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Combatir el tráfico ilícito de migrantes, que es parte de la criminalidad organizada transnacional para proteger a los ecuatorianos que salen a otros países, es uno de los objetivos del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, presentado por el legislador Paúl Buestán, de la provincia de Cañar.

El asambleísta, al fundamentar su propuesta, advierte que en algunos países de la región se han detectado vínculos de los traficantes de migrantes con mafias del narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos sexuales.

Recordó que en el año 2018 se expidió la Ley de Movilidad Humana, pero no tiene incidencia directa en esta problemática, peor aún sanciona a quienes se enriquecen con el sufrimiento de quienes emigran.

“Estos denominados coyotes ofertan sus servicios como si se tratare de una agencia de viajes turísticos, para publicitar rutas migratorias que prometen llevar a ecuatorianos hacia varios países”, denunció.

El parlamentario enfatizó que el sistema jurídico debe apuntar hacia un Ecuador mejor, sintonizado con la realidad social que se vive, así en materia penal, siendo la herramienta punitiva del Estado para restaurar el orden, la paz social y justicia.

En este marco plantea que la persona que promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, promocione, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras desde el territorio ecuatoriano hacia otros países o viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país, siempre que ello no constituya infracción más grave, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

La misma pena se aplicaría a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación y conducción, si se establece su conocimiento y participación en la infracción.

Según el proyecto, si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes, personas en situación de vulnerabilidad o personas de atención prioritaria, se sancionará con pena privativa de libertad de diez a trece años y cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

El pleno de la Asamblea Nacional delegó a la Comisión de Fiscalización y Control Político la investigación sobre las acciones ejecutadas y programadas por el Ministerio de Energía y Minas, para atender la crisis eléctrica que atraviesa el país.

Esto en el marco del proyecto de resolución para atender la crisis eléctrica que deja pérdidas en el sector productivo.

Además la Asamblea, exhortó al Gobierno Nacional que atienda la grave emergencia eléctrica que incluya la aprobación de Presupuesto Emergente para la inversión y gastos de mantenimiento en los sectores de generación y transmisión eléctrica del país.

Según la resolución, propuesta por la legisladora Sofía Espín, los Ministros de Energía y de Finanzas, los directores del CENACE y ARCERNNR serán llamados a la Comisión de Fiscalización para exponer la problemática y las acciones tomadas para su solución.

Además, se observa al Gobierno Nacional por no haber recibido inversiones para la ejecución de proyectos energéticos, a pesar de los cinco meses de gestión y la aprobación de la Ley de Competitividad Energética, destacando la necesidad de la inversión pública en este sector para garantizar la soberanía energética, generación de empleo y la dinamización económica.

En el debate Sofía Sánchez destacó la importancia de que el Gobierno explique sus medidas, para resolver la emergencia y considera crucial abordar el impacto del cambio climático.

Por su parte, Jorge Chamba alertó sobre las graves consecuencias económicas de la crisis eléctrica, especialmente para los más vulnerables. También abogó por soluciones urgentes.

Jamington Intriago expuso el grave impacto en el sector productivo y agropecuario, por lo que pidió respuestas al Ministro de Energía en cumplimiento de la llamada “Ley no más Apagones”.

Comps Córdova denunció los prolongados apagones en su provincia, a pesar de albergar importantes centrales eléctricas, al tiempo que insistió en la necesidad de priorizar el desarrollo del país para cambiar la situación.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social estableció una hoja de ruta para convocar al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y al director ejecutivo de la Comisión de Transito del Ecuador (CTE), Mario Andrade, solicitadas por el legislador, Jorge Chamba.

Según el asambleísta Chamba, existe una serie de irregularidades con violaciones a varios cuerpos legales, así como presuntos incumplimientos de funciones del ministro, Roberto Luque, entre los que cuenta la designación del Director de la CTE, que debió elegirse del mismo directorio, norma que no se consideró.

A decir del legislador Chamba también existiría un eventual conflicto de intereses en la firma de contratos entre empresas de la familia Luque y el Ministerio de Transporte.

Afirmó que los padres del ministro son accionistas de Luque y Luque Compañía Limitada, empresa que tiene un proceso de contratación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, suscrito en julio de 2021, que debió concluirse, pero, hasta el momento, no se ha realizado el proceso de liquidación.

De igual manera, insistió, existe otro contrato con un hermano de la autoridad, entre la Asociación Lateral Guaranda y el Ministerio de Transporte.

Se suma la Compañía Consultora Geosísmica Luque también con contratos con el mismo ministerio y, adicionalmente, Ricardo Luque, familiar directo del ministro, es presidente de dicha compañía.

Aseguró que esta empresa habría realizado los estudios del Quinto Puente que une los cantones Guayaquil, Daule y Samborondón, a ejecutarse en el Guayas y que por este motivo el ministro Luque le cedió la competencia a la Prefectura del Guayas para realizar esta obra.

Advirtió, además, que por estas razones solicitó información, pero que las respuestas están incompletas y no se ajustan a la información requerida, además de no presentar firma de responsabilidad del ministro.

Los legisladores Gissela Garzón, Carmen Tiupul, Mónica Salazar, Mariana Yumbay, Franklin Samaniego y Lucía Posso apoyaron la solicitud del legislador Jorge Chamba, y pidieron que también se fiscalice la falta de atención del Ministerio en las vías y conectividad de las provincias del país.

Por otro lado, cuestionaron que Roberto Luque esté a cargo de dos ministerios como es el MTOP y el de Energía y Minas, y que no responda a los requerimientos realizados por los miembros de la comisión. “Han transcurrido casi 6 meses de este gobierno y no hay ninguna respuesta”, recalcó Mariana Yumbay, en referencia al mal estado de las vías.

La hoja de ruta contempla enviar los pedidos de información a las entidades mencionadas, convocar al ministro Luque y al Director de la CTE para los días 15 y 17 de mayo, respectivamente. Este proceso de fiscalización se prevé que culmine el 29 de mayo.

Por otro lado, la comisión avocó conocimiento de 6 resoluciones del Consejo de Administración Legislativa, referentes a distintos casos de fiscalización que deberá tratar la comisión.

Entre las entidades y autoridades públicas a fiscalizar constan la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT); Daniel Calderón, exministro de Educación; Johnny Pérez, rector de la Universidad Técnica de Machala; Xavier Torres, contralor del Estado; Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas; Franklin Encalada, ministro de Salud; Alan Sierra, director de la UAFE; entre otros que serán convocados a comparecer.