En Quito centenas de adultos mayores que pertenecen al programa “60 y PiQuito” se movilizaron la mañana de este miércoles desde el parque El Arbolito hasta la Corte Constitucional del Ecuador para presentar un recurso de ‘amicus curiae’.
El objetivo es que los jueces los escuchen y exponer los motivos de su rechazo a la reforma aprobada al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), a las que consideran inconstitucional.
Luis Valverde, presidente distrital del grupo “60 y Piquito”, explicó que la reforma del Gobierno Nacional Presidencia de Ecuador tendría un impacto directo en los servicios que reciben aproximadamente 23.000 adultos mayores en el Distrito Metropolitano de Quito.
“Si se rebaja el 10 % del presupuesto, prácticamente nos quedaríamos sin cerca de 100 talleristas, lo que significaría la paralización de muchas de nuestras actividades”, afirmó.
Según el dirigente, la preocupación no se limita a los programas del Municipio de Quito dirigidos a personas mayores, sino también a otros servicios municipales. “La rebaja presupuestaria afectaría también a áreas como salud, educación y guagua centros. En definitiva, a quienes habitamos en Quito”, puntualizó.
Durante la marcha, adultos mayores que participan en los programas municipales también expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de la reforma al COOTAD.
Miriam Morales, de 65 años y participante en el centro de la Mena 2, señaló que estos espacios cumplen un papel fundamental en la vida de muchas personas.
“Muchos de nosotros estamos solos y encontramos en estos centros un refugio. Aquí compartimos, aprendemos y podemos manejar la soledad. Para algunos compañeros es un apoyo emocional muy importante… Hay compañeros que no saben qué hacer si estos espacios desaparecen”, explicó.
Por su parte, Milton Chulqui, de 63 años, indicó que los programas del Patronato San José Quito permiten mantener activos a los adultos mayores a través de actividades físicas y cognitivas. “Las clases físicas y mentales nos ayudan a mantenernos en el día a día. Por eso pedimos a la Corte Constitucional que analice esta ley y la anule”, expresó.
