QUITO,ECUADOR.-El Colegio de Ingenieros de Pichincha (CICP) expresa su preocupación ante el incremento sostenido de construcciones informales en el Distrito Metropolitano de Quito, situación que evidencia la urgente necesidad de aplicar de manera rigurosa las leyes, ordenanzas y mecanismos de control vigentes, sin esperar a la consolidación de edificaciones que incumplen la normativa.
Datos recientes de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) reflejan la magnitud del problema: en 2025 se sancionó a 265 infractores por construcciones irregulares, lo que representa un aumento del 44,8% respecto a 2024.
Asimismo, las suspensiones de obra crecieron en un 85%, pasando de 359 a 664 casos. Esta tendencia se mantiene en 2026, donde en apenas el primer trimestre ya se registran 145 sanciones y 153 suspensiones de obra.
Estas cifras evidencian que existe un control municipal, pero la expansión de prácticas constructivas fuera del marco legal supera este control, particularmente en sectores como Tumbaco y Los Chillos, donde se concentra cerca del 30% de los casos.
Este crecimiento desordenado genera presión sobre el territorio, incrementa los costos de dotación de servicios básicos y, en muchos casos, obliga al Municipio a intervenir en zonas de alto riesgo, comprometiendo recursos públicos significativos.
Frente a esta realidad, el presidente del CICP, Ing. Vinicio Freire, hace un llamado a las autoridades competentes para intensificar los controles desde las primeras etapas de ejecución de las obras, evitando que las construcciones informales avancen durante largos periodos hasta su consolidación, momento en el cual las acciones correctivas resultan más complejas y costosas.
De igual manera, enfatiza la necesidad de que los procesos de regularización de edificaciones se realicen bajo evaluaciones técnicas rigurosas, con la participación de profesionales calificados, garantizando así la seguridad estructural, el cumplimiento normativo y la protección de la vida.
El CICP reitera que el respeto a la normativa vigente no solo previene sanciones, que pueden alcanzar hasta USD 48.200, sino que también contribuye a un desarrollo urbano ordenado.
En este marco, solicita a los constructores, promotores inmobiliarios y ciudadanía en general a gestionar los permisos correspondientes antes de iniciar cualquier tipo de obra y confiar en el acompañamiento de profesionales competentes y responsable.
