al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y al director ejecutivo de la Comisión de Transito del Ecuador (CTE), Mario Andrade, solicitadas por el legislador, Jorge Chamba.

Según el asambleísta Chamba, existe una serie de irregularidades con violaciones a varios cuerpos legales, así como presuntos incumplimientos de funciones del ministro, Roberto Luque, entre los que cuenta la designación del Director de la CTE, que debió elegirse del mismo directorio, norma que no se consideró.

A decir del legislador Chamba también existiría un eventual conflicto de intereses en la firma de contratos entre empresas de la familia Luque y el Ministerio de Transporte.

Afirmó que los padres del ministro son accionistas de Luque y Luque Compañía Limitada, empresa que tiene un proceso de contratación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, suscrito en julio de 2021, que debió concluirse, pero, hasta el momento, no se ha realizado el proceso de liquidación.

De igual manera, insistió, existe otro contrato con un hermano de la autoridad, entre la Asociación Lateral Guaranda y el Ministerio de Transporte.

Se suma la Compañía Consultora Geosísmica Luque también con contratos con el mismo ministerio y, adicionalmente, Ricardo Luque, familiar directo del ministro, es presidente de dicha compañía.

Aseguró que esta empresa habría realizado los estudios del Quinto Puente que une los cantones Guayaquil, Daule y Samborondón, a ejecutarse en el Guayas y que por este motivo el ministro Luque le cedió la competencia a la Prefectura del Guayas para realizar esta obra.

Advirtió, además, que por estas razones solicitó información, pero que las respuestas están incompletas y no se ajustan a la información requerida, además de no presentar firma de responsabilidad del ministro.

Los legisladores Gissela Garzón, Carmen Tiupul, Mónica Salazar, Mariana Yumbay, Franklin Samaniego y Lucía Posso apoyaron la solicitud del legislador Jorge Chamba, y pidieron que también se fiscalice la falta de atención del Ministerio en las vías y conectividad de las provincias del país.

Por otro lado, cuestionaron que Roberto Luque esté a cargo de dos ministerios como es el MTOP y el de Energía y Minas, y que no responda a los requerimientos realizados por los miembros de la comisión. “Han transcurrido casi 6 meses de este gobierno y no hay ninguna respuesta”, recalcó Mariana Yumbay, en referencia al mal estado de las vías.

La hoja de ruta contempla enviar los pedidos de información a las entidades mencionadas, convocar al ministro Luque y al Director de la CTE para los días 15 y 17 de mayo, respectivamente. Este proceso de fiscalización se prevé que culmine el 29 de mayo.

Por otro lado, la comisión avocó conocimiento de 6 resoluciones del Consejo de Administración Legislativa, referentes a distintos casos de fiscalización que deberá tratar la comisión.

Entre las entidades y autoridades públicas a fiscalizar constan la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT); Daniel Calderón, exministro de Educación; Johnny Pérez, rector de la Universidad Técnica de Machala; Xavier Torres, contralor del Estado; Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas; Franklin Encalada, ministro de Salud; Alan Sierra, director de la UAFE; entre otros que serán convocados a comparecer.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 95 votos afirmativos, censuró al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones en el ejercicio del cargo. La resolución será remitida a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría para que realicen las investigaciones del caso, a fin de determinar las responsabilidades penales, administrativas y civiles a que haya lugar.

La censura dispuesta por la Legislatura se aplica en función de lo dispuesto en los artículos 131 de Constitución de la República y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta decisión inhabilita al doctor Fernando Santos Alvite para el ejercicio de cargo público por los próximos dos años.

En el debate, en el cual participaron 18 legisladores, se recordó la necesidad de ir más allá de la censura de un exfuncionario, ya que es importante atender de manera urgente al sector energético para evitar que, a futuro, se repitan los apagones, que generan pérdidas millonarias para el país, sobre todo en el sector productivo, incluida la economía popular y solidaria.

Los miembros de la Comisión de Fiscalización subrayaron que en la sustanciación de la solicitud de juicio político se cumplieron todos los procedimientos determinados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con absoluto respeto al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa.

Así mismo, entre las intervenciones del debate se formularon llamados al actual Gobierno para que tome acciones efectivas, a fin de fortalecer las centrales hidroeléctricas; mantener adecuadamente y repotenciar la infraestructura para la generación termoeléctrica, así como propiciar el desarrollo de sistemas de generación de energías limpias y amigables con el ambiente.

Igualmente, los legisladores indicaron que en el curso de la interpelación se determinó la responsabilidad política de Santos Alvite, quien no tuvo argumentos para defender su gestión, pues se demostró que no tomó las acciones necesarias para atender al sector eléctrico, pese a las múltiples alertas dadas por los organismos técnicos y de control del sector eléctrico.

El Pleno de la Asamblea, tiene previsto continuar con el juicio político al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite.

En esta misma sesión, se prevé el conocimiento del proyecto de resolución para exhortar al Presidente de la República y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la rehabilitación -de manera urgente- de la vía estatal Balbanera – Pallatanga – Cumandá, que une la sierra centro con la costa, propuesta por los asambleístas de la provincia de Chimborazo.

Mientras, las comisiones especializadas continuarán los procesos de socialización de proyectos de ley, en los ámbitos económico, social, productivo, educación, salud, inclusión económica, derechos de niñez y adolescencia, movilidad humana, contratación pública, ente otros, así como las acciones de fiscalización y control político en distintas materias.

Tambié las comisiones Legislativas agendaron temas para esta semana. La Comisión del Derecho al Trabajo prevé recibir nuevas demandas de varias organizaciones de jubilados, quienes se encuentran a la espera de sus respectivas pensiones, sin que hasta el momento hayan tenido respuesta de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En el caso de la mesa de Gobiernos Autónomos están pendientes las comparecencias de los ministros de Obras Públicas y del Interior.

Así mismo, consta entre las actividades la continuación en el tratamiento de las reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Por su parte, la Comisión de Fiscalización continuará el proceso de fiscalización relacionado con los casos Metástasis, Purga y Madrina. También, tiene previsto iniciar la actuación de prueba en la sustanciación de la solicitud de juicio político planteado por el asambleísta Carlos Vera Mora, en contra del exministro de Interior, Juan Zapata Silva.

Para la Comisión del Derecho a la Salud, su agenda está relacionada con el avance en el proceso de socialización de los proyectos de Ley de Control y Prevención del Cáncer Uterino; de Desnutrición y Malnutrición Infantil; y, de Deportes, Educación Física y la Recreación, con la participación de autoridades, expertos, académicos y representantes de varias organizaciones de la sociedad civil.

Entre tanto, la Comisión de Régimen Económico continuará el análisis del contenido y alcance de los proyectos de ley que buscan reformar la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

La Comisión de Biodiversidad avanzará en el análisis de los proyectos de Ley Integral de Uso, Gestión y Protección del Recurso Hídrico y de Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales no Humanos, presentado por la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, la mesa legislativa de Justicia continuará el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa y del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Además, tiene previsto continuar el proceso de evaluación y seguimiento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres.

Santo Domingo, Sto. Domingo de los Tsáchilas. El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, entregó el puente delta sobre el Río Lelia, en el kilómetro 82 de la vía Alóag – Santo Domingo. Esta estructura era una necesidad urgente para los habitantes de la zona y para todo el país. Tras su instalación se restablece la conexión vial estratégica entre Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas. 

En febrero de este año, la fuerte crecida del río provocó el colapso del puente, impidiendo el tránsito vehicular. De forma inmediata, el presidente Noboa dispuso la colocación de un puente provisional para restituir la conectividad clave para el turismo y el transporte de productos de primera necesidad en el país. Esta es una de las principales arterias viales que conecta la Sierra y la Costa y por la que circulan cerca de 12.000 vehículos diarios.  

Hoy finalmente este anhelo es una realidad. El Primer Mandatario precisamente se refirió a la importancia de dar solución inmediata a las necesidades de la población, sobre todo en materia vial para garantizar actividades como agricultura y comercio. “Con muy pocos recursos hemos tenido la creatividad de solucionar problemas”, sostuvo. 

El puente tiene 56 metros de largo y 9,2 metros de ancho, con dos carriles de circulación.  El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, explicó que la infraestructura anterior que colapsó por el temporal fue construida hace 30 años y no contó con mantenimiento; por consiguiente, apenas se conoció sobre su afectación, se trabajó de forma inmediata con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para habilitar la vía.

“Todo lo que hace este gobierno es con sentido de urgencia y empatía con la gente”, enfatizó el ministro Luque. A ello agregó que, durante el proceso de instalación del nuevo puente, el Gobierno precauteló la circulación mediante vías alternas como Los Bancos y Las Mercedes, que también se prevé que sean intervenidas durante esta administración. 

Para la ejecución de la obra, la inversión aproximada del Gobierno fue de USD 550.000. El Presidente remarcó en que si bien esta obra no es de competencia del gobierno central “nosotros sí sentíamos la responsabilidad de hacer lo correcto y de darle la conectividad a la provincia de Sto. Domingo”,

En el marco de este acto, el presidente Noboa Azin también recordó que, en este periodo de gestión, el Nuevo Ecuador se ha cristalizado en aspectos tangibles como, aprobación de cuatro leyes económicas urgentes, el triunfo de la consulta popular y encarcelamiento de corruptos en la cárcel de mayor seguridad. 

Además, recordó otra obra que se desarrolla en el sector para beneficio de la ciudadanía, pues en este año iniciará la construcción de la Universidad Pública de Santo Domingo, que ya está concluyendo la fase de estudios. “Santo Domingo es una joya de que debemos explotarla y darle la gente lo que verdaderamente necesita”, concluyó.

Este viernes en el cantón Colta, en la parroquia de Columbe, de la provincia de Chimborazo, se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero.

Durante la sesión, se abordaron diversos temas de relevancia para la comunidad, destacando la participación de José Marco Yacaila, en representación de Fausto Hidalgo de la comunidad regante del Cantón Guano.

Yacaila expuso sobre las sentencias de agua, el manejo de los páramos y las acciones emprendidas por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica en la provincia de Chimborazo. Destacó la importancia de las sentencias de agua, el manejo de los páramos y las acciones del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica en Chimborazo.

Además, expresó su preocupación por la falta de autorizaciones para acceder al agua, señalando que esto afecta directamente la capacidad de proveer alimentos como carne y leche a sus comunidades.

Por su parte, María Luisa Cruz, del viceministerio del Agua, informó los esfuerzos realizados para atender las solicitudes pendientes, destacando la emisión de documentos habilitantes para el uso de agua y la ejecución de obras de agua potable y riego, con una inversión de 19,3 millones de dólares y beneficiando a 14 mil personas.

Cruz manifestó que se ha hecho un esfuerzo enorme para atender las peticiones, presentando como antecedente que la Secretaría del Agua pasa a formar parte del Ministerio del Ambiente, lamentablemente sobre permisos de uso de riego comienzan hacer afectados porque inician los despidos de más de 400 personas a nivel nacional y se debilitó la institucionalidad, quedando sin el personal técnico para atender todos los trámites correspondientes, pero se comprometió a resolver estas solicitudes en la brevedad del caso.

Durante la sesión de la comisión se destacaron diversas voces que expresaron preocupaciones y propuestas relevantes para la comunidad.

Ignacio Cepeda, presidente del GAD Parroquial de Columbe, expuso su malestar por la falta de cobertura del Registro Civil. En su intervención solicitó el retorno de estos servicios a su cantón, destacando que 15 mil habitantes necesitan urgentemente acceder a este servicio, ya que las brigadas de cedulación actuales no han sido suficientes para cubrir la demanda.

Aurelio Caizaguano, de la asamblea parroquial, instó a los legisladores a trabajar y fiscalizar a las autoridades para que cumplan sus obligaciones en temas cruciales como la desnutrición infantil, agricultura, ganadería y agua.

Por su parte, Daniel Otalag de la Comunidad San Martin Alto, enfatizó la necesidad de contar con urea y canales de riego para los agricultores, aspectos fundamentales para trabajar de manera efectiva en la agricultura y garantizar la seguridad alimentaria.

En la misma línea, Miguel Condo, concejal del cantón Chunchi, elogió la iniciativa legislativa de sesionar en territorio y crear normativas públicas que fortalezcan la labor de los agricultores, reconociendo la importancia de estas acciones para el desarrollo sostenible de la región.

Estas voces representan la diversidad de preocupaciones y propuestas que se discutieron en la sesión, mostrando el compromiso de la Comisión y las autoridades locales por abordar los desafíos y promover soluciones efectivas para el bienestar de la comunidad.

La legisladora Patricia Núñez enfatizó la urgencia de soluciones para garantizar el acceso al agua en Chimborazo. Resaltó la importancia vital de este recurso para la agricultura y la vida cotidiana. También se abordaron preocupaciones sobre la falta de empleo, la desnutrición infantil y la necesidad de agilizar los trámites administrativos para el desarrollo sostenible.

La sesión concluyó con compromisos concretos, como el seguimiento de trámites pendientes, mesas técnicas para el control del páramo y el fortalecimiento de capacidades técnicas en el territorio. “Estos esfuerzos buscan resolver las dificultades y garantizar soluciones efectivas en el tiempo establecido”, resaltaron.

El presidente Daniel Noboa designó a Vicente Antonio Auad Cevasco como nuevo gobernador de la provincia del Guayas.

El flamante gobernador se venía desempeñando como viceministro de Seguridad en el Ministerio de Interior liderado por Mónica Palencia.

Auad reeemplaza en esas funciones a Alberto Molina quien renunció al cargo.

Al mismo tiempo Noboa emitió el decreto ejecutivo en el que acepta la renuncia de Molina quien ocupó ese cargo desde noviembre del 2023 y nombró a su asesor.

Los integrantes de la Mancomunidad de Gobiernos Provinciales Amazónicos, CONGA., integrado por las prefecturas de: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; se reúne hoy en la ciudad de Tena, provincia de Napo, con la participación de todos los niveles de gobierno amazónicos.

Aquí se discute acerca de: Gobernabilidad y financiamiento (fondo de desarrollo, deudas del gobierno central); Fondo común y universidades; Vialidad; Cooperación Internacional; Ambiente; Pueblos y Nacionalidades (turismo y producción), expone la Prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui.
La Prefecta, señala que, en la Cumbre de Tena, se decidirá exigir al Presidente de la República, que, a partir de su decisión política, se emita un reglamento que regule a distribución de las regalías mineras.

Karla Reátegui, señala que ya es tiempo que el Gobierno dé una respuesta positiva, que en el caso de la Prefectura de Zamora Chinchipe, están pendientes, parte de la cuota de diciembre 2023, más las cuotas de enero, febrero, marzo y abril de 2024.

Con ocho votos afirmativos, la Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el proyecto de resolución para iniciar el proceso de fiscalización del cumplimiento del Fondo Común de la Circunscripción Territorial Amazónica, sobre la base de la moción del legislador Héctor Valladarez, quien advirtió que habría un “perjuicio millonario”.

El proceso de fiscalización corresponderá a los ejercicios fiscales de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Para esta atribución se considerará el cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que estuvo vigente en tales años. El Fondo Común contiene varias fuentes de financiamiento, cuyos rubros serán revisados.