Pabel Muñoz, alcalde de la capital, se reunió con representantes de los organismos multilaterales: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para el financiamiento de la extensión del Metro de Quito desde El Labrador hacia la Ofelia, en una primera fase y hacia Calderón, en la fase dos.

Además, se analizan varias propuestas para generar nuevos ingresos desde la municipalidad, Gobierno Nacional y otras instancias para que esos recursos vayan al Metro, fortalecer la infraestructura de transporte público de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En el marco del proceso de planificación y ejecución de la extensión de la Primera Línea del Metro, se reconoció la importancia de establecer una colaboración estrecha entre los bancos multilaterales y el Municipio.

En este contexto, se planificó esta reunión estratégica para revisar y analizar el procedimiento administrativo, legal y la estructura financiera propuesta con el objetivo de avanzar en la hoja de ruta para una potencial ampliación de este proyecto de infraestructura.

El derecho a trabajar en un ambiente libre de violencia y acoso, y que los empleadores tengan la obligación de prevenir y abordar estas conductas en el espacio laboral, tanto público como privado, es el objetivo del proyecto de Ley Reformatoria para la Erradicación la Violencia y el Acoso en todas las Modalidades de Trabajo, que el Pleno de la Asamblea aprobó este jueves por unanimidad, con 128 votos.

El presidente del Parlamento, Henry Kronfle resaltó que esta es la décimo tercera ley aprobada y trabajada de manera responsable.

El proyecto, que reforma el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, tiene como finalidad garantizar ambientes laborales seguros; erradicar violaciones a derechos humanos y proteger la dignidad de los trabajadores.

Según la propuesta normativa, en los casos de violencia y acoso laboral la autoridad competente podrá disponer se efectúen las disculpas públicas de quien cometió la conducta.

En la evaluación de riesgos en los lugares laborales, el inspector de trabajo deberá tener en cuenta los factores que aumentan las posibilidades de violencia y acoso, incluyendo los peligros y riesgos psicosociales.

También podrá establecer las medidas de protección de los denunciantes, las víctimas, los testigos y los informantes frente a la victimización y las represalias en los casos que se denuncie violencia y acoso laboral.

Se incorpora el concepto de violencia; se adopta el término acoso según el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y, se elimina la reglamentación burocrática para fortalecer la eficacia de las reformas y asegurar el derecho a la justicia.

La asambleísta María Teresa Pasquel, ponente del informe de la Comisión del Derecho al Trabajo, subrayó que la ley cumple las disposiciones constitucionales y los instrumentos internacionales; protege la dignidad de todas las personas en el ámbito laboral concebidas como violencia que ocurran una sola vez o de manera repetitiva, que resultan o pueden resultar en un daño físico, psicológico, sexual, económico, político, simbólico o digital, en contra de una persona trabajadora.

Incluye la violencia y el acoso de género o por razones discriminatorias cometidos en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado el menoscabo, maltrato, humillación, amenace o perjudique los derechos adquiridos de la persona violentada o acosada laboralmente. “La intención es proteger la estabilidad laboral de los trabajadores y servidores al no ser obligados a terminar la relación laboral, considerándose nula toda terminación laboral, por violencia o amenazas”, enfatizó.

La Ley es un compromiso por la dignidad humana, respeta a todos sin discriminación por edad, color y género; defiende la equidad y justicia laboral; establece la prevención, reparación y sanciones; busca la armonía, protección, capacitación, y desarrollo profesional, resaltaron los 15 legisladores que intervinieron en el debate.

El proyecto será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para respectiva sanción u objeción.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, con relación al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), precisó que el segundo debate está cerrado, por lo que este proyecto no puede regresar a la Comisión de Justicia y tampoco se podrán presentar otras mociones.

Dijo que, para la tranquilidad del país, la controversia respecto al proyecto ha concluido, porque ya se votó por la propuesta del informe de la Comisión de Justicia y no fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. “Ya no puede pasar el texto que tanto problema nos trajo en el país, porque fue negado”, resaltó.

Henry Kronfle recordó que el Pleno de la Asamblea Nacional procedió con la votación de la moción presentada por el Presidente de la Comisión de Justicia, en dos secciones, ninguna de las cuales fue aprobada, luego se suspendió la sesión.

Mencionó que, en caso de que exista consenso para la continuación de la sesión N.º 900, se deberá proceder con la votación de la moción presentada por la legisladora María Fernanda Araujo, en cuatro grupos: aumento de penas en determinados delitos; procedimientos; ciertos artículos que fueron controversiales; y, tipificación de dos nuevos delitos. Lo señalado podrá ocurrir dentro de los 60 días a partir de hoy. “Si no convocamos en 60 días, esto se archiva por falta de tratamiento”, aseguró el Presidente del Parlamento.

Por último, anticipó que están pendientes las nuevas reformas al COIP que se trabaja con la Corte Nacional de Justicia y otras organizaciones y actores del país.