Pleno Legislativo define agenda para semana del 15 al 21 de diciembre

QUITO,ECUADOR.-En la semana del 15 al 21 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional mantendrá dos sesiones, con el propósito de proceder al segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica del Deporte y tramitar en primer debate los proyectos de Ley Orgánica de Repetición y de la Ley para regular el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. También, los legisladores se pronunciarán respecto de la adhesión del Ecuador al Tratado de Naciones Unidas sobre el Comercio de Armas.

Igualmente, las comisiones especializadas permanentes, ocasionales, grupos parlamentarios, entre otras instancias legislativas, retomarán el análisis de proyectos de ley en diversas ramas, así como las acciones de fiscalización y control político. En este ámbito, prevén recibir a autoridades, delegaciones de organizaciones sociales, organismos públicos y privados.

Pleno

Para el martes 16 de diciembre, a las 10h00, está convocada la sesión 057 del Pleno, con el propósito de tramitar, en segundo debate, el Proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación.

La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte considera que este proyecto, en sus más de 280 artículos, fortalece el marco normativo en esta materia, actualizando sus disposiciones a los estándares constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos; consolida un Sistema Nacional del Deporte más articulado, eficiente y transparente, definiendo con mayor claridad las competencias, tanto del ente rector, cuanto de los organismos deportivos, e incorpora mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas.

Después, los legisladores tramitarán, en primer debate, el Proyecto de Ley Orgánica de Repetición, sobre la base del análisis efectuado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Este proyecto tiene por objeto regular y establecer los mecanismos para determinar la responsabilidad patrimonial y hacer efectiva la acción de repetición de acuerdo a lo previsto en la Constitución y la ley, en contra de los agentes estatales que han producido un daño a los particulares y por el cual el Estado ha sido condenado a pagar alguna indemnización.

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