Procuraduría presentará acciones legales ante la Corte Constitucional por reforma al COOTAD.
La resolución aprobada este martes en el Concejo Metropolitano advierte una afectación a la autonomía política, administrativa y financiera del Distrito y alerta sobre posibles impactos en servicios como educación, salud y programas sociales dirigidos a grupos prioritarios.
Con 15 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó este martes una resolución para que la Procuraduría interponga acciones legales ante la Corte Constitucional del Ecuador, con solicitud de medidas cautelares, frente a la reforma albCódigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador y puesta en vigencia de inmediato por el Gobierno Nacional Presidencia de Ecuador.
El alcalde Pabel Muñoz sostuvo que, de aplicarse la reforma en los términos aprobados, el Municipio de Quito debería ajustar aproximadamente USD 459 millones para cumplir con la nueva normativa.
“Decidan ustedes qué cortamos”, expresó al proyectar servicios vinculados a salud, educación, transporte e inclusión social y que deberían reducirse.
“El Municipio de Quito puede ser de los grandes perjudicados por esta reforma, que no era urgente ni necesaria. Quito ya cumplía con la norma vigente y destinaba el 100 % de las transferencias del Gobierno a obras”, afirmó Pabel Muñoz.
Quito ya cumple con la ley 70-30
Durante la sesión, la administradora general, Grace Rivera, explicó que el presupuesto municipal proyectado para 2026 asciende a USD 1.042 millones, de los cuales USD 612 millones se destinan a inversión.
De ese monto, USD 375 millones corresponden a
transferencias del Gobierno Central, recursos que, según indicó, ya se invierten en su totalidad, además de USD 237 millones adicionales provenientes de ingresos propios, por lo que la ley se cumple, no se destina el 70%, sino el 100%.
Rivera advirtió que la eliminación de las partidas 71 y 78 afectaría la ejecución de obras y proyectos estratégicos, entre ellos intervenciones en el parque Bicentenario, la solución vial Rumihurco, la ampliación de la avenida Quitumbe Ñan, infraestructura ambiental, nuevos bloques de salud, centros Quito Wawas, fondos para parroquias rurales y becas educativas.
En el debate, la concejala Estefanía Grunauer llamó a la unidad del Concejo para defender los servicios dirigidos a niños, niñas y adultos mayores.
Por su parte, el concejal Emilio Uzcátegui señaló que la discusión trasciende lo institucional y se
relaciona con la garantía de derechos.
“El desarrollo no es solo cemento; es educación, es salud. Los derechos no son privilegios, son garantías”, concluyó el alcalde Pabel Muñoz.
