Política

La Comisión de Gobiernos Autónomos avocó conocimiento de la resolución aprobada por el Consejo de Administración Legislativa, mediante la que califica el proyecto de Ley de Creación del Cantón Sevilla Don Bosco, en la provincia de Morona Santiago, presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín.

Por petición de la legisladora Luzmila Abad, se recibió en comisión general a la vicepresidenta del Gobierno Parroquial de Sevilla Don Bosco, Lenny Chumpi, quien solicitó el apoyo de la Comisión de Gobiernos Autónomos en el debate del proyecto de ley. “Es un sueño de más de 20 años”, dijo.

Medardo Juanga, presidente del Comité Procantonización, destacó la lucha de las personas mayores que continúa con los jóvenes y recordó el proceso de consulta, como requisito establecido en el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Erik Nawech, presidente de la Asociación Shuar de Sevilla Don Bosco, informó que la parroquia tiene más de 40 comunidades, de las cuales el 85 % son de nacionalidad shuar.

Con relación al proyecto, la Coordinación General de Unidad de Técnica Legislativa en el informe no vinculante concluye que cumple los requisitos formales establecidos en la Constitución y Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Previo a la presentación de la iniciativa, el 5 de febrero de 2023, se desarrolló la consulta popular a los ciudadanos empadronados en la parroquia rural Sevilla Don Bosco, en la que se obtuvieron 6.192 votos válidos favorables, que corresponde a un 82,66 % de la población que se pronunció a favor de la creación del nuevo cantón. Luego, el 17 de enero de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió dictamen favorable conforme a sus competencias y responsabilidades.

Sevilla Don Bosco, es la parroquia más extensa del cantón Morona, con una superficie de 2,245.57 Km2, ubicada al margen izquierdo del río Upano, frente a la ciudad de Macas de la provincia de Morona Santiago.

Rentas para los GAD

En otro tema de la agenda, la Comisión de Gobiernos Autónomos, previo al informe para primer debate, recibió las observaciones de gremios y autoridades, respecto al proyecto de Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por Explotación o Industrialización de Recursos Naturales No Renovables en su Territorio, presentado por el legislador Lenin Lara.

Karin Jaramillo, delegada de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, comentó cada uno de los artículos del proyecto de ley. Argumentó que la propuesta no reúne lo requerido en el artículo 133 de la Constitución, respecto a las leyes orgánicas y ordinarias. En el caso de las políticas públicas cuestionó la condición de subordinación de los GAD a las políticas del gobierno central.

David López, coordinador nacional de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales, recordó el artículo 274 de la Constitución y la necesidad de su desarrollo en la presente normativa; añadió que al proyecto le hace falta un informe del impacto económico en los GAD y que no esté en contradicción con el artículo 93 de la Ley de Minería, que establece regalías a la explotación de minerales.

Por último, Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, sostuvo que uno de los enfoques de la normativa debería ser el de conseguir nuevas rentas y no redistribuir las existentes; coincidió con la cuantificación de los recursos a través de un informe técnico que fundamente la propuesta normativa. Entre otras observaciones, dijo que el ámbito de aplicación de la ley exceptúa a la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, lo que contradice el artículo 270 de la Constitución.

El objetivo de esta propuesta normativa es promover, proteger y regular la práctica del fútbol como profesión en el deporte, en todo el territorio nacional y asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de futbolistas y empleadores.

La propuesta de ley presentada por la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social surge de la necesidad de realizar un mayor control a los equipos profesionales de fútbol en cuanto al cumplimiento de las normas laborales y luego de escuchar las demandas de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, quienes piden respuestas a las necesidades del sector. Contiene 40 artículos divididos en 4 capítulos que incluyen temas como la transparencia en la contratación; detalles del contrato; protección de los derechos laborales; aportaciones al IESS y beneficios de la Seguridad Social; protección de los derechos de los futbolistas; derechos y obligaciones.

Además, establece el ámbito de aplicación de la ley, los principios rectores y los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales; también, determina las funciones y atribuciones de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, así como los derechos de sus miembros; deroga la Ley de Futbolista Profesional actual.

El presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo, Jhonny Terán expresó que el fútbol profesional es una pasión que une a millones de ecuatorianos, por lo que es fundamental que nuestros jugadores y jugadoras tengan las condiciones necesarias para desarrollarse al máximo potencial.

En tal sentido dijo, presentan esta iniciativa que busca garantizar los derechos laborales de los deportistas, mejorar sus condiciones de trabajo y promover el desarrollo del fútbol en nuestro país.

En la última jornada de su visita a Italia, el presidente Daniel Noboa Azin mantuvo reuniones cruciales con autoridades de este país. Las reuniones abordaron principalmente temas de cooperación en seguridad, así como relacionados a la creación de oportunidades laborales para jóvenes.

Sergio Matarella, presidente de la República de Italia, recibió al mandatario ecuatoriano en el Palacio de Quirinal. En un encuentro bilateral se expuso el interés del Nuevo Ecuador por crear oportunidades para los jóvenes en el extranjero, en concordancia con los objetivos específicos trazados bajo el liderazgo de Daniel Noboa, mediante espacios de cooperación. La prioridad es evitar que los jóvenes caigan en manos de grupos delictivos debido a la falta de oportunidades y apoyo.

También, se discutió sobre la situación actual de Ecuador en materia de seguridad y las medidas adoptadas por su administración. El mandatario ecuatoriano resaltó el interés de su gobierno por fortalecer la asistencia bilateral en esta materia y agradeció el apoyo brindado por Italia hasta el momento, puesto que “así podemos trabajar en sistemas internacionales”, señaló. 

La situación de seguridad en Ecuador requiere apoyo internacional debido a que es el resultado de actos de violencia sistemática perpetrados por el narcoterrorismo y organizaciones criminales. Italia ha brindado colaboración sobre este tema mediante espacios como el programa Falcone-Borsellino y el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO). En ese sentido, Ecuador ha recibido asesoría, por ejemplo, en temas como la reducción de los niveles de violencia en las cárceles y gestionar las prisiones de acuerdo a estándares internacionales de Derechos Humanos.

Precisamente, tras culminar su reunión con el presidente Matarella, Daniel Noboa mantuvo un encuentro con el Procurador Nacional Antimafia, Giovanni. El propósito fue reforzar espacios de cooperación ya existentes en esta materia y apalancarse en la experiencia de Italia en la lucha contra la mafia. 

Además, la canciller Gabriela Sommerfeld participó como delegada presidencial en una cita con Antonio Tajani, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores. “Hablamos de todos los acuerdos que están vigentes, los que vienen y los que vamos a renovar para incrementar la relación comercial bilateral; la cooperación en seguridad; el trabajo para una migración circular Ecuador – Italia; el trabajo de una homologación de los sistemas de seguridad social entre ambas naciones”, informó.

De esta manera concluye la agenda internacional del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, en Italia. Ahora, su jornada continuará en Francia, donde se anticipan encuentros cruciales para promover la inversión extranjera

La Comisión de Fiscalización recibió a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien informó las acciones desarrolladas en la investigación y juzgamiento de los casos León de Troya y Poder Policial (antes denominado La Madrina). Al respecto, la doctora Salazar dijo que todos los procesos que se siguen en la Fiscalía se enmarcan en las facultades previstas en la Constitución y la ley.

Al detallar las acciones efectuadas en el caso Encuentro, indicó que en este expediente se incorporó todo lo relacionado con la investigación denominada León de Troya. Añadió que la difusión de esta trama de corrupción a través de un medio de comunicación rompió el factor sorpresa.

Se refirió a las diligencias técnicas especiales ejecutadas, al subrayar que cada uno de los intervinientes, incluidos los procesados en el caso Encuentro, han tenido la oportunidad de participar en las diligencias y pueden dar fe que nada se ha escondido ni nada está bajo la mesa.

Insistió que la investigación previa (León de Troya) pasó a formar parte del expediente del caso Encuentro, cuya audiencia de evaluación y preparatoria de juicio está fijada para el 16 y 17 de mayo de 2024. Allí la Fiscalía sustentará su dictamen acusatorio en contra de Danilo C, Hernán L, Antonio I, Leonardo C, Gabriel M, Karen C y Erica F, y el dictamen abstentivo a favor de tres ciudadanos.

Diana Salazar anticipó que en Argentina avanza el proceso de extradición de Hernán Luque, proceso a cargo de la Corte Nacional de Justicia y que está previsto que este martes se realice la respectiva audiencia.

Respecto del antes conocido como caso La Madrina, la Titular de la Fiscalía dijo que esta investigación se denomina “Poder Judicial”, ya que el mantener el nombre anterior constituía un acto de violencia política contra la excomandante de Policía, Tannya Varela, quien es una de varios generales y altos oficiales presuntamente involucrados en conductas penales.

Sobre las actuaciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UNAFE), la Fiscal General recordó que en 2012 Ecuador fue sancionado por no colaborar con la lucha contra el lavado de activos.

Enfatizó que sobre los documentos que expide la UAFE es necesario distinguir que emite informes ejecutivos y reportes sobre operaciones inusuales e injustificadas y que, en este último caso, no necesariamente la noticia criminis que eleva esta unidad refleja la posible comisión de un delito de lavado activos, puede haber otros tipos penales que pueden derivar de esas operaciones inusuales, ya se trate de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, por ejemplo.

Finalmente, la fiscal Diana Salazar aseguró que no teme a un juicio político y que como máxima autoridad de la Fiscalía ha respondido a todos los procesos de control político, entre esos, 754 pedidos de información y ha comparecido más de 70 ocasiones a la Asamblea Nacional.

Esta semana que inicia el Pleno de la Asamblea Nacional, tiene previsto instalar la sesión 925 para recibir el informe del ministro de Economía, Juan Carlos Vega, sobre el Acuerdo Comercial con el Fondo Monetario Internacional.

Así también, retomará la sesión 915, para conocer las resoluciones para el cese de la represión en el cantón Sigchos y el exhorto a la Corte Constitucional para que resuelva el conflicto de competencias de la ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo.

Mientras, las comisiones especializadas permanentes continuarán los procesos de socialización de proyectos de ley, en diferentes ámbitos, al igual que las acciones de fiscalización y control político en temas como la construcción del proyecto inmobiliario ECHO OLÓN, ubicado en el área protegida del Bosque Protector “Esterillo Oloncito”, la crisis energética y los casos León de Troya y La Madrina.

Para este martes a las 09h00, está prevista la continuación de la sesión 915 en la cual conocerá tanto la resolución que exhorta al Presidente de la República el cese de la represión en el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, como la que exhorta a la Corte Constitucional para que resuelva y dirima el conflicto de competencias de la ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo, en el tramo Unión del Toachi- Santo Domingo, también para que declare la emergencia de esta vía y del sector agroproductivo y comercial de la parroquia San José de Alluriquín y los recintos aledaños.

A partir de las 11h00, los legisladores instalarán la sesión 925, en cuya agenda se incluye la comparecencia de Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, quien deberá explicar todo lo concerniente al Acuerdo Comercial con el Fondo Monetario Internacional; además, tratarán el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Este lunes la mesa de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio sesionará en el cantón Santa Elena, provincia el mismo nombre, para recibir en comparecencia a las autoridades del gobierno parroquial rural de Manglaralto, de la alcaldía de Santa Elena; de la Prefectura; al Presidente de la Federación de Comunas de Santa Elena; y al Presidente de la Comuna de Olón, en torno a la ejecución del proyecto inmobiliario ECHO OLÓN, ubicado en el área protegida del Bosque Protector “Esterillo Oloncito”.

La Comisión de Fiscalización continuará el proceso de control político relacionado con los casos León de Troya y La Madrina, para lo cual recibirá a la Fiscal General del Estado. Así mismo, proseguirá la fiscalización de la crisis energética. Prevé, además, conocer el informe de la sustanciación de la solicitud de juicio político planteado por el asambleísta Carlos Vera Mora, en contra del exministro de Interior, Juan Zapata.

Para la Comisión del Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, las prioridades están relacionadas con la continuación del tratamiento del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech relativo al Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, adoptado por el Consejo General de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en Ginebra, Suiza, el 17 de junio de 2022. También, conocerá el Plan de Seguimiento del Informe de Evaluación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

Entre tanto, la Comisión de Régimen Económico, Tributario y su Regulación y Control continuará el análisis del contenido y alcance de los proyectos de ley que buscan reformar la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley de Prevención de Lavado de Activos.

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, en cambio, tiene en carpeta avanzar con el análisis de las iniciativas legales relacionadas con el cuidado, atención y bienestar animal.

A su vez, la mesa legislativa de Justicia y Estructura del Estado proseguirá el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, del proyecto de Ley del Sistema de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos, del proyecto de Ley de Desconcentración del Estado. De igual manera, retomará el proceso de evaluación y seguimiento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres.

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional realizó la evaluación del cumplimiento de la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para lo que recibió en comparecencias a los titulares de los ministerios de Trabajo, de Salud y de Educación.

Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, informó que en cumplimiento de esta normativa su cartera de Estado lleva adelante procesos de gestión integral, para conseguir un trabajo digno, solidario y libre de violencia.

“Durante el 2024 hemos elaborado e implementado políticas para la erradicación de todo tipo de discriminación en el ámbito laboral. Impartimos cursos de capacitación a instituciones de orden público y a empresas privadas, logrando que, hasta el momento, más de 30 de ellas sean certificadas como espacios libres de violencia contra las mujeres”, destacó.

También señaló que el ministerio enfoca sus esfuerzos en la implementación de la Ley de Economía Violeta, para que las empresas e instituciones elaboren y cumplan los planes de igualdad de cuota de nómina y garanticen la igualdad de género en sus puestos de trabajo.

Por otro lado, el ministro de Salud, Franklin Encalada dijo que esta institución estableció lineamientos claros para la atención a víctimas de violencia de género. “Contamos con 237 establecimientos, en las nueve zonas de salud del país, en las que brindamos atención a niñas y adolescentes, entre los 10 y 18 años, para identificar y atender de manera oportuna los casos de violencia”, dijo.

Resaltó que articulan acciones, de forma permanente, con el Ministerio de Educación para garantizar la activación inmediata de rutas y protocolos de atención en casos de violencia sexual y brindar atención con personal de salud, psicólogos y trabajadores sociales especializados en este tipo de violencia, guardando siempre la confidencialidad de las víctimas.

“Activamos el código púrpura, las valoraciones psicosociales, la anticoncepción oral de emergencia en las primeras 72 horas y notificamos a la Fiscalía General del Estado, frente a toda situación en la que se identifique violencia de tipo sexual”, informó la autoridad.

Finalmente, Alegría Crespo, ministra de Educación, destacó el incremento de asignación presupuestaria para la contratación y capacitación de profesionales de consejería estudiantil, con enfoque de género, como uno de los logros de su cartera de estado en el combate contra este tipo de violencia, en las instituciones educativas de todo el país.

Detalló que durante el 2024, el ministerio ha realizado jornadas de sensibilización sobre educación sexual integral para su incorporación en la enseñanza, con una participación de 7.655 docentes.

También ha socializado información sobre el consentimiento, los derechos sexuales y reproductivos, ente otros, a aproximadamente 252 mil 979 estudiantes, e implementado el programa Educando en Familia, con pautas de crianza, contención emocional y educación en valores, alcanzando 781 mil 148 familias beneficiarias.

Una vez conocidas las acciones institucionales para el cumplimiento de la ley, los comisionados se comprometieron a mantener una estricta vigilancia sobre estas y otras acciones que favorezcan a eliminar todo tipo de violencias contra las mujeres en su diversidad.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), una vez conocido el informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), sobre el cumplimiento de los requisitos para el enjuiciamiento político a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, calificó su trámite en la Comisión de Fiscalización, conforme lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

En otro orden, el CAL conoció sobre la falta de respuesta de los titulares de siete instituciones públicas a los requerimientos de información, realizados por la legisladora María Teresa Pasquel.

Estas instituciones son: Servicio de Rentas Internas; Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Servicio Nacional de Aduanas; Registro Civil; y, los ministerios de Salud y de Trabajo.

Al amparo del artículo 75 de la LOFL, la documentación relacionada con estos incumplimientos se remitirá a la Comisión de Transparencia y Control Social que, según el artículo 76 de esta norma, requerirá nuevamente una contestación por escrito, en el plazo de cinco días.

Finalmente, el CAL calificó a trámite siete nuevos proyectos de ley presentados durante el mes de abril de 2024.

Una iniciativa normativa que busca dignificar el trabajo del hogar, será tramitada por la Comisión de Derecho al Trabajo, mientras que, la mesa legislativa de Gobiernos Autónomos analizará un proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). Por otro lado, la propuesta normativa que regula la eutanasia con garantía del derecho a la dignidad y a la autonomía de la vida, fue asignada a la Comisión del Derecho a la Salud.

La Comisión de Biodiversidad tratará un nuevo proyecto de reformas a la Ley Amazónica y la Comisión de Régimen Económico analizará un paquete de reformas al Código de Planificación y de Finanzas Públicas. Mientras que dos proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa serán tramitados por la Comisión de Justicia.

Las comisiones especializadas designadas fueron autorizadas a unificar estos proyectos con otros de la misma materia, que ya se encuentren en trámite.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 106 votos afirmativos, aprobó el proyecto de Ley Reformatoria a varias Leyes Orgánicas para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, junto al legislador Johnny Terán, que obliga que las transferencias se concreten dentro de los cinco primeros días de cada mes.

“Esta es la ley número 19 que aprueba la nueva Asamblea Nacional con más de 100 votos. Es una ley que se merecen los gobiernos autónomos descentralizados y el pueblo ecuatoriano”, afirmó el presidente del Parlamento, Henry Kronfle.

Previo al debate, se recibió en comisión general al presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Patricio Maldonado, quien recordó que el proyecto es de iniciativa del Presidente de la Asamblea Nacional e invitó a recobrar la institucionalidad de los gobiernos autónomos descentralizados que se encuentran limitados en sus recursos, frente a la expectativa de la ciudadanía para mejorar las condiciones de vida, a través de las obras.

Por su parte, la presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador (Congope), Paola Pabón resaltó la iniciativa en beneficio de la autonomía financiera y la transferencia inmediata de recursos a las subcuentas especiales de los GAD.

En el debate, la asambleísta Victoria Desintonio, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que sustanció el proyecto, enfatizó que la Asamblea Nacional dio una respuesta real y contundente a los GAD, a sus autoridades y a los ciudadanos. Además, explicó el tratamiento y contenido del proyecto, que constituye un instrumento legal para evitar la paralización de obras y servicios a la ciudadanía.

Para que el Banco Central del Ecuador (BCE) pueda realizar las transferencias automáticas en el plazo señalado, el ente rector de las finanzas públicas será el responsable de remitir al BCE el detalle de los ingresos permanentes y no permanentes del Estado, y de la asignación que corresponda a cada gobierno autónomo descentralizado.

Henry Kronfle sostuvo que el problema de transferencia a los GAD no es un problema actual, por tanto lo que importa es la solución. “Los GAD contarán con sus recursos a tiempo para ejecutar su plan de trabajo y brindar servicios de calidad a los ciudadanos”, afirmó. Añadió que la normativa contempla sanciones inmediatas, inclusive con la destitución del cargo por el incumplimiento.

Héctor Valladarez recordó los constantes reclamos de los gremios de los GAD para que cumplan con las transferencias, de conformidad con el artículo 271 de la Constitución, sobre las asignaciones predecibles, directas, oportunas y automáticas. “Esta ley resolverá un proyecto histórico”, concluyó.

Los legisladores Fabiola Sanmartín, Viviana Veloz, Vicente Taiano, Gabriela Molina, Jaminton Intriago, César Umajinga, Sofía Sánchez, Patricio Cisneros, Dallyana Passailaigue, Paola Cabezas, Otto Vera, Andrea Rivadeneira, Esperanza Moreta y Adriana García, respaldaron las transferencias oportunas a los GAD. También resaltaron que la asignación oportuna de los recursos permitirá a los gobiernos locales realizar las obras y proveer los servicios que la ciudadanía demanda.

El proyecto reforma el Código Monetario y Financiero, respecto a la responsabilidad de las transferencias automáticas mensuales a las subcuentas especiales de los GAD; el Código de Planificación y Finanzas Públicas, sobre los presupuestos prorrogados; y, la Ley de Régimen Tributario Interno, con relación al IVA recaudado en todos los casos por varias entidades.

La capital expondrá sus proyectos para inversión público-privado en la próxima Cumbre de Inversiones, Ecuador 2024, que se realizará el 20 y 21 de junio de 2024, en Cuenca. Esta cita de inversiones se presentó este lunes en Quito e impulsará la economía del país a través de proyectos productivos y sociales.

Organizaciones gubernamentales y multilaterales junto a la academia impulsan la realización de este encuentro de negocios, iniciativa que abre oportunidades para el desarrollo económico y social de las diferentes regiones del país mediante acuerdos estratégicos, así como acciones colaborativas en el ámbito de la inversión y financiamiento.

Pabel Muñoz, alcalde de la capital, enfatizó que, para el municipio capitalino, “esta cumbre es extender la política que hemos tenido a nivel municipal donde en este mismo momento se están desarrollando USD 2.600 millones de dólares de inversiones públicas; públicas y privadas y, exclusivamente privadas”.

Durante los dos días mencionados, los GAD parroquiales y municipales podrán presentar, tanto a la cooperación internacional como a las embajadas hermanas y a grupos de inversionistas, una serie de proyectos que conlleva el proceso de desarrollo sostenible, movilidad, riego, entre otros.

El Alcalde recordó que Quito hizo un primer lanzamiento de una agenda de inversión que podría llegar a los USD 6 mil millones en dos ejes centrales: de ambiente con el Complejo Ambiental y el de tratamiento de aguas residuales y movilidad sustentable.

A la presentación asistieron Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Pabel Cantos, titular del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), Charlie Mishel, representante de la Unión Europea y Paola Pavón, prefecta de Pichincha.

El pleno de la Asamblea Nacional,, trabajará hoy en tres jornadas, con el propósito de conocer varios proyectos de ley, entre ellos, las reformas a varias leyes para asegurar la asignación directa y oportuna de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados; sobre Seguridad Digital; y de Defensa contra Incendios.

Para las 10h00 está prevista la reinstalación de la sesión 826, en la cual se procederá al segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Orgánicas para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos provenientes de los Ingresos Permanentes y no Permanentes, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sobre la base del informe preparado por la Comisión Especializada de esta materia.

Según la propuesta, el Banco Central será el responsable de transferir automáticamente a las subcuentas especiales de cada gobierno autónomo descentralizado, de manera mensual, el monto que legalmente les corresponde asignar a los gobiernos autónomos descentralizados de los ingresos permanentes y no permanentes, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República, y la Ley. Las transferencias deberán realizarse dentro de los cinco primeros días de cada mes.

Mientras que para las 11h30, está convocada la sesión 922, para tratar los proyectos de resolución por los cuales se declara al 1 de Octubre de cada año como El “Día de la Identidad Montubia Ecuatoriana”; y, como “Capital Nacional del Cacao” a la provincia de Los Ríos. También, los legisladores tramitarán en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Digital.

El proyecto de Seguridad Digital, que fue analizado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral busca regular las acciones para la prevención, identificación, mitigación, respuesta y resiliencia frente a las amenazas, riesgos, incidentes y ciberdelitos en el ciberespacio y seguridad integral en entornos digitales; proteger la seguridad de las infraestructuras críticas digitales y servicios esenciales; establecer y regular el Sistema Nacional de Seguridad Digital y sus subsistemas de ciberseguridad, ciberdefensa, ciberinteligencia y ciberdiplomacia, entre otros objetivos.

A partir de las 15h30, el Pleno conocerá en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Defensa contra Incendios y resolverá la objeción parcial del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, al proyecto de Ley Orgánica de Cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional.

Los asambleístas debatirán la propuesta relacionada con la defensa contra incendios tomando como base el informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Esta propuesta regula la organización, competencia, carrera profesional y régimen administrativo-disciplinario del personal de los cuerpos de bomberos, con fundamento en los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.

En torno a la objeción parcial al proyecto de Ley de Cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Internacional, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recomienda al Pleno de la Asamblea allanarse a la objeción al artículo 5 y, en consecuencia, aceptar el texto propuesto por el Presidente de la República sobre el principio de cosa juzgada, con referencia a los delitos indicados en el artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.