QUITO,ECUADOR.-La Comisión de Gobiernos Autónomos sigue el proceso de fiscalización sobre los presuntos incrementos injustificados del patrimonio de alcaldes y prefectos. En esta jornada recibió a la vicealcaldesa del cantón Sígsig, provincia del Azuay, Ximena Cali, quien expuso varios hechos que, a su criterio, ameritan ser investigados.
En su intervención, la autoridad señaló presuntas irregularidades relacionadas con la construcción del sistema de alcantarillado, la adjudicación de ínfimas cuantías a los mismos proveedores, la contratación de servicios para festividades, la falta de sesiones ordinarias semanales del concejo cantonal y un posible caso de nepotismo en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig.
Asimismo, informó que, en ejercicio de su facultad fiscalizadora, ha solicitado información al Registro de la Propiedad del cantón Sígsig y de otras jurisdicciones sobre bienes que estarían vinculados con las investigaciones, entre ellos una fábrica cuyo valor se estima en aproximadamente USD 200.000.
En el debate, Cali indicó que cuatro concejales han presentado las respectivas denuncias ante las instituciones competentes. No obstante, aseguró que, hasta la fecha, no han recibido respuesta de la Contraloría General del Estado ni del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).
Además, enfatizó que la autonomía política, administrativa y financiera reconocida por la Constitución para los gobiernos autónomos descentralizados no implica ausencia de control. Recordó que la norma superior establece el marco de competencias de estas entidades.
En el intercambio de criterios, el legislador Pablo Jurado recomendó priorizar el seguimiento a la información proporcionada por la Contraloría General del Estado respecto de los alcaldes que, presuntamente, habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio. Esta posición fue respaldada por la legisladora Sandra Figueroa.
Por su parte, la asambleísta Patricia Núñez se refirió a las competencias que, en esta materia, corresponden a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado.
Las exposiciones y la información recopilada serán analizadas por la comisión como parte del proceso de fiscalización, previo a la elaboración del informe que será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, dentro del plazo establecido.
NOTA ASAMBLEA NACIONAL
