MANABÍ,ECUADOR.-Ciudadanos del cantón Santa Ana cuestionaron la desvinculación inmediata de una funcionaria del centro de salud local, señalando que, aunque respaldan los controles institucionales, lo procedente habría sido iniciar un sumario administrativo y garantizar el derecho a la defensa antes de aplicar un despido.
Advierten que este tipo de decisiones impacta directamente en la estabilidad laboral y en la economía de las familias, especialmente en un contexto de desempleo.
La medida se produjo luego de que la gobernadora de Manabí, Aurora Valle, realizara un recorrido para verificar la disponibilidad de medicamentos, tras la denuncia de una adulta mayor a quien en farmacia le habrían indicado que no había su medicina.
Durante la inspección, la autoridad constató en bodega que el fármaco sí estaba en stock, tras lo cual se dispuso la desvinculación de la funcionaria responsable.
Valle enfatizó que no se permitirá que se niegue medicación a los ciudadanos y sostuvo que es un compromiso del presidente Daniel Noboa garantizar transparencia y abastecimiento en el sistema de salud pública.
Este hecho ocurre luego de que en 2025 se registraran despidos de miles de servidores públicos bajo la denominada Ley de Integridad Pública, normativa que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.
Para sectores ciudadanos y laborales, estos antecedentes reflejan una práctica recurrente de desvinculaciones directas sin agotar instancias administrativas, lo que —afirman— profundiza el desempleo y resquebraja aún más la economía de los hogares ecuatorianos.
NOTA TOMADA DE EL RADAR DE MANTA
