Varios actores y representantes de organizaciones de la sociedad civil expresaron sus criterios, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, sobre la propuesta del Ejecutivo de incrementar de 12 al 15% al Impuesto al Valor Agregado IVA.
Eso en el marco del tratamiento del proyecto económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica que tramita esa comisión Legislativa.
En esta sesión, participaron Carlos Marx Carrasco, exministro de Trabajo; María Paz Jervis presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción; Juan Salvador, presidente del Colegio de Economistas; Rodrigo Gómez de la Torre, delegado de la Asociación Holstein del Ecuador; Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano; Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal; Alberto Acosta Burneo; los investigadores Bernardo Gortaire y Ramiro Lapeña; y, los docentes universitarios Natalia Sierra, John Cajas, Esthela Silva y Raúl Aldaz.
Los comparecientes coincidieron en que el Ecuador tiene un problema estructural de las finanzas públicas y para solucionarlo requiere una serie de reformas para la generación de ingresos y la reducción de gastos.
Al tratarse de un impuesto que recae sobre el consumo, y no sobre los ingresos, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) profundice la recesión económica y que se ahonden las condiciones de pobreza de la población.
Enfatizaron que no debe ser la única medida adoptada, sino que incluya otras, como el incremento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), progresividad del Impuesto a la Renta a quienes tienen mayores ingresos, impuestos sectorizados justos y focalización de subsidios para que el Estado alivie el déficit fiscal y fortalezca la gestión en materia de seguridad.
Además, que el Estado implemente mecanismos que transparenten el destino de los recursos y la ejecución del Presupuesto General del Estado y fortalezcan la cultura tributaria, que castiguen severamente la evasión de impuestos y el contrabando. También políticas para erradicar la corrupción y el mal uso de los recursos del Estado.
Finalmente, advirtieron que, aunque los productos de primera necesidad no gravan IVA, se debe incluir una exención de los productos que forman parte de la cadena productiva para que no se genere un costo directo de producción que afecte a los comercios.