QUITO.- Tal como estuvo previsto esta martes se cumplió la anunciada marcha del gobierno hacia la Corte Constitucional (CC) para rechazar la decisión de ese organismo sobre 17 artículos de leyes que promovió el Ejecutivo.
El presidente Daniel Noboa, estuvo acompañado en esta jornada de algunos sus ministros de Estado y decenas de personas.
La marcha duró menos de media hora, y tuvo como objetivo rechazar la decisión de ese organismo sobre 17 artículos de leyes que promovió el Ejecutivo.
«El Ecuador está cambiando (…) no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante la sociedad», expresó Noboa en un discurso que duró menos de dos minutos en los exteriores de la Corte.
El Primer Mandatario caminó en medio de un fuerte resguardo policial y militar desde la Caja del Seguro hasta la Corte, ubicada en las calles José Tamayo y Lizardo García (Centro norte de la capital)
El trayecto tomó menos de 15 minutos. Noboa caminó acompañado de la vicepresidenta, María José Pinto, y de los ministros del Bloque de Seguridad.
También lo acompañaron asambleístas del Movimiento Acción Democrática Nacional, (ADN) entre ellos, Niels Olsen, Valentina Centeno, Andrés Guschmer, Ferdinan Álvarez, etc.
En la caminata participaron decenas de personas que llegaron en más de 200 buses desde todos los puntos del país.
Noboa también indicó que la marcha era para «buscar justicia y paz».
«No estamos aquí para atropellar a nadie, nosotros seguimos el mandato del pueblo y la mayoría quiere resultados y quiere paz», dijo.
También indicó que se busca que las Policía Nacional y los militares estén «fuertes y actúen contra la delincuencia, y que los derechos de las personas que hacen las cosas bien estén siempre respetados».
La marcha finalizó pasadas las 12:00 cuando el presidente Noboa terminó su discurso, bajó de la camioneta y salió del lugar.
Así la Corte Constitucional aún enfrenta una ardua tarea respecto a las tres leyes, cuyos 17 artículos fueron suspendidos provisionalmente en medio de fuertes presiones por parte del Gobierno y diversas organizaciones, a la espera de un fallo definitivo.
Esto ocurre cinco días después de que cientos de personas convocadas por 30 organizaciones se movilizaron también hacia la Corte para respaldarla.
El trámite apenas arrancó el pasado 4 de agosto de 2025, cuando dos tribunales admitieron las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, que se cuentan por decenas.
Desde entonces, corre un plazo de 15 días para que la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y la Procuraduría General del Estado respondan formalmente a estas acciones. Es decir, hasta la tercera semana de agosto.
«Estas decisiones se enmarcan en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que, a primera vista, podrían afectar derechos fundamentales», dijo la Corte en un comunicado, al defender la suspensión provisional.
Cabe recordar que manifestantes marcharon el 7 de agosto pasado en Quito en respaldo a la Corte Constitucional.
¿Hay un plazo para la resolución?
El constitucionalista Emilio Suárez dice que demandas de este tipo demoran años para un fallo definitivo en la Corte.
Pero resaltó que, en este caso, los jueces de las Salas de Admisión han pedido al Pleno que priorice su tratamiento por la trascendencia nacional que generan.
«Si se prioriza, es probable que la sentencia se emita en cuatro a seis meses desde la admisión. Incluso podría resolverse antes de fin de año por la coyuntura y presión social», señaló Suárez.
Mientras tanto, se mantienen suspendida la aplicación de 17 artículos que tienen que ver con el conflicto armado interno, el indulto presidencial diferido, grupos armados organizados, entrega de información de comunicaciones telefónicas sin orden judicial, plazo para transformación de algunas cooperativas en bancos, entre otras.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia (e), José Suing, se pronunció, sobre la marcha organizada por el Gobierno contra la Corte Constitucional, en la que se exhibió una pancarta con los rostros de los jueces del máximo organismo constitucional.
En un comunicado, Suing manifestó su “profunda preocupación” por acciones que, según señaló, ponen en riesgo la institucionalidad del país.
“El Estado de derecho se fundamenta en el principio de legalidad, que implica la división de poderes, el sometimiento de todas las autoridades a la Ley y el respeto pleno de los derechos fundamentales”, indicó el pronunciamiento.
Audiencias
Luego de las respuestas de la Presidencia, la Asamblea y la Procuraduría, los jueces ponentes decidirán si convocan o no a audiencias públicas.
NOTA TOMADA DE PORTAL PRIMICIA Y TELEAMAZONAS
