Riobamba.- La Corte Provincial de Justicia de Chimborazo reanudó este lunes 12 de octubre de 2026, la audiencia de apelación de la sentencia del 7 de marzo de 2026, que reconoció la vulneración de los derechos de la naturaleza y del jambato negro de páramo (Atelopus ignescens), especie en peligro crítico de extinción cuya última población silvestre conocida sobrevive en Angamarca, Cotopaxi, informó este martes en un Comunicado Oficial #AlianzaJambato.
Durante la diligencia, el Ministerio del Ambiente y Energía (MAE) confirmó que los certificados ambientales otorgados a la Prefectura de Cotopaxi en 2024 y 2025 fueron archivados porque no correspondían a las características e impactos de la obra ejecutada en la vía Pasapungo-Guambaine -Angamarca.
Asimismo, el MAE reconoció que la intervención vial se encuentra dentro del área de influencia directa del jambato y del recurso hídrico asociado a su hábitat. Estas declaraciones ratifican aspectos centrales de la controversia que motivó la sentencia de primera instancia.
Un informe solicitado por la propia Corte confirma hechos relevantes
El 24 de junio se llevó a cabo la audiencia de apelación, donde el tribunal solicitó al MAE que aclarara si la obra contaba con autorización ambiental y si se encontraba dentro de una zona protegida del jambato. Esta diligencia fue suspendida.
En su informe del 29 de septiembre, el Ministerio reconoció que los permisos ambientales originales no correspondían a la obra ejecutada y que se inició un nuevo proceso de regularización. También confirmó que, aunque la vía no se
encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), sí atraviesa la zona de distribución del jambato, y que la ausencia de individuos observados durante las inspecciones no descarta su presencia ni los impactos sobre su hábitat.
Alianza Jambato, Defensoría del Pueblo y amici curiae exigen mantener las medidas de protección y reparación
Durante la audiencia, Fundación Alianza Jambato recordó que ha presentado siete informes de seguimiento que documentan el estado de cumplimiento de las medidas judiciales. La organización advirtió que, aunque las obras permanecen suspendidas, no se ha acreditado la reparación integral de los daños ambientales
ni el cumplimiento efectivo de todas las medidas ordenadas.
Los amici curiae también expusieron evidencia científica sobre las afectaciones al hábitat, la alteración de cuerpos de agua y la necesidad de ejecutar acciones de restauración ecológica.
Alianza Jambato y la Defensoría del Pueblo solicitaron a la Corte Provincial de Chimborazo ratificar la sentencia de primera instancia y mantener las medidas de protección y reparación, enfatizando que una regularización ambiental inadecuada vulnera los derechos de la naturaleza y la seguridad jurídica. Coincidieron en que los derechos de las comunidades y los derechos de la naturaleza son compatibles, y que las obras de infraestructura deben ejecutarse con las debidas garantías técnicas y ambientales.
Asimismo, instaron a incorporar disculpas públicas por parte del Ministerio del Ambiente y la Prefectura de Cotopaxi, así como un proceso de educación y sensibilización dirigido a las comunidades de Angamarca, para fortalecer el tejido social y garantizar que estas vulneraciones no se repitan.
Por su parte, la prefecta de Cotopaxi solicitó levantar la prohibición de continuar los trabajos viales, desviando el debate hacia una supuesta contradicción entre los derechos de las comunidades y los derechos de la naturaleza.
Esto, sin presentar argumentos técnicos o científicos suficientes que desvirtúen las afectaciones ambientales documentadas, demuestren que los riesgos para el jambato han sido superados o acrediten la reparación de los daños ocasionados.
La decisión continúa pendiente
El tribunal suspendió nuevamente la diligencia y anunció que convocará a las partes para comunicar su resolución.
Alianza Jambato expresó su preocupación por el tiempo transcurrido, considerando el riesgo de extinción que enfrenta la especie y la urgencia de garantizar la reparación de su hábitat.
La organización reiteró su llamado a que la justicia constitucional prevalezca y que los procedimientos administrativos no se conviertan en un obstáculo para garantizar los derechos de la naturaleza.
Mientras la Corte Provincial resuelve el recurso de apelación, la sentencia de primera instancia continúa vigente y sus medidas de protección y reparación son de cumplimiento obligatorio.
