13 jueces, 7 abogados, 4 servidores del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), 2 policías, 2 secretarios de juez y 3 personas que actuaban como tramitadores-facilitadores, integran la lista de los 31 procesados por el denominado caso “Plaga”.
El pasado 4 de abril de 2024, por pedido de la Fiscalía fueron vinculadas 14 personas al proceso penal por presunta delincuencia organizada.
Mientras tanto, este domingo 30 de junio, en audiencia desarrollada en la Corte Nacional de Justicia, fueron vinculadas 17 personas más.
Los 14 vinculados el 4 de abril:
Franklin Edmundo Tenorio. juez de primer nivel de Pasaje, El Oro.
Ángel Lindao, exjuez de La Concordia.
Simón García, exjuez de Paján, Manabí.
Byron Orejuela, exjuez del cantón Flavio Alfaro, Manabí.
Joffre Rivera, juez de Manabí.
María José Lapo, secretaria de juez.
Gary Fabricio Palma, secretario de juez.
Lenin Vimos, abogado en libre ejercicio.
Hugo Lara Olmos, abogado en libre ejercicio.
José Daniel T. Ch, abogado en libre ejercicio
José Alfredo M.B, funcionario del SNAI, trabajaba en la cárcel de Cotopaxi.
Omar Israel J.B., exfuncionario del SNAI, trabajó en la cárcel de Turi.
Hugo Marcelo Arévalo, policía en servicio activo.
Marco Patricio Coque, policía en servicio activo.
Los 17 vinculados el 30 de junio:
Jorge Eduardo A., juez de Unidad Judicial Penal de Santo Domingo.
Luis Alberto L. L., juez del Cantón Huaquillas.
Jorge Efraín M. B., juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Patricio Armando C. C., juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Galo Efraín L. G., juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
José Xavier G. H., juez del Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas.
Banny Rubén M. B., juez de Garantías Penitenciarias de Manabí.
Adriana Carolina Z. C., jueza de la Unidad Judicial del Cantón Milagro.
Cristian Giovanny R. M., abogado, presunto Líder de la Organización Criminal.
Javier Enrique G. C., abogado colaborador de Cristian R. M.
Bryan Guillermo P. Z., abogado en Libre Ejercicio.
Víctor Samuel V. N., abogado en libre ejercicio.
Xavier Raúl A. B., exfuncionario del SNAI, laboraba en el Centro de Privación de Libertad Azuay N° 1.
Danny Andrés O. Z., exfuncionario de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura y Funcionario del SNAI en el Centro de Privación de Libertad de El Oro.
Jonathan Roberto A. S.
Mellani Dayana A. T., pariente de la jueza Anabel T.
Michael Ismael H. S.
¿Cómo operaba esta estructura delictiva?
Los treinta y un procesados habrían sido parte de una estructura, dedicada a captar a personas privadas de libertad sentenciadas o con prisión preventiva –por asesinato, tráfico de drogas, violación, entre otros– para ofrecerles recuperar su libertad –de forma ilegítima– mediante acciones constitucionales que se tramitaban en Santo Domingo, Azuay, Chimborazo y Pichincha.
Según la fiscal general del Estado, Diana Salazar, estas acciones incluían la adulteración de certificados médicos y la construcción de arraigos falsos para otorgar libertad a miembros de la banda delictiva de “Los Lobos”.
Por estos “favores”, se ofrecían a cambio de altas sumas de dinero que, a su vez, eran negociados con jueces y secretarios judiciales, con el fin de obtener sorteos directos en dichas acciones constitucionales, y cuyas resoluciones habrían derivado en la libertad de los procesados.
En la audiencia del pasado domingo, la fiscal Salazar, presentó más de treinta y tres elementos de convicción que dan cuenta de las intenciones de los hoy vinculados, de desnaturalizar el sistema de justicia, mediante la perpetuación de delitos, a cambio de réditos económicos, como cohecho agravado, tráfico de influencias, concusión, prevaricato, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y oferta de realizar tráfico de influencias, desarrollados dentro del tráfico cotidiano de la justicia ecuatoriana.
En un principio, este proceso penal estaba a cargo de la Fiscalía Provincial de Pichincha. No obstante, la investigación –a través de testimonios anticipados y cooperaciones, cotejados con los elementos de convicción recabados– determinó que también habrían participado jueces que son sujetos de fuero de Corte, por lo que el caso pasó a la Fiscalía General y a la Corte Nacional de Justicia.
Según la Fiscalía, desde el año 2022 se empezó a gestar esta estructura criminal liderada por el hoy vinculado Cristian Giovanny R. M., quien tuvo como coidearios a sus colegas Lenin Javier V. y Hugo Alexander L. H. (I)
PGR/
