Miles de ciudadanos marcharon desde el Parque El Arbolito hacia la Corte Constitucional del Ecuador para acompañar al alcalde Pabel Muñoz, en el marco de la entrega de la demanda por inconstitucionalidad a las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Cobijados con la bandera azul y roja, al ritmo de la banda de paz de la Unidad Educativa Municipal Sucre, avanzaron por la avenida 12 de Octubre hasta las calles Veintimilla y Tamayo, donde se encuentra la Corte Constitucional. Habitantes de las parroquias rurales, miembros de los Quito Wawas, mercados, unidades educativas municipales se juntaron en defensa de los derechos.
El alcalde se dirigió a los quiteños indicando que la Asamblea Nacional del Ecuador no recibió a los alcaldes y prefectos para conocer su valoración de las reformas. “Los servicios sociales, que son también inversión, están hoy en riesgo. El 100% del dinero que recibimos ya se destina a obras e inversión pública. El Quito milenario, histórico vive hoy con más fuerza ”, puntualizó.
La demanda de inconstitucional solicita a la Corte Constitucional que las reformas se dejen sin efecto hasta que este organismo resuelva el pedido. El pasado 24 de febrero, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución para respaldar las medidas legales necesarias y recalca las consecuencias que tendrían estos cambios para la seguridad jurídica, financiera y la autonomía de la capital.
Por su parte, el concejal Héctor Cueva indicó que la infraestructura es importante, pero la inversión social lo es aún más. “La gente vino hoy a exigir a la Corte Constitucional qué se derogue esta ley, por ser inconstitucional, pues quita derechos a la ciudadanía. La gente vino a defender la política social del Municipio de Quito, pues esta ley elimina los derechos sociales de los gobiernos locales, atención a niños, a adultos mayores, etc”.
El concejal Adrián Ibarra recalcó el papel de las autoridades en defensa de la ciudad. “Aquí estamos defendiendo al eje social. A Quito lo defendemos todas y todos, y esperamos que la Corte reaccione favorablemente a esta acción de protección”.
Inversión social que genera desarrollo
Rodrigo Pilatuña, presidente del gobierno autónomo descentralizado en la parroquia rural de Llano Chico, señaló que no se puede perder la inversión y los programas sociales porque vulneran los derechos y la protección de grupos prioritarios en la capital.
«Nosotros necesitamos recursos, necesitamos inversión, necesitamos que los servicios sociales se mantengan. Nosotros como ruralidad tenemos y alzamos nuestra voz que esta ley no coarte los derechos de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, de las personas con capacidades especiales. A Quito urbano y rural lo protegemos todos”.
Los cambios al COOTAD ponen en duda la continuidad de los servicios sociales
El alcalde explicó que se deben tener en cuenta las diferencias que existen entre los 222 cantones del país, ya que en el caso de Quito, el municipio tiene varias competencias particulares como la educación. La administración tiene a su cargo 20 Unidades Educativas Municipales con más de 27.000 alumnos, 1.000 docentes y los servicios de salud escolar (médicos, nutricionistas, odontólogos y psicólogos). A ello se suman tres centros de salud, casi 100 Quito Wawas, que atienden a cerca de 5.000 niños, y 14 Centros Municipales de Educación Inicial. (CEMEI).
La reforma, aprobada por la Asamblea el pasado 20 de febrero, tiene 7 procesos de demanda por inconstitucionalidad de diferentes instituciones y organizaciones sociales, entre ellos, la Prefectura de Pichincha.
