La Comisión de Fiscalización recibió al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien informó las acciones desarrolladas para atender la crisis energética que afecta al país. En este sentido, el Secretario de Estado detalló el avance de la inversión en el sector eléctrico, para que las empresas de generación y distribución cumplan adecuadamente sus obligaciones.

Explicó que en lo que va de 2024 se registra una ejecución presupuestaria del 25 % del Operador Nacional de Electricidad (Cenace); del 4% en lo que atañe al Ministerio de Energía; y, el 20 % por parte de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

Informó que está en marcha un plan de ampliación de la generación eléctrica, por el orden de 1.056 millones de dólares, con la participación del sector privado para atender la demanda de energía, con proyectos hidroeléctricos, eólicos y otros, a partir de tecnologías limpias.

Dijo que el principal impulso que se da a este sector contempla más de 800 megavatios, sobre todo con proyectos fotovoltaicos. Aseguró que se ha entrado en una nueva fase de financiación del sector energético, tomando como base el programa económico que ha tenido acogida en organismos internacionales, entre ellos, el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Indicó que las hidroeléctricas Cardenillo y Santiago son proyectos muy importantes que están avanzando, tanto en estudios, cuanto en la búsqueda de los socios estratégicos, mediante asociaciones público privadas, para potenciar la oferta de energía eléctrica. Indicó que se cuenta con los recursos para devolver el 50 % del valor de las planillas de consumo del mes pasado, debido a los racionamientos de energía, según lo ofrecido por el Presidente de la República.

En cuanto a los problemas de la central Coca Codo Sinclair, el ministro Vega aseveró que existen empresas interesadas en subsanar esos inconvenientes, incluyendo la erosión regresiva y la reparación de las fisuras y que en este momento se avanza en los diálogos para tomar las decisiones más adecuadas para los intereses del país.

Añadió que son empresas francesas y españolas, en su mayoría, empresas privadas que van a invertir en el negocio energético, quienes tendrán un margen de utilidad para sus inversiones.

Concluida la intervención del ministro, los miembros del organismo parlamentario expresaron algunas preocupaciones sobre la sostenibilidad de los proyectos fotovoltaicos y eólicos, puesto que también dependen de condiciones de la naturaleza; igualmente en torno al tema de las tarifas por el servicio de energía, considerando que las empresas privadas buscan rentabilidad, por sobre el interés de los usuarios.

El asambleísta Roberto Cerda, representante de la provincia del Napo, presentó una iniciativa legal que permitirá garantizar la contratación preferente del 80 % de personas residentes de la Amazonía, establecida en la Ley Amazónica.

A través de reformas a las leyes orgánicas de Servicio Público, de Participación Ciudadana y al Código Orgánico de la Función Judicial, la norma busca crear un marco sancionatorio que garantice que los funcionarios públicos acaten las directrices de la Ley Amazónica, y las entidades públicas y privadas cumplan sus deberes con responsabilidad.

“En todos los procesos de contratación pública de obras, bienes y servicios en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, se aplicarán acciones afirmativas que garanticen que al menos el 80 % de estos pertenezca al territorio específico en la cual se ejecute la contratación, requisito que deberá ser explícito en los respectivos y términos de referencia”, manifestó el legislador.

El incumplimiento de esta disposición será causal de destitución o remoción del cargo de la autoridad pública, servidor público o dignidad de elección popular, según el proyecto.

Además, la disposición reformatoria segunda contenida en esta iniciativa, propone que los ciudadanos podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular, si incumplieran su obligación sobre los porcentajes de empleo y contratación pública preferente en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

El parlamentario señaló que es fundamental reconocer que la equidad real requiere que los sectores público y privado trabajen en conjunto, para capacitar y desarrollar las habilidades técnicas demandadas por las empresas en la región, asegurando así que los residentes amazónicos tengan la oportunidad de competir por empleos futuros en igualdad de condiciones.

Finalmente, aseguró que este proyecto se alinea al “Plan Nacional de Desarrollo Para un Nuevo Ecuador 2024-2025”, puesto que busca generar prosperidad en las provincias amazónicas atendiendo a sus habitantes y de manera particular a aquellos que pertenecen a los quintiles más bajos de pobreza.

Que se transparente el sistema de admisión y nivelación en la educación superior, para garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior en igualdad de condiciones, es el objetivo de la iniciativa legislativa denominada proyecto de Ley Reformatoria para la Transparencia del Acceso al Sistema de Educación Superior, propuesto por la asambleísta Katiuska Miranda.

Según la legisladora, la oferta es inferior a la demanda de cupos para educación superior, por lo que muchos jóvenes deben pasar años intentando ingresar a la carrera profesional que deseen o, caso contrario, deben optar por ingresar a institutos universitarios.

“A esto se suma el tráfico de influencias para entregar cupos a aspirantes con menor puntaje que el reglamentario, lo que causa que muchos jóvenes que alcanzaron un puntaje superior queden fuera de las listas de seleccionados”, advirtió.

De ahí que, entre las propuestas del proyecto de ley, consta que “toda información que se genere de las evaluaciones sea totalmente pública, para que los aspirantes que se sientan perjudicados puedan observar las calificaciones que alcanzaron y, en base a esta información, presenten los reclamos justos, en caso de sentirse perjudicados”, insistió Katiuska Miranda.