El 19 de noviembre de 2003, alrededor de 20 policías realizaron un operativo antidelincuencial en la farmacia Fybeca de la Ciudadela Alborada, norte de Guayaquil, que dejó 8 personas muertas y tres desaparecidas. Por las muertes ya hubo sentencia.
Los policías Erick Salinas Monge; Mario Cevallos Loachamín; Aurelio Chila Placencia; y Orlando Villacrés Ascencio, fueron sentenciados a 26 años de prisión por su participación como coautores de la detención y desaparición forzada de los ciudadanos César Mata Valenzuela, Jhonny Gómez Balda y Erwin Vivar Palma, durante un operativo policial en la farmacia Fybeca de la ciudadela Alborada, en Guayaquil, la mañana del 19 de noviembre de 2003, en el denominado caso González y otros, antes Caso Fybeca.
En audiencia de juicio desarrollada este lunes 5 de agosto de 2024 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el tribunal penal integrado por los jueces nacionales: Felipe Córdova (ponente), Javier de la Cadena y Julio emitió su dictamen, por unanimidad.
La sentencia contempla, además, el pago de una multa de 800 salarios básicos unificados (368.000 dólares); asumir el pago de las costas judiciales generadas; aportar para cancelar el proceso de rehabilitación física y psicológica de los familiares de las víctimas.
Como reparación integral, los sentenciados deben pagar a la familia Vivar 162.680 dólares; a la de Gómez, 237.000 dólares; y para la madre de Mata, 237.000 dólares. Para el pago de estas indemnizaciones, el Estado, por intermedio de la Comandancia General de la Policía, es solidariamente responsable.
Como medidas se satisfacción, el Tribunal Penal dispuso que la Comandancia General de la Policía, reconozca públicamente la grave violación a los derechos humanos cometida, en una sesión solemne que debe ser transmitida, donde también debe pedir disculpas públicas.
Asimismo, los jueces dispusieron que en la farmacia donde se produjeron los hechos, se coloque una placa conmemorativa; que la sentencia sea publicada en la página web de la Policía y que se remita a los correos institucionales de todos los funcionarios de la institución.
Adicionalmente, Comandancia General de la Policía, deberá crear una Unidad Especializada en Derechos Humanos, integrada por personal civil y policial, para la capacitación y supervisión de las actuaciones policiales.
Los hechos
Este caso se remonta al 19 de noviembre de 2003, cuando se produjo una balacera en la farmacia Fybeca, ubicada en el sector de la Alborada, al norte de Guayaquil.
Las primeras informaciones entregadas por la Policía Nacional, señalaban que se trató de un intento de robo, el cual fue impedido por un grupo de alrededor de 20 policías, dirigido por el mayor de Policía, Eduardo González (prófugo). Los uniformados se enfrentaron con los supuestos asaltantes.
Como resultado del hecho, ocho personas: dos civiles y seis presuntos integrantes de la banda delincuencial, murieron. Otros tres desaparecieron.
Sin embargo, después se conoció que uno de los fallecidos era un mensajero de la farmacia y otro era un cliente que acudió a comprar unos pañales. Se descubrieron otras irregularidades que evidenciaron que se trató de una ejecución extrajudicial.
Años después, la Policía Nacional admitió que hubo un mal procedimiento en el operativo realizado en el supuesto asalto.
El caso se reabrió en el 2010 y el 6 de noviembre de 2014 por el delito de ejecución extrajudicial (asesinato de civiles en manos de agentes estatales), fueron sentenciadas 13 personas. Seis de ellos recibieron 16 años de privación de libertad, otros seis fueron declarados cómplices, quienes están libres tras acogerse al principio de favorabilidad, y a una persona se le ratificó el estado de inocencia.
Ahora son cuatro policías sentenciados por el delito de plagio y desaparición forzada.
Uno de los desaparecidos, apareció
A inicios de 2016, la Fiscalía informó que uno de los reportados como desaparecidos, Erwin Vivar, fue localizado en Venezuela. Este entregó su testimonio y se convirtió el testigo protegido. La información que entregó fue clave para esclarecer el caso y para que la Fiscalía sustente su acusación.
Entre otras cosas, el testigo protegido dijo que el 19 de noviembre de 2003 fue detenido y llevado a la Policía Judicial del Guayas junto con otros sospechosos. Ahí todos habrían sido interrogados y expuestos a “torturas físicas y psicológicas”, para luego ser arrojados al estero Salado, en Guayaquil.
En el relato de Vivar, resaltó que para confirmar su muerte y la de Gómez Balda, los policías les habrían disparado una vez que los cuerpos estuvieron en el agua.
Vivar, aparentemente logró sobrevivir porque se cubrió con el cuerpo moribundo de Gómez Balda y logró nadar hasta la orilla del estero, en el lado del suburbio oeste de Guayaquil. Luego huyó del país. (I)
Cortesía, Lcdo Patricio González Recalde