QIUTO,ECUADOR.-El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, reunido martes no alcanzó los 101 votos necesarios para aprobar la moción de destitución del asambleísta Juan Andrés González (RC) conforme a la recomendación del informe del Comité de Ética que determinó su responsabilidad, por solicitar y recibir aportes económicos indebidos de personal a su cargo en el marco de una relación jerárquica.
La moción presentada por la legisladora Ana Belén Tapia, por presunto cobro de diezmos, obtuvo 62 votos negativos de la Revolución Ciudadana, 3 votos negativos de Pachakutik, 9 abstenciones y 69 votos afirmativos.
Según el informe, las pruebas -entre ellas documentos, registros financieros, transferencias bancarias, comprobantes de pago, comunicaciones electrónicas, audios y testimonios- acreditan la existencia de exigencias económicas y la asunción de gastos personales por parte de colaboradores del despacho legislativo.
El Comité concluyó que la devolución total o parcial de ciertos valores no desvirtúa la infracción, pues confirma que los pagos se realizaron.
Con base en el análisis de las pruebas de cargo y descargo, el organismo declaró que el legislador incurrió en la infracción prevista en el numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al solicitar y recibir aportes no permitidos de su equipo de trabajo, conducta contraria a los principios de ética, probidad y responsabilidad política.
El Comité precisó que su actuación se limita al ámbito del control ético y no determina responsabilidades penales, civiles o administrativas. En consideración a la gravedad de la falta y su impacto institucional, concluyó que la sanción de destitución es jurídicamente procedente y constitucionalmente válida.
El Pleno conforme al debido proceso escuchó al asambleísta González, quien ejerció su derecho a la defensa, así como a la legisladora Ana Belén Tapia, quien insistió en su denuncia.
Un caso similar ocurrió el 2 de octubre de 2025, cuando el Pleno de la Asamblea debatió la denuncia en contra de la legisladora Nuria Butiñá (RC) acusada de exigir aportes indebidos a un exasesor. En aquella ocasión se alcanzaron 81 votos, insuficientes para la destitución.
