Política

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle Kozhaya convocó a los asambleístas a la sesión No. 889 del Pleno, en modalidad virtual, para este sábado 20 de enero, a las 10:00, con el fin de escuchar la rendición de cuentas de las autoridades de las funciones del Estado.

Esta sesión se cumplirá de conformidad con el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, según el cual los presidentes de la Función de Transparencia y Control Social, del Consejo de la Judicatura, Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y Consejo Nacional Electoral (CNE); Defensor Público; Fiscal General del Estado; Contralor; Procurador del Estado y cualquier otra autoridad determinada por la ley, presentarán ante el Pleno del Parlamento sus informes anuales de labores, durante la tercera semana de enero de cada año.

Además, concurrirán a las comisiones especializadas de la Asamblea Nacional cuando dichos órganos así lo requieran, con la finalidad de aclarar y ampliar el contenido del informe presentado.

El Pleno de la Asamblea designará una o varias comisiones especializadas, para que en el plazo de 30 días analicen los informes presentados.

De acuerdo con la convocatoria, el informe de rendición de cuentas se recibirá en el siguiente orden: Presidente del TCE, Procurador General del Estado, Presidenta del CNE, Contralor General del Estado, Presidente de la Función de Transparencia y Control Social, Presidente del Consejo de la Judicatura, Defensor Público y Fiscal General del Estado.

La Asamblea Nacional, presidida por Henry Kronfle, durante los dos meses de gestión, ha aprobado con más de 100 votos nueve leyes que contribuyen al desarrollo económico del país.

Las leyes apoyan a la seguridad ciudadana y, atienden las demandas de la población, indica el informe Legislativo.

El Titular del Parlamento destacó la colaboración de todas las bancadas en la construcción de las leyes, que han dado prioridad a los intereses del país y han dejado de lado sus diferencias de tipo político.

“La seguridad ciudadana, reactivación económica y generación de empleo han sido la prioridad en el trabajo legislativo”, resaltó Kronfle.

Leyes aprobadas
1.- Ley para la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres: garantiza la igualdad de remuneración y cualquier forma de retribución económica entre mujeres y hombres en el desempeño de un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

2.- Ley de Seguridad Privada: protege a personas, bienes muebles e inmuebles, valores y activos, como herramienta para contribuir a la seguridad integral.

3.- Ley de Gestión Integral del Riesgo de Desastres: crea herramientas para la previsión, prevención y reducción de riesgos; respuesta y recuperación ante emergencias y desastres.

4.- Ley Reformatoria a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles: mejora la efectividad de los servicios hacia la ciudadanía; fortalece las atribuciones del Registro Civil y fija los parámetros sobre la determinación de la filiación paterna, materna o ambas en una inscripción de nacimiento.

5.- Ley de Salud Mental: promueve, regula y garantiza el pleno ejercicio de los derechos, bajo un modelo de promoción, prevención, atención, recuperación e inclusión que sea comunitaria e intercultural, sin discriminación.

6.- Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo: impulsa el empleo, incrementa la recaudación tributaria e incentiva la inversión.

7- Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales: formará profesionales que serán parte de los organismos de seguridad ciudadana; y, brindará educación superior a toda la sociedad comprometiendo el desarrollo del conocimiento en el ámbito de la seguridad integral.

8.- Ley Orgánica de Competitividad Energética: promueve soluciones económicas y de generación de energía, a fin de superar la crisis energética.

9.- Ley para la Acción Voluntaria: define, formaliza, reconoce, promueve, visibiliza y garantiza la participación organizada y solidaria de la ciudadanía en las actuaciones del voluntariado.

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate este proyecto, que tiene como objeto regular y controlar la fabricación, importación, internación, tránsito, exportación, comercialización, transferencia, transporte, almacenamiento, permisos, trazabilidad y disposición final de armas, municiones y accesorios, así como la tenencia y porte de armas.

Previo al debate, en comisión general, el director de Logística de las Fuerzas Armadas, Manuel Dávila señaló que es oportuna la actualización de una ley que fue aprobada hace 44 años. Pidió que se consideren las atribuciones de la Dirección Nacional de Control de Armas y mejorar el articulado sobre el porte y tenencia de armas de fuego letales y no letales.

El experto en seguridad, Rodolfo Timoshenko precisó que la propuesta no busca liberar el acceso a las armas, sino establecer un sistema de control riguroso y transparente. El gerente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, Enrique Baquerizo recordó los problemas relacionados con la antigua Ley de Armas y su Reglamento. Entre tanto, la vicepresidenta de la Cámara de Seguridad, Alba Rodríguez presentó observaciones a los textos sobre los tipos de permisos de las empresas de seguridad, que debe constar de manera general.

El legislador ponente, Xavier Jurado dijo que actualmente existe una ley caduca que ni siquiera guarda concordancia con la Constitución de la República. Precisó que la propuesta regula las armas de fuego neumáticas, eléctricas, destrucción masiva, municiones de todo tipo y calibre, medios inflamables, asfixiantes, tóxicos y otros. “La normativa debe guardar concordancia con Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, recientemente aprobada”, añadió el legislador.

“Esta Ley no pretende autorizar el libre porte de armas”, precisó el asambleísta Leonardo Berrezueta, al explicar la necesidad de regulación y registro moderno y actualizado de las armas, lo que evitará el contrabando. Por su parte, Paúl Buestán sugirió revisar la normativa conexa, por ejemplo, el artículo 360 del COIP, respecto a la posesión de un arma de uso civil adquirida lícitamente.

Alexandra Arce resaltó la discusión de este proyecto de ley por parte de la Asamblea en momentos difíciles que atraviesa el país, y Otto Vera dijo que esta normativa es una herramienta útil para luchar contra la delincuencia.

Además, expusieron los legisladores: Sofía Espín, Lucio Gutiérrez, Patricia Núñez, Jaime Guevara, Cecilia Baltazar, Pierina Correa, Ramiro Vela, Jaminton Intriago, Fernando Jaramillo, Juan Carlos Camacho y Fabiola Sanmartín.

La presidente encargada, Esther Cuesta cerró el primer debate del proyecto y anunció que el trámite continúa en la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.

El pleno de la Asamblea Nacional en la que se resolverá hoy la objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, además se tramitará en primer debate del proyecto de Ley Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.

El proyecto de igualdad salarial tiene como objetivo reducir la brecha de desigualdad de las mujeres en el ámbito laboral y garantizar la igualdad de remuneración y cualquier forma de retribución económica entre hombres y mujeres, en el desempeño de un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.

El 28 de noviembre el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto, el cual el 26 de diciembre pasado recibió 10 observaciones por parte del Ejecutivo. La Comisión del Derecho al Trabajo, luego de analizar la objeción, resolvió recomendar al Pleno ratificar los textos aprobados por el Legislativo, excepto las objeciones 1 y 2, sobre la finalidad y principios rectores, en las que se recomienda el allanamiento a los textos remitidos por el presidente de la República, Daniel Noboa.

Por otro lado, el proyecto de Ley Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios tiene por objetivo regular la fabricación, importación, exportación, comercialización, almacenamiento y permisos de armamento y satisfacer la necesidad de instituciones y organismos públicos; y de personas naturales y jurídicas.

El informe de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recoge el trabajo desarrollado en materia de socialización, así como la recepción de comparecencias, opiniones y sugerencias de autoridades de Estado, entidades y organismos públicos y privados, de la academia y expertos en los temas de armas, municiones y demás accesorios.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el proyecto de Ley Orgánica para enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica. El respectivo trámite del proyecto urgente en materia económica estará a cargo de la Comisión de Desarrollo Económico.

La moción fue presentada por el legislador Eckenner Recalde y contó con el respaldo del vocal Diego Matovelle.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa en el plazo de 5 días y con la comparecencia de los diferentes actores elaborará el informe para el primer debate.

Luego de guardar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas que han fallecido por causa de la situación que está viviendo el país; de manera unánime con 135 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió respaldar las acciones del Gobierno Nacional en materia de seguridad, así como la intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; quienes dando cumplimiento a su misión constitucional de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y utilizando los medios legítimos necesarios, actuarán para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana.

“Sin Fuerza Pública no hay República” resaltó enfáticamente el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, quien destacó la unidad que refleja la aprobación de esta resolución que respalda el Decreto 111 y las acciones de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, en el debate participaron 11 asambleístas de las diferentes bancadas.

Esta nueva Asamblea se solidarizó con las familias y pueblo ecuatoriano por los desmanes, amotinamientos, secuestros, robos y muertes producto de los actos de violencia y criminalidad que son de conocimiento público.

También, respalda al Presidente del Ecuador para que se dé cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado vigente y que el COSEPE se declare en sesión permanente para emitir políticas, planes y estrategias unificadas en todo el territorio nacional para contrarrestar la crisis carcelaria, de inseguridad y el conflicto armado interno que vive el país.

El Pleno del Parlamento además respalda a las funciones del Estado y ciudadanía exhortó, para que apoyen y respeten el trabajo estratégico, operativo, táctico y en especial la integridad física de cada de uno de los miembros las Fuerzas Armadas, Policía y entidades complementarias de seguridad ciudadana, en cumplimiento de su deber.

Ratificó su compromiso con el pueblo ecuatoriano y en el marco de sus competencias actuar con celeridad en la adopción de normas que contribuyan a garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como la aprobación de normas en materia de seguridad entre ellas la unificación de las reformas al COIP y Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Y finalmente, convocó a la Unidad Nacional a todas las Funciones del Estado, GAD, organizaciones políticas, sociales, sociedad civil e instituciones públicas y privadas, con el objetivo de enfrentar en conjunto los actos de violencia y criminalidad.

La Asamblea Nacional informa-mediante un comunicado- a la ciudadanía las decisiones y acciones tomadas durante la reunión con todas las bancadas y representantes de las diversas organizaciones políticas, realizada con carácter de urgente en respuesta a la situación que vive el Ecuador.

1.- Nos encontramos trabajando en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. La situación actual exige colaboración y cohesión. Estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad y de manera conjunta.

2.- Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.

Reconocemos y valoramos su dedicación y esfuerzo en la preservación de la seguridad, la paz y la vida para los ciudadanos. Este respaldo incluye la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos.

3.- Respaldamos las acciones realizadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad frente a la actual crisis, para reestablecer la paz y el orden en el territorio nacional. Requerimos se determine a los responsables de las fugas carcelarias, y se los sancione con el máximo rigor de la ley.

4.- Como parte de la Agenda Parlamentaria, hemos establecido como máxima prioridad la aprobación de normas en materia de seguridad que se encuentran en trámite, entre ellas la unificación de 41 proyectos de reforma al COIP, que será debatida en los próximos días en el Pleno de la Asamblea Nacional.

5.- En el ejercicio del control político, actuaremos con oportunidad y prudencia. Entendemos la coyuntura actual y no obstaculizaremos las funciones de ninguna autoridad pública, manteniendo siempre el respeto a la institucionalidad durante este Estado de Excepción.

La Asamblea Nacional reafirma su compromiso con la unidad nacional, la estabilidad democrática y la seguridad de todos los ciudadanos.

Con 81 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, institución que tendrá personería jurídica propia, de derecho público y sin fines de lucro; con autonomía académica, administrativa, económica, financiera, orgánica y patrimonio público, conforme con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior.
Los promotores de la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales serán el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Según el articulado, la universidad iniciará sus actividades académicas con las carreras: Licenciatura en Investigación Criminal y Forense; Licenciatura en Gestión de Seguridad Ciudadana; y, Licenciatura en Inteligencia Estratégica y Prospectiva. Podrá ampliar su oferta académica conforme las disposiciones establecidas en la Ley de Educación Superior.

La Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales participará en la distribución del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO) a partir del quinto año de su creación, para su financiamiento y desarrollo.Previo al debate, en comisión general, la exlegisladora Rocío Guanoluisa dijo que el proyecto de ley recogió los aportes de varios actores, así como las observaciones de las diferentes bancadas del período anterior.

Francisco Zumárraga, comandante de la Escolta Legislativa, a nombre de los cerca de 60 mil uniformados, mencionó la importancia de contar con herramientas jurídicas, logísticas y académicas, para el desempeño de sus labores.

“La Universidad no será de exclusividad de la Policía Nacional, sino de toda la ciudadanía, la oferta académica será inclusiva e incluyente”, aseguró. A esta posición se adhirió el coronel José Vargas, director de Educación de la Policía Nacional.

Christian Lema, estudiante del Colegio Mejía, recordó en el año 2022, aproximadamente 32 mil personas no pudieron ingresar a la universidad, siendo la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, una oportunidad para acceder a la educación superior.

La asambleísta ponente Zolanda Plúas señaló que, para la creación de esta universidad, se cuenta con una propuesta técnico académica y en lo fundamental, se pretende ampliar la oferta académica para el acceso a la educación superior, y la misma contribuirá a las acciones emprendidas a favor de la seguridad y paz del país, resaltó.

La legisladora Ana María Raffo recordó la grave situación de la caja fiscal, el déficit presupuestario de 5 mil millones de dólares, además de los retrasos en las asignaciones y pagos. Dallyana Passailaigue precisó que esta universidad permitirá ampliar los cupos para los estudiantes, porque semestralmente se ofertará 6 mil cupos en los primeros años.

Hernán Zapata coincidió con el espíritu que enmarca la iniciativa legal, porque se convertirá en una alternativa para ingresar a la educación superior. Nataly Morillo reflexionó sobre la oportunidad de presentar un nuevo recurso para enfrentar la inseguridad ciudadana. También expusieron en el debate los legisladores Mauricio Zambrano, Guido Vargas y Cecilia Baltazar, quienes presentaron sus argumentos respecto al articulado de la normativa.

El proyecto de Ley de Competitividad Energética, calificado como urgente en materia económica, cuyo objeto es superar la crisis energética mediante la promoción de soluciones económicas y de generación de energía, optimizando el manejo de los recursos públicos asociados al sector eléctrico en el ámbito público y privado, pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Valentina Centeno, asambleísta ponente y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, recordó que la crisis energética que atraviesa el país responde a la baja producción de electricidad que bordea los 28.864 gW/h desde el 2018. Se estima que al 2027 la producción será igual, mientras que la demanda será de 38.663 gW/h. Advirtió que en los últimos 6 años no hubo inversión en el sector.

Destacó que la iniciativa no contempla un incremento en la planilla eléctrica, sino que plantea estímulos para que el país haga una transición a energías limpias, mediante la exención del IVA de los equipos y accesorios para la generación solar fotovoltaica, 0 % de aranceles en la inversión de maquinaria agrícola que utilice energías renovables no convencionales y 100 % deducciones adicionales por inversiones en sistemas de autoabastecimiento energético.

El proyecto que reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), consta de 20 artículos que, entre otras cosas, establece que para el cumplimiento del Plan Maestro de Electrificación (PME), el Estado podrá delegar de forma excepcional a empresas de capital privado, empresas estatales extranjeras y a empresas de economía popular y solidaria, la participación en las actividades del servicio público de energía eléctrica, mediante procesos públicos de selección cuando el servicio no pueda ser proporcionado por empresas públicas o mixtas.

Dispone la condonación del total de intereses derivados de las obligaciones de pago del servicio público de energía eléctrica a los clientes finales, excepto los clientes industriales, siempre y cuando cancelen el capital en un plazo máximo de 90 días. También, condona el total del capital e interés para clientes finales de las provincias de Manabí y Esmeraldas por los montos generados durante el estado de emergencia a causa del terremoto del año 2016.

Debate
36 asambleístas intervinieron en el debate para presentar nuevas observaciones al proyecto. Entre las propuestas se destaca la separación de los ministerios de electricidad, hidrocarburos y minas, así como las agencias de regulación y control del ramo; la inversión en el mantenimiento del parque de generación energética actual para alcanzar su máxima capacidad productiva; simplificación de trámites para procesos de inversión privada; y, la deducción de impuestos a los sectores productivos por las inversiones que hagan en materia eléctrica.

Enfatizaron que el país no puede depender de las condiciones climáticas y la importación energética para satisfacer la demanda nacional, motivo por el que este proyecto debe trazar el camino para impulsar la inversión en proyectos de generación de energía por distintas fuentes energéticas renovables convencionales y no convencionales para solucionar el déficit a largo plazo.

Cuestionaron la gestión administrativa de gobiernos anteriores que descuidaron el sector y generaron la crisis actual, por lo que advirtieron el seguimiento de procesos de fiscalización y control político que determine responsabilidades por incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación y falta de mantenimiento de las hidroeléctricas existentes.

Previamente, en comisión general, el Pleno escuchó a Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte de Taxis del Ecuador, Fedotaxi, quien solicitó a la Legislatura que la norma incluya la ampliación del plazo establecido en la septuagésimo primera disposición transitoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual establece que a partir del quinto año de entrada en vigencia de la ley, la reposición de vehículos de transporte terrestre comercial se renovarán por vehículos eléctricos, tomando en cuenta que el país actualmente tiene un déficit en la oferta eléctrica y no existen las condiciones necesarias para instalar electrolineras en todo el territorio nacional.