La decisión del gobierno de pagar de manera puntual la deuda externa, incrementar gasto en seguridad e invertir alrededor de 60 millones de dólares en consulta popular, afectaría el rubro previsto en el presupuesto fiscal, para este año, en programas a favor de la niñez y adolescencia.
En este sentido se pronunciaron asambleístas de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, hasta donde acudieron funcionarios de instituciones del Estado, para analizar la Proforma Presupuestaria 2024, en materia de primera infancia, niñez y adolescencia y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025.
La propia subsecretaria de Finanzas, Olga Núñez informó que se han asignado 642 millones de dólares a las instituciones del área social; sin embargo, reconoció una reducción en el presupuesto 2024, para este sector.
Por su parte, María José Pinto, secretaria técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, indicó que el país estaría enfrentando graves consecuencias en el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, debido al déficit presupuestario que incrementaría los niveles de enfermedades y pobreza.
La asambleísta Pierina Correa, presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea lamentó que el Gobierno haya decidido gastar 60 millones de dólares en consulta popular y pagar puntualmente la deuda externa, cuando esos recursos económicos pueden atender las necesidades de los ecuatorianos.
El viceministro de Inclusión Social, Harold Burbano reveló que, para enfrentar el recorte presupuestario al Ministerio de Inclusión Social, MIES se han firmado convenios con los gobiernos autónomos descentralizados, para trabajar juntos y dar sostenibilidad a los servicios.
En ese sentido indicó que trabajarán conjuntamente con el CONAGOPARE para atender especialmente a niños de 0 a 3 años.
“La gestión de protección especial es otro programa, cuyo fin es dar acogida tanto a niños como adolescentes. Aquí cuenta la atención a personas en estado de calle y mendicidad”, subrayó.
Sostuvo que el MIES requiere 238 millones de dólares para atender a la población vulnerable y ese déficit, aclaró, debe solucionase trabajando de manera articulada con los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, concejos provinciales y juntas parroquiales.