La enfermedad renal crónica se ha convertido en uno de los principales desafíos para la salud pública en Ecuador.
Con cerca de 20.000 personas que dependen de terapias de reemplazo renal para vivir, el país enfrenta el reto de construir un sistema capaz de responder de manera sostenible; con este objetivo se desarrolló el foro «Ecuador sin Diálisis», un espacio académico y de diálogo que reunió a especialistas en nefrología, salud pública, economía y derecho; para analizar los desafíos estructurales de la atención renal y plantear propuestas orientadas a fortalecer las políticas públicas, la prevención y el financiamiento del sistema de salud.
Los panelistas coincidieron en que el fortalecimiento de la atención renal requiere actuar sobre dos frentes. El primero es garantizar mecanismos de financiamiento oportunos que
permitan al Estado cumplir con sus obligaciones hacia las clínicas dializadoras y asegurar la continuidad y sostenibilidad de tratamientos esenciales para miles de pacientes.
El segundo frente es impulsar un cambio de enfoque hacia la prevención, mediante estrategias de detección temprana y control de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, principales factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica.
En este sentido, el Dr. Esteban Ortiz, director del Grupo de Investigación One Health de la UDLA, destacó que » desde la epidemiología, la atención tiene una deficiencia en estrategias de prevención y promoción que permitan diagnosticar de forma temprana enfermedades renales que se detectan con un examen relativamente simple en el primer nivel de atención en salud», una visión que fue respaldada desde la perspectiva de la salud pública por la Dra. Andrea Portilla, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Metropolitano, quien señaló que «la diálisis salva vidas, pero el país necesita fortalecer la atención integral para que los pacientes reciban un tratamiento oportuno desde las etapas iniciales de la enfermedad y no
únicamente cuando requieren terapia de reemplazo renal».
Otro de los temas centrales del foro fue la necesidad de construir una política nacional de
atención renal que trascienda los periodos de gobierno y permita responder al crecimiento
sostenido de las enfermedades crónicas.
En ese contexto, el Dr. Andrés Peralta, investigador del Instituto de Salud Pública de la PUCE, afirmó que «la salud necesita un acuerdo nacional que trascienda los gobiernos» y destacó que una política nacional de atención renal debe integrar financiamiento, gobernanza, planificación y prestación de servicios para responder de manera sostenible a las necesidades de la población.
Durante el foro también se abordó la importancia de garantizar mecanismos de financiamiento oportunos para los prestadores que forman parte de la Red Pública Integral y Complementaria de Salud.
En este contexto, se analizó el impacto de la deuda acumulada del Estado con las clínicas dializadoras la misma que oscila en los 400.000 millones de dólares, al respecto, la economista María Paz Páez Boada, asesora del Fondo de Inversión Ambiental Sostenible (FIAS), sostuvo que «garantizar un financiamiento oportuno para los servicios de alta complejidad no debe entenderse únicamente como un gasto, sino como una inversión que protege vidas, fortalece la sostenibilidad del sistema y evita costos mucho
mayores para el Estado en el futuro».
Desde el ámbito jurídico, el Dr. Felipe Castro, docente de la Facultad de Derecho y Sociedad de la PUCE, recordó que «el acceso continuo a tratamientos para enfermedades catastróficas forma parte del derecho constitucional a la salud y su garantía requiere mecanismos institucionales que permitan al Estado cumplir oportunamente con sus obligaciones, protegiendo así los derechos de los pacientes».
Como resultado del diálogo, el foro «Ecuador sin Diálisis» concluyó con un llamado a incorporar la atención renal como una prioridad dentro de la agenda nacional. Los participantes coincidieron en que el desafío del país no es únicamente garantizar la diálisis para quienes la necesitan, sino construir un sistema de salud capaz de prevenir la enfermedad, responder oportunamente a sus pacientes y asegurar la continuidad de
tratamientos esenciales para preservar la vida de miles de ecuatorianos.
Asimismo, hicieron un llamado a impulsar una política nacional de atención renal que trascienda los periodos de gobierno y permita fortalecer la prevención, el financiamiento y la coordinación entre todos los actores del sistema sanitario.
