QUITO.- La Ley económica urgente de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GADs que impulsa el Gobierno Presidencia de Ecuador y se tramita actualmente en la Asamblea Nacional del Ecuador genera una enorme preocupación en la Alcaldías, Prefecturas y Juntas Parroquiales.
Si la reforma legal es aprobada en la Asamblea Nacional y entra en vigencia implicaría botar a la calle a unas 5 mil personas del Municipio de Quito, lo que agravaría la situación económica y social.
El alcalde Pabel Muñoz, este viernes en una entrevista con Licenia Espinel y Orlando Pérez de Radio Pichincha, al referirse al proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) que se tramita en la Asamblea Nacional con el carácter urgente, recalcó que de aplicarse esta normativa afectaría a miles de beneficiarios de los programas sociales que tienen los gobiernos autónomos descentralizados.
“En Quito, tenemos más de 600 puntos de 60 y PiQuito, por lo tanto, estamos hablando de cerca de 70.000 personas, abuelitos y abuelitas, que no recibirán esos beneficios”, manifestó.
El alcalde advirtió que los programas municipales de salud mental, que atienden a decenas de miles de personas al año y cuentan con líneas de atención para prevención del suicidio, quedarían sin financiamiento, al igual que los comedores comunitarios, centros de atención integral, servicios de salud, proyectos de bienestar animal y programas de rescate, esterilización y adopción de animales de compañía.
El Municipio de Quito se vería igualmente obligado a cerrar unidades educativas municipales y a suspender programas sociales, culturales y deportivos, especialmente aquellos orientados a niños, jóvenes y adultos mayores, puntualizó con gran preocupación Pabel Muñoz.
Explicó que la nueva definición de inversión limitaría la contratación de talleristas, docentes y profesionales que actualmente sostienen actividades extracurriculares, programas comunitarios y servicios de atención social.
También señaló que la reforma impediría financiar estudios técnicos para proyectos estratégicos, como hospitales, centros de salud, escuelas y la ampliación del Metro de Quito, al excluir los estudios y el mantenimiento del concepto de inversión. En este contexto, destacó que el Municipio ya firmó el contrato para los estudios de ampliación del Metro, los cuales no podrían ejecutarse bajo el nuevo esquema propuesto.
Debe ser archivada por tener vicios de legalidad
Reiteró que el proyecto tiene vicios de legalidad, porque una ley debe tener un principio general básico que es el criterio de generalidad, es decir, que “la ley nos cobija todos, pero si uno hace una ley con dedicatoria para un sector rompió un principio de generalidad y eso sucede con esta ley”, anticipó.
Explicó que las prefecturas y los gobiernos locales, pero particularmente los municipios tienen más capacidades de recaudación propia. “Una parte de nuestros recursos vienen asignados por el Gobierno porque este es el mandato constitucional y otra parte de nuestros recursos provienen de la contribución especial de mejoras, el impuesto predial y otras contribuciones municipales establecidas desde hace muchos años”.
Recalcó que ya está contemplado en la ley y la Constitución es que los recursos que vienen del Gobierno nacional, el 70% está destinado a inversión y el 30% a gasto corriente, en el caso de Quito, por ejemplo, el 100% de entregado por el gobierno nacional se lo destina a inversión.
El municipio, la prefectura, la junta parroquial, tenemos la plena decisión de saber cómo utilizamos nuestros recursos que provienen de la gente y se destinan a obra e inversión, además de acuerdo a la Constitución “somos gobiernos autónomos descentralizados y nadie interferir puede interferir en nuestra autonomía administrativa, financiera y de todo tipo”.
Señaló que el último cambio incorporado para que se aplique desde junio de este año no sería posible, porque el concejo metropolitano ya aprobó el presupuesto para este 2026 y cualquier reforma al presupuesto la tendría que aprobar el concejo en septiembre. “Se quería componer, pero terminan empeorando la ley y seguramente generando más vicios de ilegalidad”, expusó finalmente.
