La modificación al COOTAD aprobada la semana anterior por la Asamblea Nacional del Ecuador y puesta en vigencia por el Gobierno Nacional Presidencia de Ecuador, redefine qué se considera inversión pública y deja fuera de la categoría de prioritarios sectores vinculados al desarrollo social y urbano.
La aplicación de la reforma al COOTAD obligaría al Municipio de Quito a ajustar USD 459 millones de dólares de su presupuesto, lo cual implica revisar presupuesto para la salud, educación, cultura, control y obras en Quito.
El cambio central está en la eliminación de las
partidas 71 (gastos de personal de inversión) y 78 (transferencias para inversión).
¿Qué implica esto?
Al eliminar la partida 71 se limitaría la contratación de personal que sostiene servicios sociales, mientras que la supresión de la partida 78 impediría transferir recursos a empresas públicas municipales y a organizaciones que ejecutan obras y programas en territorio.
El impacto también alcanzaría a la obra pública. Actualmente, el Municipio de Quito transfiere recursos a sus empresas para la ejecución de proyectos; sin la partida 78, ese mecanismo quedaría restringido.
El alcalde de Quito Pabel Muñoz sostuvo que el efecto es especialmente delicado en áreas como salud, educación y cuidado social, donde el recurso humano constituye parte esencial de la
inversión. “Ni cortando en su integralidad varios sectores llegamos a esa meta de USD 459 millones”, afirmó al referirse a la magnitud del ajuste requerido.
El alcalde capitalino advirtió que la eliminación de estas partidas pondría en riesgo programas sociales y aseguró que el Municipio buscará alternativas frente a la reforma.
Acciones legales contra la Reforma
El Concejo Metropolitano aprobó una resolución para que la Procuraduría interponga acciones legales ante la Corte Constitucional del Ecuador, con solicitud de medidas cautelares, frente a la reforma al COOTAD, aprobada por la Asamblea Nacional.
El concejal Adrián Ibarra señaló que la decisión del Pleno “es una muestra de la sensatez con la que ha venido actuando el Concejo Metropolitano. Estamos sensibilizados con los problemas del territorio e identificados con las grandes
necesidades que tiene Quito, especialmente las de los grupos de atención prioritaria. Por eso, la votación expresó con claridad que los concejales estamos aquí para defender a la ciudad”.
Adrián Ibarra adelantó que ya se recopilan los argumentos jurídicos para presentar la demanda
ante la Corte Constitucional, con el fin de evidenciar los presuntos vicios de inconstitucionalidad de la reforma. “Esperamos que se disponga su derogatoria”, concluyó.
Para el edil, la normativa presenta tres presuntos vicios de inconstitucionalidad:
-Vulnera la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD): Se contrapone al principio constitucional que les garantiza la administración autónoma de sus recursos.
-No cumple con el carácter de urgencia económica: El proyecto debía responder a criterios de prioridad, urgencia y prelación vinculados a temas económicos de ejecución inmediata y no a disposiciones aplicables para el siguiente ejercicio fiscal.
-Afecta el derecho a la participación ciudadana: Durante el tratamiento de la Ley, tanto en la Comisión de Desarrollo Económico como en el Pleno de la Asamblea Nacional, no se permitió la intervención de representantes de los GAD, lo que, a criterio del concejal, vulnera el principio de participación.
