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Los integrantes de la Mancomunidad de Gobiernos Provinciales Amazónicos, CONGA., integrado por las prefecturas de: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe; se reúne hoy en la ciudad de Tena, provincia de Napo, con la participación de todos los niveles de gobierno amazónicos.

Aquí se discute acerca de: Gobernabilidad y financiamiento (fondo de desarrollo, deudas del gobierno central); Fondo común y universidades; Vialidad; Cooperación Internacional; Ambiente; Pueblos y Nacionalidades (turismo y producción), expone la Prefecta de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui.
La Prefecta, señala que, en la Cumbre de Tena, se decidirá exigir al Presidente de la República, que, a partir de su decisión política, se emita un reglamento que regule a distribución de las regalías mineras.

Karla Reátegui, señala que ya es tiempo que el Gobierno dé una respuesta positiva, que en el caso de la Prefectura de Zamora Chinchipe, están pendientes, parte de la cuota de diciembre 2023, más las cuotas de enero, febrero, marzo y abril de 2024.

Con ocho votos afirmativos, la Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el proyecto de resolución para iniciar el proceso de fiscalización del cumplimiento del Fondo Común de la Circunscripción Territorial Amazónica, sobre la base de la moción del legislador Héctor Valladarez, quien advirtió que habría un “perjuicio millonario”.

El proceso de fiscalización corresponderá a los ejercicios fiscales de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Para esta atribución se considerará el cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que estuvo vigente en tales años. El Fondo Común contiene varias fuentes de financiamiento, cuyos rubros serán revisados.

El juicio político al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite se realizará este jueves 25 de abril, a partir de las 09h00. Este proceso de control político se efectuará sobre la base del informe aprobado por unanimidad por la Comisión de Fiscalización, que luego del proceso de sustanciación recomendó al Pleno de la Asamblea continuar la interpelación, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley, debido al mal manejo de la crisis energética que derivó en el racionamiento de energía, con enormes pérdidas para el país y el sector productivo.

Según el informe en referencia, los apagones constituyen un problema grave pero previsible. También advierte que el estiaje o sequía en la cuenca oriental, de donde proviene la generación hidroeléctrica, que representa aproximadamente el 90 % del suministro de energía eléctrica, ocurre de manera cíclica en el período de octubre a marzo todos los años, por lo que no puede ser calificado como un evento imprevisto.

Los organismos climatológicos y de riesgos advirtieron esta situación desde el año anterior, lo que permitía a las autoridades prever y tomar medidas, lo que demuestra que hubo improvisación, falta de acciones concretas, así como el incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, y la falta de mantenimiento programado y la repotenciación de algunas hidroeléctricas y termoeléctricas para atender la falta de generación durante la sequía.

En el informe se indica, además, que se inobservaron las alertas emitidas por el CENACE y CELEC EP sobre los efectos del estiaje, y no se incorporó nueva oferta eléctrica para enfrentar el estiaje, a lo que se suma la compra de energía a Colombia a precios superiores a los del mercado, que le costó al país más de 230 millones de dólares.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle convocó para las 10h00 de hoy a la sesión N.º 918 del Pleno en la que inicia con la toma de juramento y posesión de Fabrizio Roberto Peralta Díaz, como superintendente de Protección de Datos, quien fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre la base de una terna remitida por el Ejecutivo.

Además está prevista la designación y/o ratificación del representante permanente de la Función Legislativa ante el Comité Nacional de Coordinación Fiscal, en el que participan también representantes de Fuerzas Armadas, Banco Central, CONGOPE, CONAGOPARE, Asociación de Municipalidades del Ecuador, IESS, Secretaría Nacional de Planificación, Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Como último punto de la agenda se incluye el proyecto de resolución que dispone a la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes realizar una revisión exhaustiva de las disposiciones relacionadas con los adolescentes infractores en el proyecto de Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA), con el fin de proponer medidas de procedimiento y sanción que contribuyan a la prevención del reclutamiento de menores por parte de grupos de delincuencia organizada, su rehabilitación y reinserción en la sociedad.

Según la propuesta, la comisión presentará al Presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de treinta días, un informe detallado con los principales cambios, reformas propuestas y modificaciones en materia de adolescentes infractores en el COPINNA.