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La próxima semana en la agenda de comisiones especializadas permanentes constan varias actividades, entre ellas, el análisis de proyectos de ley, recepción de observaciones sobre iniciativas legislativas, comparecencias respecto a la crisis energética y conocimiento de solicitudes de enjuiciamiento político.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado enfocará su actividad en la recepción de observaciones al proyecto de reformas al Código de la Democracia. Para ello, prevé recibir los aportes de Fernando Muñoz, presidente del Tribunal Contencioso Electoral; Mónica Banegas, directora del Observatorio de Participación Política de la Mujer; Esteban Ron, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional; y, Arturo Cabrera, especialista en derecho electoral.

Este lunes en Fiscalización, respecto a la crisis energética, está prevista la comparecencia del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, así como de representantes de las cámaras de comercio y otras entidades. La comisión, además, avocará conocimiento de las resoluciones que remita el CAL, respecto a las solicitudes de enjuiciamiento político.

La Comisión de la Niñez y Adolescencia tiene previsto continuar la sesión relacionada con el plan de trabajo, referente al COPINNA y otras propuestas remitidas a este organismo legislativo. Está pendiente una reunión con el equipo de UNICEF, respecto a temas de uno de los libros de esta normativa en trámite.

Los representantes del Ministerio de Trabajo, Senescty y del Ministerio de la Producción fueron convocados a la Comisión de Educación, para presentar sus aportes al proyecto de Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales; entre tanto, las máximas autoridades de la UAFE, SRI y Finanzas han sido llamadas a la Comisión de Régimen Económico, para presentar sus criterios con relación proyecto que sanciona el lavado de activos.

La Comisión del Derecho al Trabajo continuará el estudio del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIESS. Los comisionados de Gobiernos Autónomos darán seguimiento a los temas de reformas al Cootad, según el cronograma aprobado. En tanto, Desarrollo Económico continuará la revisión del proyecto urgente, luego de la presentación del informe para primer debate.

La Comisión del Derecho a la Salud tiene como prioridad el trámite de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Salud Mental y la revisión de otros proyectos pendientes.

Entre las comparecencias a las comisiones, se prevé que el Defensor Público sea convocado a la Comisión de Biodiversidad, a fin de que explique el cumplimiento de la sentencia, en el caso 51-23-IN/23, de la Corte Constitucional, relacionado con el decreto ejecutivo 754 que reformaba al Reglamento del Código Orgánico del Ambiente.

Las comisiones de Seguridad Integral y Soberanía Alimentaria continuarán el análisis de los proyectos de ley que se encuentran pendientes, previo a los informes para primer y segundo debate. En Garantías Constitucionales el equipo técnico seguirá con el análisis de los proyectos en trámite, a fin de preparar los insumos para las sesiones de los comisionados. De igual forma, Relaciones Internacionales y Participación darán seguimiento de la agenda programada.

En sesión solemne, la Asamblea Nacional rindió homenaje a Quito por los 489 años de fundación. El presidente del Parlamento, Henry Kronfle Kozhaya destacó que Quito es la viva muestra de que sí es posible trabajar juntos por un objetivo común que, por encima de acentos, costumbres, razas e ideologías, todos somos ecuatorianos; todos somos amarillo, azul y rojo.

Además, reafirmó su compromiso con Quito y con todo el Ecuador, de trabajar incansablemente para asegurar que las voces de todos sean escuchadas; que cada ciudadano tenga las mismas oportunidades para prosperar, y juntos, enfrentar los desafíos y celebrar los logros.

Invitó a trabajar para construir un Quito y un Ecuador de progreso y bienestar. “San Francisco de Quito, más que un hermoso lugar en el mapa, es un símbolo de nuestra historia, cultura e identidad ecuatoriana; lo que verdaderamente hace grande a Quito, es su gente: personas cálidas, trabajadoras, resilientes y llenas de esperanza, ciudadanos que día a día hacen su máximo esfuerzo por construir un futuro mejor para ellos y para las generaciones venideras”, destacó Henry Kronfle.

De su lado, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz invitó a la Asamblea Nacional con su gestión y el acuerdo que se ha dado con los bloques, a ser parte de ese proceso de reconstitución, en donde la independencia de los Poderes del Estado exige no politizar la justicia ni judicializar la política.

Detalló los retos de su gestión: la seguridad en la que están haciendo un importante esfuerzo de coordinación; la protección social en la que trabajan desde el desarrollo infantil integral hasta la erradicación de la violencia con las mujeres y el cuidado de los abuelitos; además que están fomentando desde la inversión, la creación del trabajo como es el caso de la ampliación del Metro.

En la reseña histórica de la Fundación de Quito, el cronista de la ciudad, Alejandro López Valarezo destacó que este aniversario es una oportunidad para entender a nuestra ciudad, no solo como un espacio definido por un evento en 1534, sino como un lugar vivo y dinámico, telúrico y profundo. “Nuestra historia no debe ser un relato inamovible o monolítico, sino que se debe recrear y reinterpretar continuamente desde nuestro presente y construir una historia de Quito que celebre su diversidad, respete su herencia y abrace su futuro con esperanza y determinación”, concluyó el historiador.

El Titular de la Legislatura entregó el Acuerdo de Felicitación y Reconocimiento, y la condecoración Asamblea Nacional Dr. Vicente Rocafuerte al Pabellón del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

La sesión solemne se desarrolló con la presencia de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía, de la provincia de Pichincha, de las instituciones de control y los concejales de Quito.

Con 123 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, como un instrumento complementario en la lucha contra la delincuencia, la propuesta crea y regula el Sistema de Vigilancia y Seguridad Privada; la prestación de servicios de vigilancia para la protección de personas, bienes muebles e inmuebles y valores; formación y capacitación para los integrantes de este sector; y licencias para portar armas para los trabajadores de vigilancia y seguridad privada.

El legislador Xavier Jurado, de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, tras argumentar que es un instrumento eficaz para la regulación y fortalecimiento del sector, y el derecho de los trabajadores, expresó que prevé derechos fundamentales como la vida, el trabajo y la seguridad. “Uno de sus fines es garantizar la regulación del sector y su articulación con las entidades del Estado, para coadyuvar a la seguridad integral”, indico.

Comisión General

Previo a la aprobación del proyecto, la Asamblea Nacional escuchó a representantes de los trabajadores de la seguridad privada, quienes destacaron la necesidad de aprobar una ley que permita regular su actividad, en beneficio de la seguridad ciudadana. Diego Arroyo, vicepresidente de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (FENASPE), manifestó que “esta Ley es un anhelo de muchos años, ya que la norma vigente se ha convertido en una herramienta para la precarización laboral”.

Carlos Arrobo Bustamante, de la Asociación de Trabajadores de Seguridad, afirmó que es una carrera de resistencia frente a los constantes cambios de contratos y las reducciones salariales que se han venido dando.

En el debate intervinieron 14 legisladores quienes resaltaron la necesidad de un dar enfoque integral para enfrentar el desafío de la inseguridad. Aseguraron que es una Ley que complementa la gestión de la Policía Nacional y que los guardias de seguridad cuenten con formación y profesionalización. Además, que las compañías de seguridad acompañen a sus trabajadores cuando enfrenten procesos jurisdiccionales, por actuar en defensa de la vida y ejerciendo debidamente su labor.

También expusieron la necesidad de solventar problemas de la precarización laboral, en torno a los sueldos y salarios, así como las condiciones en las que ejecutan su labor y que es importante la participación de varios actores en la lucha contra la delincuencia, como mecanismo de control eficaz con base de datos cruzados.

Se llamó a la responsabilidad respecto a los permisos de porte de armas, la capacitación y el rol de supervisión del Estado. Igualmente, se refirieron a la importancia de alinearse a los estándares internacionales para fortalecer la ley.

Este martes se realizó en el Palacio Legislativo, una reunión entre los presidentes de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle y de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, con la finalidad de socializar las reformas al Código Orgánico Integral Penal; Código Orgánico de la Función Judicial y las modificaciones a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Henry Kronfle resaltó la importancia de esta reunión exhortó a los poderes del Estado a trabajar en conjunto para resolver los graves problemas de todos los ecuatorianos. «Una ley no arregla los problemas, se lo hace con acciones», dijo.

La reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) tiene relación con regulaciones en el tema seguridad, delincuencia organizada y penitenciario. En este sentido, las reformas buscan dotar a los fiscales y jueces mejores herramientas legales para la judicialización y sanción.

Así mismo, se incorpora un tipo penal que sanciona a quien exija para sí mismo o para un tercero, dinero u otros beneficios patrimoniales, mediante amenaza o intimidación, lo que se conoce como “vacunas”.

En casos de corrupción se presenta una propuesta que consiste en extender los tiempos de investigación previa y la instrucción fiscal en procesos que sean declarados como complejos. Hay otras reformas al COIP, en materia de género, relacionadas con el reconocimiento de derechos a las víctimas de violencia basada en género.

La reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional comprende varios ejes: jueces especializados, competencia, duplicidad de acciones, reparación integral, medidas cautelares, acción de protección, hábeas corpus, entre otros.

Además, varios artículos pretenden la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, respecto a la ejecución de sentencias en materia penal.

Por su parte el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela agradeció al Presidente del Parlamento por el espacio, donde dialogaron sobre las posibles reformas. “Hemos acordado conformar equipos técnicos en los temas seguridad y justicia para revisar las propuestas de reformas”, resaltó.