Con número de trámite 441099, el 12 de enero de 2024, BANECUADOR B.P. remitió a la Asamblea Nacional para su tratamiento, el “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Administrativo (COA)”. Previamente en octubre de 2023, durante el ejercicio del gobierno anterior, BANECUADOR B.P., presentó la reforma actualmente en consideración como proyecto de Decreto-Ley, pero esta intención no prosperó.

El Proyecto de Ley en mención, hace referencia a la ampliación significativa a los plazos para el pago de deudas, precisando la reforma del artículo 277 del COA para extender el período de pago a un rango más amplio, esto es de 72 meses o 6 años, actualmentese destaca una corta duración de las facilidades de pago dispuestas en el artículo 277 del COA, lo cual ha desalentado a los deudores del Estado a optar por esta alternativa. Los plazos originalmente establecidos de 24 meses o 2 años resultan inviables para muchos.

De tal forma que, reconociendo el compromiso inquebrantable de la Asamblea Nacional con el espíritu de servicio público hacia los ecuatorianos, celebrando la existencia de otra propuesta legislativa que respalda la nuestra, la cual fue recientemente presentada por una Asambleísta, solicitamos unir fuerzas y coordinar las acciones necesarias orientadas a impulsar de manera conjunta el “Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Administrativo (COA)» y coadyuvar de manera significativa al desarrollo y éxito de la iniciativa propuesta, asegurando así beneficios duraderos para la ciudadanía ecuatoriana.

De lograrse esta consideración, la solución efectiva ante este desafío, permitiría a los deudores morosos del Estado cumplir con sus obligaciones de manera más realista y manejable, con la finalidad de concluir sus obligaciones pendientes, generando así un alivio financiero y económico en nuestros deudores.

BANECUADOR B.P. reafirma su compromiso con el bienestar económico de los ecuatorianos y continuará abogando por medidas que impulsen el desarrollo de la matriz productiva del Ecuador. Estamos abiertos a establecer un diálogo constructivo y a trabajar de la mano con la Asamblea Nacional para lograr los objetivos comunes que redundarán en el bienestar del país.

Varios actores y representantes de organizaciones de la sociedad civil expresaron sus criterios, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, sobre la propuesta del Ejecutivo de incrementar de 12 al 15% al Impuesto al Valor Agregado IVA.

Eso en el marco del tratamiento del proyecto económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica que tramita esa comisión Legislativa.

En esta sesión, participaron Carlos Marx Carrasco, exministro de Trabajo; María Paz Jervis presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción; Juan Salvador, presidente del Colegio de Economistas; Rodrigo Gómez de la Torre, delegado de la Asociación Holstein del Ecuador; Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano; Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal; Alberto Acosta Burneo; los investigadores Bernardo Gortaire y Ramiro Lapeña; y, los docentes universitarios Natalia Sierra, John Cajas, Esthela Silva y Raúl Aldaz.

Los comparecientes coincidieron en que el Ecuador tiene un problema estructural de las finanzas públicas y para solucionarlo requiere una serie de reformas para la generación de ingresos y la reducción de gastos.

Al tratarse de un impuesto que recae sobre el consumo, y no sobre los ingresos, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) profundice la recesión económica y que se ahonden las condiciones de pobreza de la población.

Enfatizaron que no debe ser la única medida adoptada, sino que incluya otras, como el incremento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), progresividad del Impuesto a la Renta a quienes tienen mayores ingresos, impuestos sectorizados justos y focalización de subsidios para que el Estado alivie el déficit fiscal y fortalezca la gestión en materia de seguridad.

Además, que el Estado implemente mecanismos que transparenten el destino de los recursos y la ejecución del Presupuesto General del Estado y fortalezcan la cultura tributaria, que castiguen severamente la evasión de impuestos y el contrabando. También políticas para erradicar la corrupción y el mal uso de los recursos del Estado.

Finalmente, advirtieron que, aunque los productos de primera necesidad no gravan IVA, se debe incluir una exención de los productos que forman parte de la cadena productiva para que no se genere un costo directo de producción que afecte a los comercios.

La ordenanza que regula la ocupación de la vía pública mediante la instalación de elementos de seguridad entró en vigencia este viernes, una vez que fue publicada en el Registro Oficial.

Con ello, arranca un plazo de 6 meses máximo para que se regularicen los colectivos o comunidades que hayan instalado rejas en su vecindario con anterioridad a la vigencia de la presente normativa.

De acuerdo con la ordenanza, la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial (DUPOT) analizará, en estos casos, que dichos elementos de seguridad cumplan con las especificaciones técnicas determinadas en la ordenanza.

Es así que, entre otros requisitos, se debe cumplir con que los portones sean metálicos en todo su conjunto y no deben poseer una viga superior fija que dificulte el ingreso vehicular. Las columnas de los portones no podrán ser de hormigón. Las estructuras no podrán ser de placas metálicas o cualquier otro material que impida visualizar al interior y exterior de la vía que se interviene.

Además, las estructuras deberán ser de material resistente y pintados con pintura anticorrosiva de color blanco, negro o verde. No deben encontrarse deterioradas o en mal estado.

El 70% de los vecinos debe estar de acuerdo con la instalación de estas rejas, tal y como se exige para quienes vayan a pedir por primera vez el permiso.

Vencido el plazo de seis meses, los elementos de seguridad que se encuentren instalados en el cantón y que no hayan iniciado el trámite de regularización, deberán ser desinstalados de manera inmediata; caso contrario, serán retirados por la administración municipal y se cargarán los costos del retiro más la sanción respectiva con las personas o colectivos infractores.

En tanto, aquellos casos de barrios o comunidades que instalen por primera vez las estructuras deberán cumplir con requisitos y procedimiento de admisibilidad para la solicitud del permiso temporal que será por un año.

Cabe recordar que, en todos los casos, ya sea por primera vez o por regularización de rejas ya instaladas, se debe asegurar que los elementos de seguridad no obstaculicen el acceso de personas con movilidad reducida.

También se debe garantizar la accesibilidad necesaria a las entidades públicas y privadas vinculadas a la atención de emergencias y servicios públicos las 24 horas y el tránsito vehicular y peatonal en un horario comprendido desde las 6:00 hasta las 20:00, de lunes a domingo.

Luego de superar problemas técnicos en el sistema de comunicaciones y garantizar la completa seguridad de todos sus usuarios se informa a la ciudadanía que se restablece la operación en el Metro de Quito.

Al momento ya están habilitadas las 15 estaciones y todos sus accesos, las mismas que estarán operativas hasta las 22h00, en el horario establecido para este sábado 20 de enero de 2024

Agradecemos a la ciudadanía por su comprensión frente a las molestias causadas.

El Metro de Quito suspendió temporalmente su operación este sábado a las 17h00, por la aplicación de protocolos técnicos y sobre todo para precautelar la seguridad de los usuarios.

En el marco del Plan Fénix, Fuerzas Armadas y Policía Nacional están desplegadas en todo el territorio nacional. En las últimas horas, se han ejecutado diversas acciones, que incluyen allanamientos y controles en distintas zonas del país. Las medidas forman parte de la estrategia integral para mantener el orden y prevenir actividades terroristas y delictivas.

En concordancia con las directrices presidenciales, se ha puesto especial atención en los centros de privación de libertad. En este contexto, las fuerzas del orden continúan interviniendo el CPL Guayas por segundo día consecutivo. Según lo indicado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, se ha llevado a cabo la intervención de 10 centros penitenciarios con controles exhaustivos de municiones, armas, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización, con el fin de mantener el control en dichos espacios.

Los operativos en todo el país continúan arrojando resultados diarios en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Por ejemplo, en Ambato se detuvo a dos personas por tenencia de armas de fuego; en Santa Elena a tres antisociales que movilizaban una gran cantidad de paquetes con sustancias sujetas a fiscalización; en Esmeraldas a cuatro personas por robo y a tres miembros de la organización terrorista Los Tiguerones; y en Imbabura, se aprehendió a dos ciudadanos en actividades ilícitas, decomisando armas, municiones, explosivos, utilizados en la minería ilegal.

Hasta la fecha, se han ejecutado 26.390 operativos, con resultados notables en términos de control y preservación del orden público.

2.369 detenidos; de ellos 158 por terrorismo

72 operaciones contra grupos terroristas

5 terroristas abatidos

885 armas de fuego incautadas

1.069 armas blancas incautadas

64 alimentadoras incautadas

15 embarcaciones aprehendidas

18.523 dólares incautados

4.639 explosivos incautados

25.822 municiones incautadas

490 vehículos recuperados

308 motocicletas recuperadas

8.073 galones de combustible

624 celulares decomisados

6.360 kilogramos de droga decomisada

A estas acciones se suman la constante evaluación de las acciones por parte del Gobierno Nacional. En horas de la mañana, el presidente de la República, Daniel Noboa Azin, lideró el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) en Guayaquil. Al finalizar la reunión, el Almirante Vela señaló que se mantienen las operaciones para localizar y neutralizar a integrantes y cabecillas de grupos terroristas.  Además, informó, que se reforzó, con seguridad militar, carreteras, espacios acuáticos, fronteras y aeropuertos.

En el marco del Plan Fénix, Fuerzas Armadas y Policía Nacional están desplegadas en todo el territorio nacional. En las últimas horas, se han ejecutado diversas acciones, que incluyen allanamientos y controles en distintas zonas del país. Las medidas forman parte de la estrategia integral para mantener el orden y prevenir actividades terroristas y delictivas.

En concordancia con las directrices presidenciales, se ha puesto especial atención en los centros de privación de libertad. En este contexto, las fuerzas del orden continúan interviniendo el CPL Guayas por segundo día consecutivo. Según lo indicado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, se ha llevado a cabo la intervención de 10 centros penitenciarios con controles exhaustivos de municiones, armas, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización, con el fin de mantener el control en dichos espacios.

Los operativos en todo el país continúan arrojando resultados diarios en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Por ejemplo, en Ambato se detuvo a dos personas por tenencia de armas de fuego; en Santa Elena a tres antisociales que movilizaban una gran cantidad de paquetes con sustancias sujetas a fiscalización; en Esmeraldas a cuatro personas por robo y a tres miembros de la organización terrorista Los Tiguerones; y en Imbabura, se aprehendió a dos ciudadanos en actividades ilícitas, decomisando armas, municiones, explosivos, utilizados en la minería ilegal.

Quito ha recibido cartas de intención de inversión de empresas españolas, francesas, mexicanas, italianas, entre otras; que ven a la ciudad como un destino propicio para la ejecución de proyectos de alto impacto como el nuevo Complejo Ambiental, la concesión de vías como la Ruta Viva y la Simón Bolívar, así como en áreas de: movilidad, producción, turismo, desarrollo urbano y facilitación de trámites.

Desde julio de 2023, el Municipio de Quito impulsa el programa Invierte en Quito, liderado por Pabel Muñoz, alcalde. El programa presenta, en su primera fase, un portafolio con 20 proyectos de inversión, en los sectores de movilidad, ambiente y producción, que fortalecerá el desarrollo económico y productivo de la ciudad. El portafolio de inversiones de la ciudad está valorado en cerca de USD 2 mil millones.

En una entrevista en Radio Municipal, Paulina Prócel, secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad, mencionó que las empresas que muestren interés deben tener experiencia en el sector, así como contar con ‘músculo financiero, para desarrollar el proyecto.

«Este año tendremos ya resultados y esperamos concretar con algunos inversionistas, existen tres proyectos principales, el nuevo Complejo Ambiental, la recuperación de la Ruta Viva y la Simón Bolívar, sin descuidar el resto del portafolio”, expresó. Estas iniciativas representan aproximadamente USD 1.100 millones.

Alianza estratégica con el sector privado

Entre la semana del 8 al 13 de enero, se realizaron reuniones con la Asociación de Cerveceros Artesanales del Ecuador, Cámara Ecuatoriana Británica, Vitelsa, Biolegal. Además, se mantienen diálogos con los inversionistas del sector privado, representantes de la economía popular y solidaria, aliados de las organizaciones de la sociedad civil y especialistas.

La Secretaria de Desarrollo Económico mantiene un cronograma de trabajo a fin de delimitar la hoja de ruta de los proyectos de inversión para la ciudad.

Datos claves

Para 2023, se reportó un valor por ventas acumuladas por cerca de USD 2.7 mil millones de dólares más que el año 2022, representado por el 4,1%.

Los seis sectores más productivos de Quito son las actividades profesionales e inmobiliarias (USD 5.885,2 millones), comercio (USD 5.166,4 millones), alojamiento y servicios de comida (USD 3.013 millones), manufactura (USD 2.694,1 millones), actividades financieras (USD 2.089,8 millones) y la administración pública (USD 1.501,9 millones).

En diciembre de 2023, respecto a diciembre 2022, se registró un valor de incremento en ventas, por USD 392 millones de dólares.

Las ventas en el sector turístico de Quito representan un 47,3% de ventas a nivel nacional. En el año 2023 se registraron 7.196 establecimientos turísticos gracias a las medidas de simplificación y eficiencia en trámites.

Hacia el ejercicio de actividades turísticas, la licencia LUAE cuenta con un proceso simplificado en línea, donde su obtención disminuye de 46 días a 10 minutos, aproximadamente.

La agenda 2024 continúa con el objetivo de restablecer la imagen del Distrito Metropolitano de Quito como destino mundial e incentivar la dinamización de la capital.

FUENTE, MUNICIPIO DE QUITO