En Quito el Concejo Metropolitano aprobó este lunes con 14 votos la reforma a la Contribución Especial de Mejoras (CEM), iniciativa impulsada por el alcalde Pabel Muñoz que busca corregir inequidades históricas en el financiamiento de obras.
El nuevo modelo sustituye el cobro concentrado en pocos vecinos por un sistema de distribución proporcional y equitativo.
El cambio central aprobado a la Contribución Especial de Mejoras (CEM), radica en que las obras ya no serán costeadas exclusivamente por los «frentistas» (propietarios directos), sino por todos aquellos que se benefician de la intervención. Según la magnitud de la obra, el cobro se dividirá en cuatro niveles: local, parroquial, zonal o distrital.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz indicó que esta reforma es una respuesta necesaria a inequidades: «Es inconcebible que no se haya planteado antes esta pregunta por un tema de equidad. Las obras de presupuestos participativos deben ser entendidas como un esfuerzo metropolitano para corregir desigualdades territoriales; por lo tanto, no pueden cargarse solo a los frentistas, sino a la comunidad entera que se beneficia de ellas».
-Ampliación de plazos y justicia para la ruralidad
La reforma también aborda la capacidad de pago de las familias y la deuda histórica con las parroquias rurales.
La concejala y vicealcaldesa, Fernanda Racines, destacó la importancia de adaptar los cobros a la realidad económica de los barrios: «No es posible que un barrio que recibe una obra después de 40 años tenga que pagarla en solo cinco. Ahora el plazo se amplía a 20 años y la pagaremos todos los beneficiarios bajo el principio de solidaridad. Es injusto que gestiones anteriores solo pensaran en la parte urbana y olvidaran la ruralidad, que es la que nos da de comer y nos provee de agua».
El beneficio de este nuevo esquema es directo y tangible. Bajo el sistema anterior, un ciudadano podía enfrentar un cobro de USD 500 dólares por la rehabilitación de su calle. Con la nueva distribución solidaria, ese valor podría reducirse a USD 1 dólar, al repartirse el costo entre el universo real de usuarios de la obra.
-Vigencia de la normativa
Este nuevo esquema de justicia tributaria se aplicará a las obras ejecutadas mediante presupuestos participativos a partir de 2026.
Con esta medida, el Municipio de Quito garantiza que el desarrollo de la infraestructura urbana no comprometa la estabilidad económica de las familias, promoviendo una corresponsabilidad ciudadana justa y equilibrada.
