Política

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional realizó la evaluación del cumplimiento de la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para lo que recibió en comparecencias a los titulares de los ministerios de Trabajo, de Salud y de Educación.

Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, informó que en cumplimiento de esta normativa su cartera de Estado lleva adelante procesos de gestión integral, para conseguir un trabajo digno, solidario y libre de violencia.

“Durante el 2024 hemos elaborado e implementado políticas para la erradicación de todo tipo de discriminación en el ámbito laboral. Impartimos cursos de capacitación a instituciones de orden público y a empresas privadas, logrando que, hasta el momento, más de 30 de ellas sean certificadas como espacios libres de violencia contra las mujeres”, destacó.

También señaló que el ministerio enfoca sus esfuerzos en la implementación de la Ley de Economía Violeta, para que las empresas e instituciones elaboren y cumplan los planes de igualdad de cuota de nómina y garanticen la igualdad de género en sus puestos de trabajo.

Por otro lado, el ministro de Salud, Franklin Encalada dijo que esta institución estableció lineamientos claros para la atención a víctimas de violencia de género. “Contamos con 237 establecimientos, en las nueve zonas de salud del país, en las que brindamos atención a niñas y adolescentes, entre los 10 y 18 años, para identificar y atender de manera oportuna los casos de violencia”, dijo.

Resaltó que articulan acciones, de forma permanente, con el Ministerio de Educación para garantizar la activación inmediata de rutas y protocolos de atención en casos de violencia sexual y brindar atención con personal de salud, psicólogos y trabajadores sociales especializados en este tipo de violencia, guardando siempre la confidencialidad de las víctimas.

“Activamos el código púrpura, las valoraciones psicosociales, la anticoncepción oral de emergencia en las primeras 72 horas y notificamos a la Fiscalía General del Estado, frente a toda situación en la que se identifique violencia de tipo sexual”, informó la autoridad.

Finalmente, Alegría Crespo, ministra de Educación, destacó el incremento de asignación presupuestaria para la contratación y capacitación de profesionales de consejería estudiantil, con enfoque de género, como uno de los logros de su cartera de estado en el combate contra este tipo de violencia, en las instituciones educativas de todo el país.

Detalló que durante el 2024, el ministerio ha realizado jornadas de sensibilización sobre educación sexual integral para su incorporación en la enseñanza, con una participación de 7.655 docentes.

También ha socializado información sobre el consentimiento, los derechos sexuales y reproductivos, ente otros, a aproximadamente 252 mil 979 estudiantes, e implementado el programa Educando en Familia, con pautas de crianza, contención emocional y educación en valores, alcanzando 781 mil 148 familias beneficiarias.

Una vez conocidas las acciones institucionales para el cumplimiento de la ley, los comisionados se comprometieron a mantener una estricta vigilancia sobre estas y otras acciones que favorezcan a eliminar todo tipo de violencias contra las mujeres en su diversidad.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL), una vez conocido el informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), sobre el cumplimiento de los requisitos para el enjuiciamiento político a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, calificó su trámite en la Comisión de Fiscalización, conforme lo establece el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

En otro orden, el CAL conoció sobre la falta de respuesta de los titulares de siete instituciones públicas a los requerimientos de información, realizados por la legisladora María Teresa Pasquel.

Estas instituciones son: Servicio de Rentas Internas; Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades; Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Servicio Nacional de Aduanas; Registro Civil; y, los ministerios de Salud y de Trabajo.

Al amparo del artículo 75 de la LOFL, la documentación relacionada con estos incumplimientos se remitirá a la Comisión de Transparencia y Control Social que, según el artículo 76 de esta norma, requerirá nuevamente una contestación por escrito, en el plazo de cinco días.

Finalmente, el CAL calificó a trámite siete nuevos proyectos de ley presentados durante el mes de abril de 2024.

Una iniciativa normativa que busca dignificar el trabajo del hogar, será tramitada por la Comisión de Derecho al Trabajo, mientras que, la mesa legislativa de Gobiernos Autónomos analizará un proyecto de ley que reforma el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD). Por otro lado, la propuesta normativa que regula la eutanasia con garantía del derecho a la dignidad y a la autonomía de la vida, fue asignada a la Comisión del Derecho a la Salud.

La Comisión de Biodiversidad tratará un nuevo proyecto de reformas a la Ley Amazónica y la Comisión de Régimen Económico analizará un paquete de reformas al Código de Planificación y de Finanzas Públicas. Mientras que dos proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa serán tramitados por la Comisión de Justicia.

Las comisiones especializadas designadas fueron autorizadas a unificar estos proyectos con otros de la misma materia, que ya se encuentren en trámite.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 106 votos afirmativos, aprobó el proyecto de Ley Reformatoria a varias Leyes Orgánicas para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, junto al legislador Johnny Terán, que obliga que las transferencias se concreten dentro de los cinco primeros días de cada mes.

“Esta es la ley número 19 que aprueba la nueva Asamblea Nacional con más de 100 votos. Es una ley que se merecen los gobiernos autónomos descentralizados y el pueblo ecuatoriano”, afirmó el presidente del Parlamento, Henry Kronfle.

Previo al debate, se recibió en comisión general al presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Patricio Maldonado, quien recordó que el proyecto es de iniciativa del Presidente de la Asamblea Nacional e invitó a recobrar la institucionalidad de los gobiernos autónomos descentralizados que se encuentran limitados en sus recursos, frente a la expectativa de la ciudadanía para mejorar las condiciones de vida, a través de las obras.

Por su parte, la presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Ecuador (Congope), Paola Pabón resaltó la iniciativa en beneficio de la autonomía financiera y la transferencia inmediata de recursos a las subcuentas especiales de los GAD.

En el debate, la asambleísta Victoria Desintonio, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, que sustanció el proyecto, enfatizó que la Asamblea Nacional dio una respuesta real y contundente a los GAD, a sus autoridades y a los ciudadanos. Además, explicó el tratamiento y contenido del proyecto, que constituye un instrumento legal para evitar la paralización de obras y servicios a la ciudadanía.

Para que el Banco Central del Ecuador (BCE) pueda realizar las transferencias automáticas en el plazo señalado, el ente rector de las finanzas públicas será el responsable de remitir al BCE el detalle de los ingresos permanentes y no permanentes del Estado, y de la asignación que corresponda a cada gobierno autónomo descentralizado.

Henry Kronfle sostuvo que el problema de transferencia a los GAD no es un problema actual, por tanto lo que importa es la solución. “Los GAD contarán con sus recursos a tiempo para ejecutar su plan de trabajo y brindar servicios de calidad a los ciudadanos”, afirmó. Añadió que la normativa contempla sanciones inmediatas, inclusive con la destitución del cargo por el incumplimiento.

Héctor Valladarez recordó los constantes reclamos de los gremios de los GAD para que cumplan con las transferencias, de conformidad con el artículo 271 de la Constitución, sobre las asignaciones predecibles, directas, oportunas y automáticas. “Esta ley resolverá un proyecto histórico”, concluyó.

Los legisladores Fabiola Sanmartín, Viviana Veloz, Vicente Taiano, Gabriela Molina, Jaminton Intriago, César Umajinga, Sofía Sánchez, Patricio Cisneros, Dallyana Passailaigue, Paola Cabezas, Otto Vera, Andrea Rivadeneira, Esperanza Moreta y Adriana García, respaldaron las transferencias oportunas a los GAD. También resaltaron que la asignación oportuna de los recursos permitirá a los gobiernos locales realizar las obras y proveer los servicios que la ciudadanía demanda.

El proyecto reforma el Código Monetario y Financiero, respecto a la responsabilidad de las transferencias automáticas mensuales a las subcuentas especiales de los GAD; el Código de Planificación y Finanzas Públicas, sobre los presupuestos prorrogados; y, la Ley de Régimen Tributario Interno, con relación al IVA recaudado en todos los casos por varias entidades.

La capital expondrá sus proyectos para inversión público-privado en la próxima Cumbre de Inversiones, Ecuador 2024, que se realizará el 20 y 21 de junio de 2024, en Cuenca. Esta cita de inversiones se presentó este lunes en Quito e impulsará la economía del país a través de proyectos productivos y sociales.

Organizaciones gubernamentales y multilaterales junto a la academia impulsan la realización de este encuentro de negocios, iniciativa que abre oportunidades para el desarrollo económico y social de las diferentes regiones del país mediante acuerdos estratégicos, así como acciones colaborativas en el ámbito de la inversión y financiamiento.

Pabel Muñoz, alcalde de la capital, enfatizó que, para el municipio capitalino, “esta cumbre es extender la política que hemos tenido a nivel municipal donde en este mismo momento se están desarrollando USD 2.600 millones de dólares de inversiones públicas; públicas y privadas y, exclusivamente privadas”.

Durante los dos días mencionados, los GAD parroquiales y municipales podrán presentar, tanto a la cooperación internacional como a las embajadas hermanas y a grupos de inversionistas, una serie de proyectos que conlleva el proceso de desarrollo sostenible, movilidad, riego, entre otros.

El Alcalde recordó que Quito hizo un primer lanzamiento de una agenda de inversión que podría llegar a los USD 6 mil millones en dos ejes centrales: de ambiente con el Complejo Ambiental y el de tratamiento de aguas residuales y movilidad sustentable.

A la presentación asistieron Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Pabel Cantos, titular del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), Charlie Mishel, representante de la Unión Europea y Paola Pavón, prefecta de Pichincha.

El pleno de la Asamblea Nacional,, trabajará hoy en tres jornadas, con el propósito de conocer varios proyectos de ley, entre ellos, las reformas a varias leyes para asegurar la asignación directa y oportuna de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados; sobre Seguridad Digital; y de Defensa contra Incendios.

Para las 10h00 está prevista la reinstalación de la sesión 826, en la cual se procederá al segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Orgánicas para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos provenientes de los Ingresos Permanentes y no Permanentes, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sobre la base del informe preparado por la Comisión Especializada de esta materia.

Según la propuesta, el Banco Central será el responsable de transferir automáticamente a las subcuentas especiales de cada gobierno autónomo descentralizado, de manera mensual, el monto que legalmente les corresponde asignar a los gobiernos autónomos descentralizados de los ingresos permanentes y no permanentes, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República, y la Ley. Las transferencias deberán realizarse dentro de los cinco primeros días de cada mes.

Mientras que para las 11h30, está convocada la sesión 922, para tratar los proyectos de resolución por los cuales se declara al 1 de Octubre de cada año como El “Día de la Identidad Montubia Ecuatoriana”; y, como “Capital Nacional del Cacao” a la provincia de Los Ríos. También, los legisladores tramitarán en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Digital.

El proyecto de Seguridad Digital, que fue analizado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral busca regular las acciones para la prevención, identificación, mitigación, respuesta y resiliencia frente a las amenazas, riesgos, incidentes y ciberdelitos en el ciberespacio y seguridad integral en entornos digitales; proteger la seguridad de las infraestructuras críticas digitales y servicios esenciales; establecer y regular el Sistema Nacional de Seguridad Digital y sus subsistemas de ciberseguridad, ciberdefensa, ciberinteligencia y ciberdiplomacia, entre otros objetivos.

A partir de las 15h30, el Pleno conocerá en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Defensa contra Incendios y resolverá la objeción parcial del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, al proyecto de Ley Orgánica de Cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional.

Los asambleístas debatirán la propuesta relacionada con la defensa contra incendios tomando como base el informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Esta propuesta regula la organización, competencia, carrera profesional y régimen administrativo-disciplinario del personal de los cuerpos de bomberos, con fundamento en los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.

En torno a la objeción parcial al proyecto de Ley de Cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Internacional, la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recomienda al Pleno de la Asamblea allanarse a la objeción al artículo 5 y, en consecuencia, aceptar el texto propuesto por el Presidente de la República sobre el principio de cosa juzgada, con referencia a los delitos indicados en el artículo 5 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Combatir el tráfico ilícito de migrantes, que es parte de la criminalidad organizada transnacional para proteger a los ecuatorianos que salen a otros países, es uno de los objetivos del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, presentado por el legislador Paúl Buestán, de la provincia de Cañar.

El asambleísta, al fundamentar su propuesta, advierte que en algunos países de la región se han detectado vínculos de los traficantes de migrantes con mafias del narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos sexuales.

Recordó que en el año 2018 se expidió la Ley de Movilidad Humana, pero no tiene incidencia directa en esta problemática, peor aún sanciona a quienes se enriquecen con el sufrimiento de quienes emigran.

“Estos denominados coyotes ofertan sus servicios como si se tratare de una agencia de viajes turísticos, para publicitar rutas migratorias que prometen llevar a ecuatorianos hacia varios países”, denunció.

El parlamentario enfatizó que el sistema jurídico debe apuntar hacia un Ecuador mejor, sintonizado con la realidad social que se vive, así en materia penal, siendo la herramienta punitiva del Estado para restaurar el orden, la paz social y justicia.

En este marco plantea que la persona que promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, promocione, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras desde el territorio ecuatoriano hacia otros países o viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país, siempre que ello no constituya infracción más grave, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

La misma pena se aplicaría a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación y conducción, si se establece su conocimiento y participación en la infracción.

Según el proyecto, si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes, personas en situación de vulnerabilidad o personas de atención prioritaria, se sancionará con pena privativa de libertad de diez a trece años y cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

El pleno de la Asamblea Nacional delegó a la Comisión de Fiscalización y Control Político la investigación sobre las acciones ejecutadas y programadas por el Ministerio de Energía y Minas, para atender la crisis eléctrica que atraviesa el país.

Esto en el marco del proyecto de resolución para atender la crisis eléctrica que deja pérdidas en el sector productivo.

Además la Asamblea, exhortó al Gobierno Nacional que atienda la grave emergencia eléctrica que incluya la aprobación de Presupuesto Emergente para la inversión y gastos de mantenimiento en los sectores de generación y transmisión eléctrica del país.

Según la resolución, propuesta por la legisladora Sofía Espín, los Ministros de Energía y de Finanzas, los directores del CENACE y ARCERNNR serán llamados a la Comisión de Fiscalización para exponer la problemática y las acciones tomadas para su solución.

Además, se observa al Gobierno Nacional por no haber recibido inversiones para la ejecución de proyectos energéticos, a pesar de los cinco meses de gestión y la aprobación de la Ley de Competitividad Energética, destacando la necesidad de la inversión pública en este sector para garantizar la soberanía energética, generación de empleo y la dinamización económica.

En el debate Sofía Sánchez destacó la importancia de que el Gobierno explique sus medidas, para resolver la emergencia y considera crucial abordar el impacto del cambio climático.

Por su parte, Jorge Chamba alertó sobre las graves consecuencias económicas de la crisis eléctrica, especialmente para los más vulnerables. También abogó por soluciones urgentes.

Jamington Intriago expuso el grave impacto en el sector productivo y agropecuario, por lo que pidió respuestas al Ministro de Energía en cumplimiento de la llamada “Ley no más Apagones”.

Comps Córdova denunció los prolongados apagones en su provincia, a pesar de albergar importantes centrales eléctricas, al tiempo que insistió en la necesidad de priorizar el desarrollo del país para cambiar la situación.

La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social estableció una hoja de ruta para convocar al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, y al director ejecutivo de la Comisión de Transito del Ecuador (CTE), Mario Andrade, solicitadas por el legislador, Jorge Chamba.

Según el asambleísta Chamba, existe una serie de irregularidades con violaciones a varios cuerpos legales, así como presuntos incumplimientos de funciones del ministro, Roberto Luque, entre los que cuenta la designación del Director de la CTE, que debió elegirse del mismo directorio, norma que no se consideró.

A decir del legislador Chamba también existiría un eventual conflicto de intereses en la firma de contratos entre empresas de la familia Luque y el Ministerio de Transporte.

Afirmó que los padres del ministro son accionistas de Luque y Luque Compañía Limitada, empresa que tiene un proceso de contratación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, suscrito en julio de 2021, que debió concluirse, pero, hasta el momento, no se ha realizado el proceso de liquidación.

De igual manera, insistió, existe otro contrato con un hermano de la autoridad, entre la Asociación Lateral Guaranda y el Ministerio de Transporte.

Se suma la Compañía Consultora Geosísmica Luque también con contratos con el mismo ministerio y, adicionalmente, Ricardo Luque, familiar directo del ministro, es presidente de dicha compañía.

Aseguró que esta empresa habría realizado los estudios del Quinto Puente que une los cantones Guayaquil, Daule y Samborondón, a ejecutarse en el Guayas y que por este motivo el ministro Luque le cedió la competencia a la Prefectura del Guayas para realizar esta obra.

Advirtió, además, que por estas razones solicitó información, pero que las respuestas están incompletas y no se ajustan a la información requerida, además de no presentar firma de responsabilidad del ministro.

Los legisladores Gissela Garzón, Carmen Tiupul, Mónica Salazar, Mariana Yumbay, Franklin Samaniego y Lucía Posso apoyaron la solicitud del legislador Jorge Chamba, y pidieron que también se fiscalice la falta de atención del Ministerio en las vías y conectividad de las provincias del país.

Por otro lado, cuestionaron que Roberto Luque esté a cargo de dos ministerios como es el MTOP y el de Energía y Minas, y que no responda a los requerimientos realizados por los miembros de la comisión. “Han transcurrido casi 6 meses de este gobierno y no hay ninguna respuesta”, recalcó Mariana Yumbay, en referencia al mal estado de las vías.

La hoja de ruta contempla enviar los pedidos de información a las entidades mencionadas, convocar al ministro Luque y al Director de la CTE para los días 15 y 17 de mayo, respectivamente. Este proceso de fiscalización se prevé que culmine el 29 de mayo.

Por otro lado, la comisión avocó conocimiento de 6 resoluciones del Consejo de Administración Legislativa, referentes a distintos casos de fiscalización que deberá tratar la comisión.

Entre las entidades y autoridades públicas a fiscalizar constan la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT); Daniel Calderón, exministro de Educación; Johnny Pérez, rector de la Universidad Técnica de Machala; Xavier Torres, contralor del Estado; Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas; Franklin Encalada, ministro de Salud; Alan Sierra, director de la UAFE; entre otros que serán convocados a comparecer.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 95 votos afirmativos, censuró al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, por incumplimiento de funciones en el ejercicio del cargo. La resolución será remitida a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría para que realicen las investigaciones del caso, a fin de determinar las responsabilidades penales, administrativas y civiles a que haya lugar.

La censura dispuesta por la Legislatura se aplica en función de lo dispuesto en los artículos 131 de Constitución de la República y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta decisión inhabilita al doctor Fernando Santos Alvite para el ejercicio de cargo público por los próximos dos años.

En el debate, en el cual participaron 18 legisladores, se recordó la necesidad de ir más allá de la censura de un exfuncionario, ya que es importante atender de manera urgente al sector energético para evitar que, a futuro, se repitan los apagones, que generan pérdidas millonarias para el país, sobre todo en el sector productivo, incluida la economía popular y solidaria.

Los miembros de la Comisión de Fiscalización subrayaron que en la sustanciación de la solicitud de juicio político se cumplieron todos los procedimientos determinados en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con absoluto respeto al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa.

Así mismo, entre las intervenciones del debate se formularon llamados al actual Gobierno para que tome acciones efectivas, a fin de fortalecer las centrales hidroeléctricas; mantener adecuadamente y repotenciar la infraestructura para la generación termoeléctrica, así como propiciar el desarrollo de sistemas de generación de energías limpias y amigables con el ambiente.

Igualmente, los legisladores indicaron que en el curso de la interpelación se determinó la responsabilidad política de Santos Alvite, quien no tuvo argumentos para defender su gestión, pues se demostró que no tomó las acciones necesarias para atender al sector eléctrico, pese a las múltiples alertas dadas por los organismos técnicos y de control del sector eléctrico.

El Pleno de la Asamblea, tiene previsto continuar con el juicio político al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite.

En esta misma sesión, se prevé el conocimiento del proyecto de resolución para exhortar al Presidente de la República y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la rehabilitación -de manera urgente- de la vía estatal Balbanera – Pallatanga – Cumandá, que une la sierra centro con la costa, propuesta por los asambleístas de la provincia de Chimborazo.

Mientras, las comisiones especializadas continuarán los procesos de socialización de proyectos de ley, en los ámbitos económico, social, productivo, educación, salud, inclusión económica, derechos de niñez y adolescencia, movilidad humana, contratación pública, ente otros, así como las acciones de fiscalización y control político en distintas materias.

Tambié las comisiones Legislativas agendaron temas para esta semana. La Comisión del Derecho al Trabajo prevé recibir nuevas demandas de varias organizaciones de jubilados, quienes se encuentran a la espera de sus respectivas pensiones, sin que hasta el momento hayan tenido respuesta de las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En el caso de la mesa de Gobiernos Autónomos están pendientes las comparecencias de los ministros de Obras Públicas y del Interior.

Así mismo, consta entre las actividades la continuación en el tratamiento de las reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Por su parte, la Comisión de Fiscalización continuará el proceso de fiscalización relacionado con los casos Metástasis, Purga y Madrina. También, tiene previsto iniciar la actuación de prueba en la sustanciación de la solicitud de juicio político planteado por el asambleísta Carlos Vera Mora, en contra del exministro de Interior, Juan Zapata Silva.

Para la Comisión del Derecho a la Salud, su agenda está relacionada con el avance en el proceso de socialización de los proyectos de Ley de Control y Prevención del Cáncer Uterino; de Desnutrición y Malnutrición Infantil; y, de Deportes, Educación Física y la Recreación, con la participación de autoridades, expertos, académicos y representantes de varias organizaciones de la sociedad civil.

Entre tanto, la Comisión de Régimen Económico continuará el análisis del contenido y alcance de los proyectos de ley que buscan reformar la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

La Comisión de Biodiversidad avanzará en el análisis de los proyectos de Ley Integral de Uso, Gestión y Protección del Recurso Hídrico y de Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales no Humanos, presentado por la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, la mesa legislativa de Justicia continuará el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa y del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Además, tiene previsto continuar el proceso de evaluación y seguimiento de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres.