QUITO,ECUADOR.-La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana continuó el análisis del proyecto unificado de reformas a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y al Código Orgánico Integral Penal (COIP), con el propósito de reforzar la protección y garantizar los derechos de este grupo prioritario.
Durante la sesión, la directora nacional de Asesoría Jurídica de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Johanna Peralta, presentó observaciones a la propuesta legislativa. Destacó que la iniciativa fortalece el papel de los gobiernos autónomos descentralizados en la aplicación de los beneficios tributarios dirigidos a las personas adultas mayores. Sin embargo, propuso simplificar los trámites municipales mediante el establecimiento de un único requisito: la presentación de la cédula de identidad.
Entre sus observaciones, recomendó que, para acceder a las diferentes rebajas, las instituciones públicas verifiquen que el titular del beneficio haya cumplido 65 años al momento de realizar el pago.
Peralta precisó que es responsabilidad de las máximas autoridades de las instituciones públicas mantener actualizado el registro de las personas beneficiarias. En caso de inconsistencias respecto de la información que consta en la cédula de identidad, deberán adoptar los mecanismos internos de corrección necesarios para aplicar efectivamente la rebaja correspondiente.
La propuesta establece que los gobiernos autónomos descentralizados aplicarán de oficio las rebajas que correspondan a favor de las personas adultas mayores, considerando el año fiscal en el que se genere el pago y el año en el que el titular del beneficio cumpla 65 años.
Así también, añadió que las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, proveedoras de estos productos y servicios, deberán informar a los adultos mayores y sus familiares sobre estos beneficios, mediante los mecanismos y formas que disponga el Reglamento a esta ley. Los GAD vigilarán el cumplimiento de esta disposición en los establecimientos comerciales que operen dentro de su jurisdicción.
Los legisladores de la comisión destacaron la importancia de contar con una normativa clara que garantice el cumplimiento efectivo de los derechos y beneficios de las personas adultas mayores, con el apoyo y la participación activa de los gobiernos autónomos descentralizados y sin necesidad de expedir una ordenanza.
NOTA TOMADA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
