La Plataforma de Jubilados y Jubiladas del Ecuador (PJE) presentó este jueves una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional del Ecuador para que se declare como autoridades incumplidas al presidente de la República, Daniel Noboa Azin, y a la Asamblea Nacional del Ecuador, por desacatar abiertamente sentencias constitucionales.
La acción denuncia el incumplimiento de dos fallos del máximo órgano de control constitucional relacionados con la designación del representante de los trabajadores ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, evidenciando —según la PJE— un patrón de irrespeto sistemático al orden constitucional.
En su demanda, la Plataforma de Jubilados no solo exige que se reconozca formalmente el incumplimiento, sino que se impongan sanciones ejemplares conforme a la Constitución. Además, solicita la ejecución inmediata de las sentencias, hoy ignoradas por las más altas autoridades del país.
Para la Plataforma de Jubilados, este desacato ha permitido la imposición de un representante ilegítimo en el Consejo Directivo del IESS, vulnerando los derechos de trabajadores y jubilados y distorsionando la institucionalidad del sistema de seguridad social.
Angélica Porras, procuradora judicial de la Plataforma de Jubilados del Ecuador, fue enfática: el incumplimiento ha causado un grave daño y no es un hecho aislado. “Hoy el IESS está siendo administrado con decisiones marcadas por la ilegalidad. Hay una persona sentada en el Consejo Directivo cuya designación es irregular”, señaló.
La Plataforma de Jubilados del Ecuador advierte que este escenario no es casual. Denuncia que tanto la Asamblea Nacional como el presidente Noboa actuaron de forma coordinada para permitir esta situación. En particular, cuestiona una reforma legal impulsada por el Ejecutivo que generó un vacío deliberado en el mecanismo de elección del representante de trabajadores y jubilados.
La Plataforma de Jubilados del Ecuador sostiene que lo ocurrido configura un grave precedente: autoridades que ignoran sentencias constitucionales y manipulan normas para controlar espacios clave del IESS, afectando directamente a millones de asegurados y jubilados.
Ese vacío —según la Plataforma— fue aprovechado por un reducido grupo para imponer a Jorge Luis Moncayo en el Consejo Directivo del IESS, en un proceso que califican como ilegítimo y contrario a derecho.
