Política

El impulso inmediato del empleo, incremento de la recaudación tributaria y el incentivo a la inversión son los objetivos del proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, con calificación urgente en materia económica, cuyo informe para primer debate fue analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, destacó que esta es la primera de varias propuestas del Gobierno para solucionar la grave situación económica que atraviesa el país. Explicó que, para generar plazas de empleo, la norma establece que las empresas pagarán menos Impuesto a la Renta por cada persona entre 18 y 29 años de edad que contraten. Afirmó que el beneficio sería mayor si se trata de jóvenes graduados de instituciones educativas públicas.

El proyecto también crea herramientas para promover la inversión a través del fortalecimiento de las Asociaciones Público Privadas, que favorezca el desarrollo de infraestructura pública necesaria y el desarrollo de Zonas Francas de manera estructurada y ordenada, bajo estándares internacionales que otorguen seguridad jurídica a los inversionistas. Además, propone un régimen tributario que promueva la recaudación que cubra una parte del déficit fiscal.

Durante el debate intervinieron 18 parlamentarios, quienes enriquecieron el articulado con sus observaciones relacionadas con el establecimiento claro del destino de los recursos, producto de la recaudación tributaria, equilibrar los incentivos para generar nuevas plazas de empleo que no discrimine a las personas mayores de 45 años o graduados en instituciones educativas privadas, evitar el conflicto de intereses respecto de los incentivos a grandes contribuyentes, fortalecer los mecanismos de control para reducir y eliminar la evasión de impuestos, la posibilidad de condonar deudas a los campesinos; entre otras.

Una vez que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle cerró el debate, la Comisión de Desarrollo Económico deberá sistematizar los criterios expuestos en el Pleno, para el respectivo informe que deberá ser tratado en segundo debate del proyecto de Ley.

Previamente, en comisión general, el Pleno recibió a César Pérez, representante de la plataforma de condonación de deudas para agricultores, quien relató la creciente paralización del sector productivo por las distintas políticas públicas que afectaron su economía y sostuvo que es necesaria la condonación de deudas al sector.

El alcalde de Machala, Darío Macas Salvatierra, entregó de manera oficial, la regeneración urbana de la Cdla. Sauces 1, al Norte de la ciudad.

El evento, se cumplió este sábado 4 de diciembre en la cancha principal del sector, que conmemoró 40 años de fundación.

El alcalde recordó cuando hace más de dos años recorrió el sector y las calles estaban llenas de polvo y lodo, la cancha era de tierra y la iluminación era deficiente y que hoy, gracias a una eficiente administración municipal, su entorno cambió totalmente.

“En los barrios del Norte, hice una promesa, de llegar con la obra pública y hoy lo hemos cumplido, a pesar de las dificultades, lo logramos, porque ese es mi compromiso, llegar con la regeneración a los barrios suburbanos del Norte, Sur, Este y Oeste de mi querida ciudad”, mencionó.

Dijo que las obras continuarán, sin despreocuparse de los distintos sectores, recalcó la regeneración urbana del casco central, una de las obras más importantes de Machala, el proyecto del anillo perimetral, que dotará de agua al 95 % de la ciudad, mantenimiento integral de calles y avenidas, construcción de parques y canchas.

El pasado 23 de noviembre, el Concejo Municipal de Cañar, resolvió por unanimidad, adjudicar el bien inmueble y los terrenos donde se  asienta el Hospital Luis F. Martínez de la ciudad de Cañar, a favor del Ministerio de Salud, mediante la figura de bien mostrenco. Esta acción permite a la principal casa de salud del …

Hospital de Cañar legalizó sus predios Leer más »

La próxima semana en la agenda de comisiones especializadas permanentes constan varias actividades, entre ellas, el análisis de proyectos de ley, recepción de observaciones sobre iniciativas legislativas, comparecencias respecto a la crisis energética y conocimiento de solicitudes de enjuiciamiento político.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado enfocará su actividad en la recepción de observaciones al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Para ello, prevé recibir los aportes de Fernando Muñoz, presidente del Tribunal Contencioso Electoral; Mónica Banegas, directora del Observatorio de Participación Política de la Mujer; Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional; y, Arturo Cabrera, especialista en derecho electoral.

Este lunes en Fiscalización, respecto a la crisis energética, está prevista la comparecencia del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, así como de representantes de las cámaras de comercio y otras entidades. La comisión, además, avocará conocimiento de las resoluciones que remita el CAL, respecto a las solicitudes de enjuiciamiento político.

La Comisión de la Niñez y Adolescencia tiene previsto continuar la sesión relacionada con el plan de trabajo, referente al COPINNA y otras propuestas remitidas a este organismo legislativo. Está pendiente una reunión con el equipo de UNICEF, respecto a temas de uno de los libros de esta normativa en trámite.

Los representantes del Ministerio de Trabajo, Senescty y del Ministerio de la Producción fueron convocados a la Comisión de Educación, para presentar sus aportes al proyecto de Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales; entre tanto, las máximas autoridades de la UAFE, SRI y Finanzas han sido llamadas a la Comisión de Régimen Económico, para presentar sus criterios con relación proyecto que sanciona el lavado de activos.

La Comisión del Derecho al Trabajo continuará el estudio del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIESS. Los comisionados de Gobiernos Autónomos darán seguimiento a los temas de reformas al Cootad, según el cronograma aprobado. En tanto, Desarrollo Económico continuará la revisión del proyecto urgente, luego de la presentación del informe para primer debate.

La Comisión del Derecho a la Salud tiene como prioridad el trámite de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Salud Mental y la revisión de otros proyectos pendientes.

Entre las comparecencias a las comisiones, se prevé que el Defensor Público sea convocado a la Comisión de Biodiversidad, a fin de que explique el cumplimiento de la sentencia, en el caso 51-23-IN/23, de la Corte Constitucional, relacionado con el decreto ejecutivo 754 que reformaba al Reglamento del Código Orgánico del Ambiente.

Las comisiones de Seguridad Integral y Soberanía Alimentaria continuarán el análisis de los proyectos de ley que se encuentran pendientes, previo a los informes para primer y segundo debate. En Garantías Constitucionales el equipo técnico seguirá con el análisis de los proyectos en trámite, a fin de preparar los insumos para las sesiones de los comisionados. De igual forma, Relaciones Internacionales y Participación darán seguimiento de la agenda programada.

En sesión solemne, la Asamblea Nacional rindió homenaje a Quito por los 489 años de fundación. El presidente del Parlamento, Henry Kronfle Kozhaya destacó que Quito es la viva muestra de que sí es posible trabajar juntos por un objetivo común que, por encima de acentos, costumbres, razas e ideologías, todos somos ecuatorianos; todos somos amarillo, azul y rojo.

Además, reafirmó su compromiso con Quito y con todo el Ecuador, de trabajar incansablemente para asegurar que las voces de todos sean escuchadas; que cada ciudadano tenga las mismas oportunidades para prosperar, y juntos, enfrentar los desafíos y celebrar los logros.

Invitó a trabajar para construir un Quito y un Ecuador de progreso y bienestar. “San Francisco de Quito, más que un hermoso lugar en el mapa, es un símbolo de nuestra historia, cultura e identidad ecuatoriana; lo que verdaderamente hace grande a Quito, es su gente: personas cálidas, trabajadoras, resilientes y llenas de esperanza, ciudadanos que día a día hacen su máximo esfuerzo por construir un futuro mejor para ellos y para las generaciones venideras”, destacó Henry Kronfle.

De su lado, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz invitó a la Asamblea Nacional con su gestión y el acuerdo que se ha dado con los bloques, a ser parte de ese proceso de reconstitución, en donde la independencia de los Poderes del Estado exige no politizar la justicia ni judicializar la política.

Detalló los retos de su gestión: la seguridad en la que están haciendo un importante esfuerzo de coordinación; la protección social en la que trabajan desde el desarrollo infantil integral hasta la erradicación de la violencia con las mujeres y el cuidado de los abuelitos; además que están fomentando desde la inversión, la creación del trabajo como es el caso de la ampliación del Metro.

En la reseña histórica de la Fundación de Quito, el cronista de la ciudad, Alejandro López Valarezo destacó que este aniversario es una oportunidad para entender a nuestra ciudad, no solo como un espacio definido por un evento en 1534, sino como un lugar vivo y dinámico, telúrico y profundo. “Nuestra historia no debe ser un relato inamovible o monolítico, sino que se debe recrear y reinterpretar continuamente desde nuestro presente y construir una historia de Quito que celebre su diversidad, respete su herencia y abrace su futuro con esperanza y determinación”, concluyó el historiador.

El Titular de la Legislatura entregó el Acuerdo de Felicitación y Reconocimiento, y la condecoración Asamblea Nacional Dr. Vicente Rocafuerte al Pabellón del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

La sesión solemne se desarrolló con la presencia de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía, de la provincia de Pichincha, de las instituciones de control y los concejales de Quito.

Con 123 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, como un instrumento complementario en la lucha contra la delincuencia, la propuesta crea y regula el Sistema de Vigilancia y Seguridad Privada; la prestación de servicios de vigilancia para la protección de personas, bienes muebles e inmuebles y valores; formación y capacitación para los integrantes de este sector; y licencias para portar armas para los trabajadores de vigilancia y seguridad privada.

El legislador Xavier Jurado, de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, tras argumentar que es un instrumento eficaz para la regulación y fortalecimiento del sector, y el derecho de los trabajadores, expresó que prevé derechos fundamentales como la vida, el trabajo y la seguridad. “Uno de sus fines es garantizar la regulación del sector y su articulación con las entidades del Estado, para coadyuvar a la seguridad integral”, indico.

Comisión General

Previo a la aprobación del proyecto, la Asamblea Nacional escuchó a representantes de los trabajadores de la seguridad privada, quienes destacaron la necesidad de aprobar una ley que permita regular su actividad, en beneficio de la seguridad ciudadana. Diego Arroyo, vicepresidente de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (FENASPE), manifestó que “esta Ley es un anhelo de muchos años, ya que la norma vigente se ha convertido en una herramienta para la precarización laboral”.

Carlos Arrobo Bustamante, de la Asociación de Trabajadores de Seguridad, afirmó que es una carrera de resistencia frente a los constantes cambios de contratos y las reducciones salariales que se han venido dando.

En el debate intervinieron 14 legisladores quienes resaltaron la necesidad de un dar enfoque integral para enfrentar el desafío de la inseguridad. Aseguraron que es una Ley que complementa la gestión de la Policía Nacional y que los guardias de seguridad cuenten con formación y profesionalización. Además, que las compañías de seguridad acompañen a sus trabajadores cuando enfrenten procesos jurisdiccionales, por actuar en defensa de la vida y ejerciendo debidamente su labor.

También expusieron la necesidad de solventar problemas de la precarización laboral, en torno a los sueldos y salarios, así como las condiciones en las que ejecutan su labor y que es importante la participación de varios actores en la lucha contra la delincuencia, como mecanismo de control eficaz con base de datos cruzados.

Se llamó a la responsabilidad respecto a los permisos de porte de armas, la capacitación y el rol de supervisión del Estado. Igualmente, se refirieron a la importancia de alinearse a los estándares internacionales para fortalecer la ley.

Este martes se realizó en el Palacio Legislativo, una reunión entre los presidentes de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle y de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, con la finalidad de socializar las reformas al Código Orgánico Integral Penal; Código Orgánico de la Función Judicial y las modificaciones a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Henry Kronfle resaltó la importancia de esta reunión exhortó a los poderes del Estado a trabajar en conjunto para resolver los graves problemas de todos los ecuatorianos. «Una ley no arregla los problemas, se lo hace con acciones», dijo.

La reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) tiene relación con regulaciones en el tema seguridad, delincuencia organizada y penitenciario. En este sentido, las reformas buscan dotar a los fiscales y jueces mejores herramientas legales para la judicialización y sanción.

Así mismo, se incorpora un tipo penal que sanciona a quien exija para sí mismo o para un tercero, dinero u otros beneficios patrimoniales, mediante amenaza o intimidación, lo que se conoce como “vacunas”.

En casos de corrupción se presenta una propuesta que consiste en extender los tiempos de investigación previa y la instrucción fiscal en procesos que sean declarados como complejos. Hay otras reformas al COIP, en materia de género, relacionadas con el reconocimiento de derechos a las víctimas de violencia basada en género.

La reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional comprende varios ejes: jueces especializados, competencia, duplicidad de acciones, reparación integral, medidas cautelares, acción de protección, hábeas corpus, entre otros.

Además, varios artículos pretenden la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, respecto a la ejecución de sentencias en materia penal.

Por su parte el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela agradeció al Presidente del Parlamento por el espacio, donde dialogaron sobre las posibles reformas. “Hemos acordado conformar equipos técnicos en los temas seguridad y justicia para revisar las propuestas de reformas”, resaltó.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presidida por la asambleísta Inés Alarcón, aprobó por unanimidad su plan de trabajo para el período 2023-2025. El organismo Legislativo trabajará de manera prioritaria en las normativas que permitan combatir al crimen organizado.

El plan de trabajo contextualiza la orientación estratégica y el contexto actual de la crisis de inseguridad que atraviesa el país; el estado de situación que describe el avance de los proyectos de ley en estudio; y, la planificación de las principales acciones priorizadas en materia de desarrollo normativo, participación ciudadana, fiscalización y evaluación de la ley.

La comisión ha identificado doce proyectos de ley en trámite y seis convenios internacionales que cuentan con informes aprobados y enviados a la Secretaría General, para su tratamiento ante el Pleno de la Asamblea Nacional.

En tal sentido, priorizará el tratamiento de los proyectos de Ley de Vigilancia y Seguridad Privada; Inteligencia; Seguridad Digital; Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios; para el Control del Espacio Aéreo Nacional.

También darán seguimiento a otros cuerpos legales que quedaron pendientes, como el Código de Seguridad del Estado; Código de la Policía Nacional; Reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público; de Reconocimiento a Veteranos de Guerra en el Ecuador, entre otros.

La presidenta de la comisión, Inés Alarcón subrayó que el afán es entregar al país leyes que permitan enfrentar la inseguridad y la crisis penitenciaria que atraviesa el país, a fin de colaborar junto al Gobierno y al Poder Judicial, en la construcción del marco institucional y legal que fortalezca a los operadores de justicia y a las fuerzas de seguridad, dotándoles de las herramientas legales necesarias para combatir a la delincuencia y al crimen organizado transnacional.

Recordó que el Consejo de Seguridad ha declarado al crimen organizado como una amenaza de seguridad al Estado, por lo que es imperativo actuar en armonía con las directrices del máximo órgano de seguridad.

Fiscalización

En los procesos de fiscalización hará el seguimiento a las recomendaciones del Informe de Investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país, por cuanto la emergencia en el ámbito de seguridad está causando grave conmoción social.

También a las normas sobre seguridad nacional; terrorismo; seguridad fronteriza; declaratoria de «minería ilegal como amenaza y atentado a la seguridad integral del Estado»; depuración, reestructuración y fortalecimiento de las entidades de seguridad del Estado, entre otros.

Con la representación de las diferentes bancadas políticas, bajo criterio de paridad de género y con el voto favorable de la mayoría absoluta de los asambleístas, el Pleno de la Asamblea Nacional designó a los integrantes del Comité de Ética.

Jajhaira Urresta (RC); Lucía Jaramillo (PSC); Nicole Saca (ADN); y, Pedro Velasco (IND) fueron designados miembros del Comité, con una votación superior a los 100 votos. El quinto integrante será designado mañana, a las 09h00, en la continuación de la sesión No. 873 del Pleno.

La moción fue presentada por el asambleísta Adrián Castro, quien destacó la relevancia del objetivo y la participación del Comité, por lo que su integración es multipartidista como muestra de unidad.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), el Comité de Ética se reunirá únicamente para conocer y sustanciar las denuncias sancionadas con destitución, por tanto, no podrán actuar de oficio.

Tiene competencia para conocer los hechos denunciados que incurran en infracciones señaladas en la Constitución y en la LOFL.

Este órgano legislativo tiene dentro de sus atribuciones iniciar, previa denuncia, el proceso de investigación en contra de cualquier asambleísta que haya incurrido en infracciones; emitir un informe motivado que pasará a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para su respectiva resolución y ejecución; así como, proponer o pronunciarse respecto a iniciativas que busquen fomentar la ética y transparencia dentro del Parlamento.

En cumplimiento del numeral 12 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle Kozhaya, tomó el juramento de rigor y posesionó a Xavier Mauricio Torres, como Contralor General del Estado.

La posesión se cumplió una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con fecha 7 de noviembre de 2023, designó a Torres Maldonado, luego del proceso de selección realizado por la comisión ciudadana, mediante concurso público de oposición y méritos.

El Contralor General del Estado, tras su posesión en la Asamblea Nacional, ejercerá sus funciones durante un período de cinco años, tendrá fuero de Corte Nacional y estará sujeto al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional.

Mauricio Torres manifestó que la Contraloría tiene la misión de fomentar la transparencia en la función pública y control eficiente de los recursos del país, y con ello contribuir al cumplimiento de los objetivos del desarrollo. Reiteró el compromiso con la buena gobernanza y la fiscalización de los recursos públicos, a la vez invitó a un gran diálogo por la transparencia y sacar adelante al país.

Según la Constitución de la República, la Contraloría General es un organismo técnico, encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

A esta institución le corresponde dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna y externa, y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos; determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la Fiscalía General del Estado; y, expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones, entre otras competencias.