QUITO.-El Proyecto Esperanza brindó asistencia humanitaria a más de 85mil personas migrantes, refugiadas y de la comunidad de acogida en Ecuador entre 2022 y 2023
Este esfuerzo multi-sectorial opera en diversas localidades del país, incluyendo: Guayaquil, Huaquillas, Ibarra, Lago Agrio, Manta, Quito y Tulcán.
En este período se entregó más de un millón de dólares en transferencias monetarias para responder a las necesidades de salud, alojamiento, y protección; con énfasis en sobrevivientes de violencia basada en género (VBG).
Tres de cada diez personas afectadas por crisis o desastres, atendidas por CARE en América Latina y el Caribe fueron las personas participantes de ESPERanza.
El 44,83% de la población encuestada han conocido o sido víctimas de inseguridad y solo el 10.9% denunció, según el Análisis Rápido de Género (ARG), desarrollado en el marco del proyecto ESPERanza.
El 28,4% de la población posee necesidades básicas insatisfechas con una alta exposición al acoso, riesgo de trata en el trabajo informal e ingresos menores al salario básico, cifra que forma parte de los hallazgos del ARG. Quito, Ecuador.
El proyecto ESPERanza es una iniciativa integral y multisectorial que tiene como objetivo abordar las necesidades de las personas en situación de movilidad humana y de las comunidades de acogida en Ecuador.
Financiado por el Bureau of Population, Refugee, and Migration (BPRM) del Gobierno de los Estados Unidos, el proyecto es ejecutado por un consorcio de organizaciones integrado por CARE Ecuador, Fundación Alas de Colibrí, Proyecto Transgénero, FUNDER y Fundación Mujer & Mujer.
A lo largo de estos dos años, se ha trabajado mediante atenciones directas, construcción de capacidades institucionales, procesos de sensibilización y cohesión social, en cuatro líneas de acción clave: protección, atención a personas en riesgo o sobrevivientes de Violencias Basadas en Género (VBG), salud y construcción de medios de vida sostenibles.
Además, el consorcio ESPERanza ha contribuido a la formulación de políticas públicas, asesorando técnicamente a las instituciones del Estado en los enfoques de derechos humanos, género y movilidad humana con el objetivo de mejorar los servicios de protección, derechos y salud/salud sexual y salud reproductiva de la población migrante, refugiada; especialmente, mujeres y personas de la diversidad sexo-genérica.
