QUITO,ECUADOR.- La Plataforma Nacional Somos Ciudadanos urge al Consejo de la Judicatura y a las autoridades competentes a acelerar la implementación de las medidas de emergencia en el sistema judicial ecuatoriano, declaradas desde junio de 2025, con el fin de enfrentar la crisis de violencia que afecta al país.
Esto por que se han cumplido cincuenta días de la declaratoria de la emergencia judicial y sin embargo se sigue esperando que las reformas lleguen a frenar la violencia en el país.
Desde el 26 de junio de 2025, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Integridad Pública, el Consejo de la Judicatura anunció la declaratoria de emergencia en la Función Judicial, medida que debería activarse en agosto de este año. Sin embargo, a más de 50 días de su anuncio, la ciudadanía aún
espera acciones concretas.
Xavier Buendía, representante de la Plataforma Somos Ciudadanos, señaló: «Una vez emitido el Reglamento el 24 de julio, es imperativo que esta declaratoria se active de inmediato. No hay tiempo que perder. La violencia no espera y la justicia tampoco puede hacerlo.»
La emergencia judicial busca facultar al Consejo de la Judicatura para realizar una evaluación exhaustiva a jueces y fiscales, así como priorizar la transferencia de recursos, la innovación tecnológica y la modernización de la infraestructura física de las unidades judiciales. «Muchas de estas unidades operan en condiciones infrahumanas. Es urgente transformarlas en espacios dignos para usuarios y servidores», añadió Buendía.
Esta iniciativa, impulsada desde la sociedad civil con propuestas claras y contundentes, responde a una demanda ciudadana histórica por un sistema judicial transparente, meritocrático y eficiente. «Durante tres años, junto a diversos actores sociales, hemos exigido una reforma que beneficie a todos los ecuatorianos. Hoy más que nunca, necesitamos una justicia que garantice seguridad y paz», afirmó el vocero.
Somos Ciudadanos hace un llamado a la acción para que las autoridades competentes prioricen la implementación de estas medidas y conviertan la declaratoria de emergencia en hechos tangibles que contribuyan a reducir la inseguridad y fortalecer el Estado de Derecho
