En Quito a través de un comunicado, los padres y madres de familia de estudiantes de instituciones educativas municipales manifiestan su ‘profunda preocupación’ ante la reforma planteada por el gobierno de Daniel Noboa Azin al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que pone en riesgo el derecho a la educación de 27 mil estudiantes.
Los ‘Comités Centrales de Padres y Madres de Familia’ rechazan cualquier disposición normativa que comprometa la sostenibilidad de la educación municipal financiada por el Municipio de Quito desde hace varios años y exhortan a la Asamblea Nacional del Ecuador a revisar de manera responsable y exhaustiva cada artículo del proyecto de ley.
‘’La educación no es un gasto, es un derecho, es una responsabilidad colectiva y es el futuro de nuestros hijos”, señalan.
Además, explican que la educación municipal no se sostiene únicamente en infraestructura. Su funcionamiento depende principalmente del talento humano: docentes, médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeras, personal administrativo, de limpieza y seguridad, entre otros profesionales que garantizan clases diarias y servicios complementarios fundamentales.
¿Cuáles serían las consecuencias de aprobar la reforma?
Según los padres y madres de familia, la mayor parte del presupuesto educativo municipal está destinada al pago de este personal permanente. Una limitación en el uso de estos recursos podría generar consecuencias como:
-Posible cierre de instituciones educativas municipales.
-Reducción de más de 1.400 docentes.
-Hacinamiento estudiantil.
-Afectación a modalidades presencial, semipresencial y a distancia.
-Suspensión de programas de primera infancia y servicios médicos, odontológicos y psicológicos.
-Recortes en seguridad, limpieza y mantenimiento.
-Paralización de proyectos educativos e infraestructura en ejecución.
“Como familias, no podemos aceptar que decisiones presupuestarias, políticas, desconectadas de la realidad educativa pongan en riesgo la continuidad y calidad del servicio que reciben nuestros hijos”, recalcan.
También señalan que la educación es un derecho fundamental y un deber ineludible del Estado que establece la Constitución. Asimismo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural reconoce la naturaleza pública, gratuita y autónoma de las instituciones educativas municipales, incluyendo su autonomía financiera y administrativa.
