Por: Economista Marco Flores Troncoso – ex Ministro de Finanzas y ex Legislador
La crisis financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS no es un simple desequilibrio contable que pueda corregirse aumentando aportes, reduciendo beneficios o elevando la edad de jubilación.
Es una crisis estructural acumulada por largo tiempo, causada por baja formalidad laboral, mínimas productividades laborales, obligaciones estatales no cubiertas plenamente, mora patronal, debilidad institucional, deterioro del seguro de salud y una base contributiva insuficiente para sostener prestaciones crecientes.
El punto de partida debe ser macroeconómico. En marzo de 2026, el empleo adecuado fue apenas 32,1% de la población económicamente activa, el subempleo alcanzó 19,6% y el desempleo fue 2,9% de la PEA. Pero lo grave es que el 56,3% del total de personas con empleo trabaja en el sector informal.
Esto significa que el IESS intenta financiar obligaciones crecientes sobre una base laboral limitada, inestable y concentrada en una fracción reducida del mercado de trabajo. Es evidente que mientras la mayoría de los trabajadores permanezca fuera del empleo adecuado, con muy bajas productividades e ingresos insuficientes o discontinuos, ninguna reforma previsional será suficiente. El error de diagnóstico consiste en tratar la crisis del IESS como si fuera un problema exclusivamente actuarial. El desequilibrio actuarial existe, pero está determinado por la economía real.
Si no aumentan la productividad, el empleo formal y los ingresos laborales, elevar los aportes terminará castigando a quienes ya cumplen, estimulará más informalidad y reducirá la competitividad de empresas pequeñas y medianas. En una economía donde buena parte de los trabajadores y sus familias ya enfrenta ingresos insuficientes e inestabilidad laboral, la solución no puede ser imponer más carga sobre la misma base contributiva.
Lo que requiere el sistema es ampliar esa base mediante más trabajadores con empleos productivos, estables, formales y mejor remunerados como resultado de una mayor productividad.
La segunda presión crítica proviene de las obligaciones del Estado con el IESS. La Resolución CD 700, que aprobó el presupuesto institucional para 2026, muestra que el Estado incluyó USD 3.271 millones por contribuciones del 40%, otros rubros y atenciones de salud, frente a USD 4.218,98 millones solicitados por el IESS. La diferencia fue de USD 947,94 millones. Además, para mantener el equilibrio presupuestario, el IESS registró USD 1.407 millones por recuperación de inversiones, es decir, desinversión. Este dato confirma que el problema no es únicamente actuarial, sino también de financiamiento fiscal oportuno y suficiente. Esa presión no puede trasladarse mecánicamente a los afiliados.
Si el Estado no cubre de manera completa y oportuna sus obligaciones, cualquier reforma que reduzca beneficios o aumente aportes termina socializando sobre trabajadores y jubilados el costo de incumplimientos públicos.
La reforma legal vigente desde julio de 2024 dispuso un plan de pago de las deudas del Estado con el IESS que no exceda diez años. Este mandato debe traducirse en convenios interinstitucionales, cronograma financiado, actas conciliadas y cumplimiento verificable.
La tercera presión es la mora patronal. Esta no debe tratarse como una deuda comercial ordinaria, sino como una obligación laboral prioritaria. Cuando un empleador no paga aportes, afecta la liquidez institucional, el acceso a prestaciones, la historia laboral y los derechos futuros del trabajador. El propio IESS mantiene mecanismos de acuerdos de pago parcial para empleadores en mora, con plazos de 2 a 72 meses, según el monto adeudado. Sin embargo, la política correcta no puede limitarse a facilitar pagos. Debe depurar la cartera, separar deuda cobrable, litigiosa, antigua, incobrable y reincidente, publicar resultados mensuales de recuperación y proteger al afiliado cuando el incumplimiento proviene del empleador.
La cuarta presión está dentro del propio IESS. El presupuesto consolidado institucional para 2026 fue aprobado en USD 11.011,98 millones. Ese tamaño presupuestario exige una administración técnica, transparente y evaluable. La sostenibilidad no depende solo de ingresos. También depende de cómo se gasta, cómo se compra, cómo se audita y cómo se administra cada seguro. Un sistema con presión financiera permanente no puede ni debe tolerar ineficiencia, opacidad ni decisiones administrativas sin control técnico.
El seguro de salud requiere una reforma operativa inmediata. La mala atención, la falta de medicamentos, los tiempos de espera y las derivaciones mal controladas deterioran el servicio, debilitan la legitimidad del sistema y reducen los incentivos de afiliación y cumplimiento. El afiliado que aporta y no recibe atención adecuada percibe el aporte como una carga, no como una protección social efectiva.
Por eso, salud debe tener financiamiento, contabilidad, auditoría y gestión diferenciada del fondo de pensiones. La separación estricta de fondos es indispensable. Pensiones, salud, riesgos del trabajo, cesantía, desempleo y seguro social campesino no pueden funcionar como una sola caja indiferenciada. Cada fondo debe tener estados financieros propios, reglas de financiamiento, auditoría independiente y prohibición efectiva de cruces que oculten déficits.
Sin esa separación, el país seguirá discutiendo el problema sin identificar con precisión qué seguro genera el déficit, qué obligación corresponde al Estado, qué parte proviene de gestión ineficiente y qué parte exige reforma actuarial.
El BIESS también debe ser protegido. Su función no es cubrir ineficiencias del IESS ni financiar necesidades fiscales de corto plazo. Debe administrar recursos previsionales con criterios de seguridad, liquidez, rentabilidad, diversificación y control de riesgo. A marzo de 2026, el BIESS reportó una morosidad general de 6,35% y una morosidad hipotecaria de 11,74%, junto con un portafolio de inversiones de USD 28.626 millones y un rendimiento promedio de 9,08%. Estos datos confirman la importancia de fortalecer la gestión de riesgo, cobranza, originación crediticia y protección del patrimonio previsional.
Las reformas paramétricas pueden discutirse, pero no pueden ser el punto de partida ni la única respuesta. Edad de jubilación, años de aporte, tasas de contribución y fórmulas de cálculo deben analizarse con estudios actuariales actualizados, escenarios realistas y reglas de transición. No es justo ni técnicamente responsable afectar de manera abrupta a jubilados actuales, pensionistas o afiliados cercanos al retiro. Cualquier cambio debe ser gradual, prospectivo y diferenciado, con protección especial para trabajadores de bajos ingresos. La propuesta debe ser integral y secuencial.
Primero, conciliación oficial y pública de las obligaciones del Estado con el IESS. Segundo, acuerdo de pago plurianual con fuente presupuestaria verificable. Tercero, recuperación técnica de la mora patronal sin condonaciones generalizadas. Cuarto, separación contable estricta de todos los seguros. Quinto, reforma operativa del seguro de salud. Sexto, profesionalización de la administración del IESS y del gobierno corporativo del BIESS. Séptimo, estudio actuarial independiente. Octavo, reforma paramétrica gradual, prospectiva y con régimen de transición, aplicable principalmente a nuevos afiliados y, de manera diferenciada, a afiliados jóvenes o con pocos años de aportación, sin afectar derechos adquiridos ni modificar abruptamente las condiciones de quienes ya están jubilados o próximos a jubilarse. Noveno, estrategia nacional de formalización laboral. Décimo, publicación mensual de indicadores financieros, prestacionales y operativos.
El IESS no se salvará cobrando más a quienes ya aportan ni reduciendo derechos a quienes ya contribuyeron durante toda su vida laboral. Se salvará si el Estado cumple sus obligaciones, si los empleadores pagan lo que deben, si la institución administra mejor sus recursos, si el seguro de salud deja de ser un foco de ineficiencia y si Ecuador logra ampliar la base de empleo formal. Sin productividad, formalización y movilidad social, la seguridad social seguirá financieramente presionada, por más reformas contables que se aprueben.
Fuentes · Instituto Nacional de Estadística y Censos, ENEMDU, empleo marzo de 2026. · Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Resolución No. C.D. 700 de 27 de diciembre de 2025, presupuesto consolidado institucional 2026. · Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, boletín institucional sobre rendimiento del portafolio y morosidad a marzo de 2026.
