Con la fuerza de los testimonios de ciudadanos que hoy pagan en tasa de basura hasta diez veces más de lo que consumen en agua potable, el concejal de Quito, Wilson Merino, acudió este jueves ante la Corte Constitucional para presentar formalmente sus antecedentes, observaciones técnicas y posición jurídica dentro de la demanda de inconstitucionalidad que se sigue contra la tasa de basura.
Durante su comparecencia, Merino puso en conocimiento de la Corte que advirtió los riesgos e inconsistencias de esta fórmula desde el propio trámite legislativo de la ordenanza, presentó observaciones en primer debate y consignó su voto
en contra durante la aprobación de la norma. Junto a él estuvieron vecinos de distintos sectores de Quito, afectados por cobros desproporcionados que han
disparado el valor de sus planillas y que hoy exigen una solución urgente.
Los testimonios presentados ante la Corte Constitucional ponen cifras concretas a una injusticia
que miles de familias viven cada mes. Mary paga USD 84 en tasa de basura cuando su consumo de agua apenas llega a USD 38, más del doble. Manuel, vecino de Pintag, denuncia que por USD 5 de consumo de agua le llegan a cobrar USD 125 por recolección de basura.
Estos no son casos aislados. Se repiten en barrios populares, en hogares de adultos mayores, en pequeños negocios y emprendimientos que sobreviven al margen, y en comunidades rurales del Distrito donde el servicio es irregular pero el cobro llega puntual.
Wilson Merino fue el único integrante del Concejo Metropolitano de Quito que votó en contra de la ordenanza en diciembre de 2025. Lo hizo advirtiendo los riesgos jurídicos y técnicos de establecer un tributo basado en el consumo de un servicio
completamente distinto. Hoy, esa advertencia está en manos de la Corte Constitucional.
Con el cierre del plazo probatorio, los jueces constitucionales iniciarán el análisis de toda la documentación presentada por las partes. Su resolución podría sentar un precedente definitivo para Quito y para el país: ¿puede una ciudad cobrar la
recolección de basura usando como base el consumo de agua? ¿Es eso constitucional? ¿Es eso justo? Para Wilson Merino, la respuesta es clara. Y seguirá acompañando a los ciudadanos afectados hasta que la Corte también la dé: un sistema de cobro que respete los principios de proporcionalidad, equidad
y justicia no es un privilegio, es un derecho.
