Política

CAL califica tercer proyecto urgente para enfrentar conflicto armado interno

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite el proyecto de Ley Orgánica para enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica. El respectivo trámite del proyecto urgente en materia económica estará a cargo de la Comisión de Desarrollo Económico.

La moción fue presentada por el legislador Eckenner Recalde y contó con el respaldo del vocal Diego Matovelle.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa en el plazo de 5 días y con la comparecencia de los diferentes actores elaborará el informe para el primer debate.

Asambleístas respaldan acciones del gobierno en materia de seguridad

Luego de guardar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas que han fallecido por causa de la situación que está viviendo el país; de manera unánime con 135 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió respaldar las acciones del Gobierno Nacional en materia de seguridad, así como la intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; quienes dando cumplimiento a su misión constitucional de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y utilizando los medios legítimos necesarios, actuarán para restablecer el orden público y la seguridad ciudadana.

“Sin Fuerza Pública no hay República” resaltó enfáticamente el presidente del Parlamento, Henry Kronfle, quien destacó la unidad que refleja la aprobación de esta resolución que respalda el Decreto 111 y las acciones de la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, en el debate participaron 11 asambleístas de las diferentes bancadas.

Esta nueva Asamblea se solidarizó con las familias y pueblo ecuatoriano por los desmanes, amotinamientos, secuestros, robos y muertes producto de los actos de violencia y criminalidad que son de conocimiento público.

También, respalda al Presidente del Ecuador para que se dé cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado vigente y que el COSEPE se declare en sesión permanente para emitir políticas, planes y estrategias unificadas en todo el territorio nacional para contrarrestar la crisis carcelaria, de inseguridad y el conflicto armado interno que vive el país.

El Pleno del Parlamento además respalda a las funciones del Estado y ciudadanía exhortó, para que apoyen y respeten el trabajo estratégico, operativo, táctico y en especial la integridad física de cada de uno de los miembros las Fuerzas Armadas, Policía y entidades complementarias de seguridad ciudadana, en cumplimiento de su deber.

Ratificó su compromiso con el pueblo ecuatoriano y en el marco de sus competencias actuar con celeridad en la adopción de normas que contribuyan a garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como la aprobación de normas en materia de seguridad entre ellas la unificación de las reformas al COIP y Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Y finalmente, convocó a la Unidad Nacional a todas las Funciones del Estado, GAD, organizaciones políticas, sociales, sociedad civil e instituciones públicas y privadas, con el objetivo de enfrentar en conjunto los actos de violencia y criminalidad.

Asamblea Nacional promete esfuerzo para preservar paz social

La Asamblea Nacional informa-mediante un comunicado- a la ciudadanía las decisiones y acciones tomadas durante la reunión con todas las bancadas y representantes de las diversas organizaciones políticas, realizada con carácter de urgente en respuesta a la situación que vive el Ecuador.

1.- Nos encontramos trabajando en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. La situación actual exige colaboración y cohesión. Estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad y de manera conjunta.

2.- Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.

Reconocemos y valoramos su dedicación y esfuerzo en la preservación de la seguridad, la paz y la vida para los ciudadanos. Este respaldo incluye la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos.

3.- Respaldamos las acciones realizadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad frente a la actual crisis, para reestablecer la paz y el orden en el territorio nacional. Requerimos se determine a los responsables de las fugas carcelarias, y se los sancione con el máximo rigor de la ley.

4.- Como parte de la Agenda Parlamentaria, hemos establecido como máxima prioridad la aprobación de normas en materia de seguridad que se encuentran en trámite, entre ellas la unificación de 41 proyectos de reforma al COIP, que será debatida en los próximos días en el Pleno de la Asamblea Nacional.

5.- En el ejercicio del control político, actuaremos con oportunidad y prudencia. Entendemos la coyuntura actual y no obstaculizaremos las funciones de ninguna autoridad pública, manteniendo siempre el respeto a la institucionalidad durante este Estado de Excepción.

La Asamblea Nacional reafirma su compromiso con la unidad nacional, la estabilidad democrática y la seguridad de todos los ciudadanos.

Presidente lideró encuentro con los alcaldes de Manabí

Portoviejo, Manabí. Esta mañana, viernes 5 de enero, el presidente Daniel Noboa Azin lideró un encuentro con los alcaldes de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos. El propósito del Ejecutivo es crear espacios de diálogo con los Gobiernos Autónomos Descentralizados para trabajar de manera mancomunada por los ciudadanos, especialmente, en seguridad, empleo y desarrollo local.

“Estas reuniones con los GAD, no son solo para hablar de pago de deudas de las otras administraciones, sino también para buscar soluciones a temas prioritarios”, dijo el primer mandatario. Resaltó que las entidades gubernamentales están listas para desplegar acciones en territorio, según las necesidades de cada sector.

Precisamente, el jefe de Estado hizo hincapié en la importancia de identificar personalmente, y de primera mano, las demandas de los ciudadanos y sus autoridades locales para coordinar la atención oportuna. Por ello, indicó, que estas reuniones ya no se desarrollarán en Quito, sino que el presidente y su equipo de trabajo se trasladarán a los cantones y provincias del país.

En este sentido, el jefe de Estado resaltó que su administración trabaja de forma permanente para que los ecuatorianos vivan en un país que garantice buenas condiciones de vida sus habitantes. “La gente quiere paz, seguridad y sentir que sus hijos están bien (…): ¡Hacia eso vamos, estamos laborando todos los días para lograrlo!”, recalcó.

Para alcanzar este objetivo, el presidente Noboa insistió en la importancia de mantener una buena relación con los diferentes niveles de gobierno, en virtud de que las autoridades locales están cerca de los ciudadanos en cada punto del Ecuador. “Trabajando en conjunto se pueden hacer cosas valiosas en beneficio de los ciudadanos. No para que lo digamos nosotros, sino para que sean ellos quienes lo digan”, concluyó.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay expresó el respaldo de las autoridades municipales en este trabajo articulado, específicamente, para las acciones que propendan al desarrollo de la nación y el bienestar de los ciudadanos.

Previamente a esta reunión, el jefe de Estado también instaló una mesa de seguridad con la participación de las autoridades del ramo a escala nacional y local, para revisar la hoja de ruta que se despliega en el marco del Plan Fénix.

Asamblea crea la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales

Con 81 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, institución que tendrá personería jurídica propia, de derecho público y sin fines de lucro; con autonomía académica, administrativa, económica, financiera, orgánica y patrimonio público, conforme con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior.
Los promotores de la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales serán el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Según el articulado, la universidad iniciará sus actividades académicas con las carreras: Licenciatura en Investigación Criminal y Forense; Licenciatura en Gestión de Seguridad Ciudadana; y, Licenciatura en Inteligencia Estratégica y Prospectiva. Podrá ampliar su oferta académica conforme las disposiciones establecidas en la Ley de Educación Superior.

La Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales participará en la distribución del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO) a partir del quinto año de su creación, para su financiamiento y desarrollo.Previo al debate, en comisión general, la exlegisladora Rocío Guanoluisa dijo que el proyecto de ley recogió los aportes de varios actores, así como las observaciones de las diferentes bancadas del período anterior.

Francisco Zumárraga, comandante de la Escolta Legislativa, a nombre de los cerca de 60 mil uniformados, mencionó la importancia de contar con herramientas jurídicas, logísticas y académicas, para el desempeño de sus labores.

“La Universidad no será de exclusividad de la Policía Nacional, sino de toda la ciudadanía, la oferta académica será inclusiva e incluyente”, aseguró. A esta posición se adhirió el coronel José Vargas, director de Educación de la Policía Nacional.

Christian Lema, estudiante del Colegio Mejía, recordó en el año 2022, aproximadamente 32 mil personas no pudieron ingresar a la universidad, siendo la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, una oportunidad para acceder a la educación superior.

La asambleísta ponente Zolanda Plúas señaló que, para la creación de esta universidad, se cuenta con una propuesta técnico académica y en lo fundamental, se pretende ampliar la oferta académica para el acceso a la educación superior, y la misma contribuirá a las acciones emprendidas a favor de la seguridad y paz del país, resaltó.

La legisladora Ana María Raffo recordó la grave situación de la caja fiscal, el déficit presupuestario de 5 mil millones de dólares, además de los retrasos en las asignaciones y pagos. Dallyana Passailaigue precisó que esta universidad permitirá ampliar los cupos para los estudiantes, porque semestralmente se ofertará 6 mil cupos en los primeros años.

Hernán Zapata coincidió con el espíritu que enmarca la iniciativa legal, porque se convertirá en una alternativa para ingresar a la educación superior. Nataly Morillo reflexionó sobre la oportunidad de presentar un nuevo recurso para enfrentar la inseguridad ciudadana. También expusieron en el debate los legisladores Mauricio Zambrano, Guido Vargas y Cecilia Baltazar, quienes presentaron sus argumentos respecto al articulado de la normativa.

Asamblea aprobó en primer debate proyecto económico urgente de competitividad energética

El proyecto de Ley de Competitividad Energética, calificado como urgente en materia económica, cuyo objeto es superar la crisis energética mediante la promoción de soluciones económicas y de generación de energía, optimizando el manejo de los recursos públicos asociados al sector eléctrico en el ámbito público y privado, pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Valentina Centeno, asambleísta ponente y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, recordó que la crisis energética que atraviesa el país responde a la baja producción de electricidad que bordea los 28.864 gW/h desde el 2018. Se estima que al 2027 la producción será igual, mientras que la demanda será de 38.663 gW/h. Advirtió que en los últimos 6 años no hubo inversión en el sector.

Destacó que la iniciativa no contempla un incremento en la planilla eléctrica, sino que plantea estímulos para que el país haga una transición a energías limpias, mediante la exención del IVA de los equipos y accesorios para la generación solar fotovoltaica, 0 % de aranceles en la inversión de maquinaria agrícola que utilice energías renovables no convencionales y 100 % deducciones adicionales por inversiones en sistemas de autoabastecimiento energético.

El proyecto que reforma la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), consta de 20 artículos que, entre otras cosas, establece que para el cumplimiento del Plan Maestro de Electrificación (PME), el Estado podrá delegar de forma excepcional a empresas de capital privado, empresas estatales extranjeras y a empresas de economía popular y solidaria, la participación en las actividades del servicio público de energía eléctrica, mediante procesos públicos de selección cuando el servicio no pueda ser proporcionado por empresas públicas o mixtas.

Dispone la condonación del total de intereses derivados de las obligaciones de pago del servicio público de energía eléctrica a los clientes finales, excepto los clientes industriales, siempre y cuando cancelen el capital en un plazo máximo de 90 días. También, condona el total del capital e interés para clientes finales de las provincias de Manabí y Esmeraldas por los montos generados durante el estado de emergencia a causa del terremoto del año 2016.

Debate
36 asambleístas intervinieron en el debate para presentar nuevas observaciones al proyecto. Entre las propuestas se destaca la separación de los ministerios de electricidad, hidrocarburos y minas, así como las agencias de regulación y control del ramo; la inversión en el mantenimiento del parque de generación energética actual para alcanzar su máxima capacidad productiva; simplificación de trámites para procesos de inversión privada; y, la deducción de impuestos a los sectores productivos por las inversiones que hagan en materia eléctrica.

Enfatizaron que el país no puede depender de las condiciones climáticas y la importación energética para satisfacer la demanda nacional, motivo por el que este proyecto debe trazar el camino para impulsar la inversión en proyectos de generación de energía por distintas fuentes energéticas renovables convencionales y no convencionales para solucionar el déficit a largo plazo.

Cuestionaron la gestión administrativa de gobiernos anteriores que descuidaron el sector y generaron la crisis actual, por lo que advirtieron el seguimiento de procesos de fiscalización y control político que determine responsabilidades por incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación y falta de mantenimiento de las hidroeléctricas existentes.

Previamente, en comisión general, el Pleno escuchó a Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte de Taxis del Ecuador, Fedotaxi, quien solicitó a la Legislatura que la norma incluya la ampliación del plazo establecido en la septuagésimo primera disposición transitoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual establece que a partir del quinto año de entrada en vigencia de la ley, la reposición de vehículos de transporte terrestre comercial se renovarán por vehículos eléctricos, tomando en cuenta que el país actualmente tiene un déficit en la oferta eléctrica y no existen las condiciones necesarias para instalar electrolineras en todo el territorio nacional.

Asamblea debate proyecto urgente sobre competitividad energética

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle convocó a la sesión No. 884 del Pleno del Legislativo para este miércoles, a las 10h00, con el fin de tramitar en primer debate el proyecto de Ley de Competitividad Energética, calificado como urgente en materia económica, el cual crea herramientas y mecanismos para superar la crisis energética, mediante la promoción de soluciones económicas y de generación de energía.

El debate se realizará sobre la base del informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico, que fue aprobado luego de escuchar y evaluar las propuestas y observaciones presentadas por 37 actores sociales, entre ellos, autoridades, representantes de gremios y expertos.

A través de este cuerpo normativo se espera optimizar el manejo de los recursos públicos asociados al sector eléctrico tanto en el ámbito público, como privado.

Según el proyecto, el Estado podrá delegar de forma excepcional a empresas de capital privado, empresas estatales extranjeras y empresas de economía popular y solidaria la participación en las actividades del servicio público de energía eléctrica, mediante procesos públicos de selección, cuando el servicio no pueda ser proporcionado por empresas públicas o mixtas. Todo ello para el cumplimiento del Plan Maestro de Electrificación.

También permite la implementación de proyectos prioritarios que podrían ser concesionados a empresas privadas, para lo que el Ministerio rector realizará procesos públicos de selección.

Autoridades parlamentarias definen agenda para el 2024

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle mantuvo reuniones con los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, los jefes de las bancadas y presidentes de las comisiones, con la finalidad de construir la Agenda Legislativa para el próximo año en el ámbito de aprobación de leyes y la fiscalización.

El plan de trabajo para ejecutar la Agenda Legislativa está articulado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y se basará fundamentalmente en los siguientes ejes:

Seguridad
Economía, producción y empleo
Salud
Educación, entre otros
Con ello, el objetivo es trabajar en leyes orientadas a lograr paz, justicia e instituciones sólidas; fomentar el trabajo decente y crecimiento económico; reducir las desigualdades; fomentar la producción y consumos responsables; asegurar la salud, bienestar y la educación de calidad para los ecuatorianos.

Aprueban herramientas para crear empleo y combatir inseguridad

La Asamblea Nacional entregó al país herramientas para generar empleo y fomentar la inversión. Además, aprobó la reforma constitucional que permite el apoyo de Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia.

La Asamblea tramitó La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Las comisiones abrieron las puertas para que diversos actores sociales y autoridades presenten sus observaciones a los proyectos de ley y a los procesos de control político.

El Pleno no tomó ninguna resolución en torno al enjuiciamiento penal al señor Jorge Glas

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle recordó que la legisladora, Esther Cuesta mocionó que el Pleno autorice el enjuiciamiento penal del ex vicepresidente de la República Jorge Glas, pero no hubo los votos necesarios (92) para aprobar la propuesta, por lo tanto, el Parlamento no adoptó ninguna resolución y, en consecuencia, el estado legal del señor Glas no cambia en lo absoluto y está en manos del juez determinar lo que corresponda.

La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo está en plena vigencia

La Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional con 107 votos, se encuentra en plena vigencia, una vez que se publicó en el Registro Oficial. Esta ley tiene como objetivo impulsar el empleo, incremento de la recaudación tributaria e incentivo de la inversión.

Además, crea incentivos tributarios para promover la generación de empleos, otorga seguridad jurídica para la inversión a través de Asociaciones Público–Privadas, que mejoren la infraestructura y los servicios; y, el fortalecimiento de las Zonas Francas para impulsar el comercio y la producción.

Entre otros aspectos, establece que las nuevas inversiones en proyectos turísticos de mínimo 100 mil dólares gozarán de una exoneración del impuesto a la renta de esa inversión, por un período de 7 años. También otorga la remisión del 100 % de intereses, multas o recargos derivados de obligaciones pendientes de pago, relacionadas con créditos educativos.

La reforma constitucional que permite el apoyo de las FF.AA. en la lucha contra la inseguridad fue aprobada con 125 votos

Con un promedio de 125 votos, la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República, que permite que las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a la Policía Nacional. Esta reforma es una herramienta válida que le permitirá al Primer Mandatario usar otros recursos del Estado para defender a cada uno de los ecuatorianos y combatir la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Establece que las funciones de coordinación serán subordinadas a las disposiciones del Presidente de la República y se ceñirá a los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y de personas, terrorismo, minería ilegal, extorsión e intimidación, delincuencia organizada. De igual forma, el apoyo complementario podrá brindarse cuando exista grave conmoción interna en el sistema penitenciario.

Asamblea exhorta al Gobierno gestione ante EE.UU. se conceda el Estatus de Protección Temporal a ecuatorianos

El Pleno de la Asamblea Nacional exhortó al Estado para que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, gestione ante el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de Norteamérica, para que conceda el Estatus de Protección Temporal a ecuatorianos que se encuentren en dicho país.

Además, aprobó el Informe de Evaluación de la Ley de Movilidad Humana, elaborado con el apoyo de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), organizaciones de ecuatorianos retornados, inmigrantes y personas que requieren protección internacional y organizaciones de la sociedad de la civil. A través de Acuerdos Legislativos, exaltó la valía y labor de seis destacados ecuatorianos migrantes por su trabajo basado en la defensa de los derechos de los compatriotas que residen fuera del país.

La fiscalización es permanente en el Legislativo

El Pleno de la Asamblea Nacional designó a los asambleístas Eckenner Recalde y Carlos Vera Mora, como proponentes para que sustenten los juicios políticos planteados en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, así como de Fausto Murillo y Juan José Morillo, del Consejo de la Judicatura (CJ), respectivamente.

Con 74 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional respaldó el trabajo de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para develar el modus operandi de una estructura criminal que habría cometido graves crímenes, según las evidencias encontradas.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) admitió a trámite la solicitud de juicio político presentada por el legislador Jorge Peñafiel en contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, del vocal Xavier Muñoz y de la exvocal Maribel Barrero, por incumplimiento de funciones.

A partir de enero de 2024 se emitirán las órdenes de trabajo para el examen de las declaraciones patrimoniales juradas de exfuncionarios de elección popular, entre ellos, el expresidente Guillermo Lasso Mendoza, subrayó el contralor del Estado, Mauricio Torres, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización. Además, avocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal.

Las leyes se debaten con la participación de diversos actores

La Comisión de Gobiernos Autónomos, dentro del tratamiento del proyecto unificado de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), recibió a la asambleísta Marcela Holguín, proponente del proyecto de ley que permitiría la regularización de asentamientos humanos. En la mesa legislativa también estuvo el Ministro de Finanzas, quien anuncio el inicio de la transferencia de asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados.

Los delegados del Servicio Nacional de Aduana, de las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria, SRI y de la Fiscalía presentaron en la Comisión de Régimen Económico las observaciones al proyecto de reforma a la Ley de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Nuevos criterios se suman al análisis del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, previo a la elaboración del informe para segundo debate por parte de la Comisión de Educación. Esta vez acudieron representantes del Ministerio del Trabajo y de institutos tecnológicos. Diego Paz, ministro subrogante de Educación, informó sobre el proceso de escalafonamiento docente, situación de inseguridad de las instituciones educativas, entre otros aspectos.

A la Comisión de Soberanía Alimentaria acudieron el ministro de Agricultura, Danilo Palacios; la secretaria nacional de Planificación, Sariha Moya; y, representantes de los productores, con quienes analizó la situación del sector agropecuario y las acciones necesarias para ayudar a la solución de los graves problemas que vive la gente en el campo y los sectores productivos.

Protección de derechos y la seguridad están entre las prioridades de la semana

La Comisión de Derechos Colectivos prioriza el estudio de proyectos en beneficio de las personas con discapacidad. Para ello, definió el cronograma para el tratamiento del informe de segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades, que tiene como objetivo asegurar la plena vigencia y ejercicio de los derechos de estas personas. Para dar un trato ágil, se unificarán las propuestas sobre esta materia.

José Luis Guerra, oficial de UNICEF, expuso ante la Comisión Niñez sobre la doctrina de protección integral, derechos humanos, interés superior y justicia restaurativa, en el marco del tratamiento del proyecto de Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con la presencia de Gustavo Chiriboga, experto en legislación penal, la Comisión de Justicia avanzó en el estudio del proyecto unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal, que busca dotar de nuevas herramientas para luchar contra la inseguridad y la delincuencia. En otro orden aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia, una propuesta que busca asegurar mayor representatividad y participación en la política y garantizar la no discriminación de género.

La Comisión del Derecho de Trabajo, junto a futbolistas, autoridades de los ministerios de Trabajo y del Deporte, así como del IESS, analizó los procesos de control realizados desde el año 2010 hasta el 2023 a los equipos profesionales de fútbol, para verificar el estatus profesional de los jugadores. Esto en el marco del análisis de las reformas a las Leyes de Seguridad Social y del BIESS. También comparecieron dirigentes del FUT, Conasep y del Seguro Social Campesino.

La crisis energética, la educación en la Amazonía y el acuerdo con China también fueron temas de análisis

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó de manera unánime el proyecto de Ley Orgánica de Competitividad Energética, presentado por el Presidente de la República, con el carácter de urgente en materia económica. La propuesta fue remitida a la Comisión de Desarrollo Económico para que inicie el trámite respectivo. En otro orden aprobó el presupuesto de la Asamblea 2024, mismo que asciende a 67.616.782,96 dólares, de acuerdo con la identificación de necesidades institucionales levantadas con todas las unidades administrativas.

En el marco del análisis del Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China, la Comisión de Relaciones Internacionales escuchó a Sonsoles García, ministra de Producción, quien explicó los alcances y contenido del acuerdo. Además, analizó la Convención Marco de la OMT sobre Ética del Turismo, para iniciar el trámite respectivo para la ratificación.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social decidió invitar a profesionales y académicos expertos en energía, a fin de analizar la crisis que atraviesa el sector eléctrico en el país, que derivó en la aplicación de racionamientos, desde octubre pasado, hecho que afectó al sector productivo y a la ciudadanía en general.

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales ratificó la convocatoria a las autoridades relacionadas con la aplicación de la Ley para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, para el 17 de enero de 2024, a fin de que informen los avances en la creación de las universidades para las provincias de Orellana, Sucumbíos, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Asamblea cierra agenda 2023 con trámite de proyectos y comparecencias

El inicio del trámite del segundo proyecto de ley urgente en materia económica, denominado Ley Orgánica de Competitividad Energética remitido por el presidente de la República, es una de las prioridades de la Comisión de Desarrollo Económico para ésta semana, última del 2023.

Entre otras actividades previstas en las comisiones especializadas permanentes, constan las comparecencias de actores relacionados con los proyectos de ley y procesos de control político, en trámite. Así, en Educación comparecerán gremios del sector educativo y ciudadanos graduados en el exterior que no han registrado sus títulos profesionales.

Entre tanto, la Comisión de Régimen Económico efectuará convocatorias a representantes de instituciones con la finalidad de que expongan sus propuestas sobre el proyecto de Ley para prevenir el lavado de activos; además, los comisionados iniciarán el tratamiento del articulado.

La Comisión de Fiscalización, dentro del plazo de 15 días, prevé la recepción de las pruebas de cargo y descargo, luego de la calificación a trámite de la solicitud de juicio político contra el exministro Esteban Bernal. En Justicia y Estructura del Estado continuarán la revisión de textos del proyecto unificado de 39 iniciativas de reforma al Código Orgánico Integral Penal, que tiene como finalidad contribuir a la lucha contra la delincuencia.

La Comisión de Protección Integral a los Niños, Niñas y Adolescentes prevé la revisión de los artículos del Libro II del COPINNA, considerando el informe de UNICEF. En Salud se iniciará el tratamiento del proyecto de reforma a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación; además, convocará al Ministro de Salud para que informe las acciones inherentes a las políticas públicas en esta materia. Soberanía Alimentaria analizará la situación del sector agropecuario y el proyecto de Código Orgánico de Reactivación Agropecuaria, que tiene 3 ejes: agroproductivo, agroalimentario y agroexportador.

La Comisión de Relaciones Internacionales prevé seguir el estudio del Tratado de Libre Comercio Ecuador – China. La Comisión del Derecho al Trabajo proseguirá la revisión del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIESS. Las comisiones de: Garantías Constitucionales Participación; Gobiernos Autónomos; y, Seguridad Integral, continuarán con la revisión de proyectos de ley, con la participación de los equipos técnicos.

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