La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica, que plantea una serie de medidas recaudatorias para invertir en el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas e inteligencia estratégica. De esta normativa que fue votada por bloques, no se aprobaron las 2 disposiciones relativas al incremento del IVA.

Esta nueva Asamblea, en su corto tiempo de gestión va aprobando hasta la fecha 11 leyes que benefician al pueblo ecuatoriano.

El proyecto establece una contribución que va del 5 al 25 % de las utilidades generadas durante el período fiscal 2023, de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito; y, una contribución temporal única del 3,25 % de las utilidades gravadas del ejercicio fiscal 2022, a las sociedades que obtuvieron ingresos en ese período.

Modifica la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, para que el Presidente de la República, con base en las condiciones de las finanzas públicas y de balanza de pagos, modifique la tarifa del ISD que en ningún caso podrá superar el 5 %.

Finalmente, reforma la Ley de Régimen Tributario Interno para establecer que las transferencias locales de los materiales de construcción estarán gravadas con tarifa 5 % del IVA.

La iniciativa legislativa generó amplio debate, donde los 27 parlamentarios que intervinieron coincidieron en la urgencia y necesidad de generar recursos para fortalecer y equipar a la fuerza pública, para que su respuesta sea superior ante el terrorismo y los grupos de delincuencia organizada.

Respaldaron la gestión del Ejecutivo que requiere el esfuerzo de todos para aportar de manera contundente y sostenida en el tiempo a esta lucha que supone no solo el combate de las Fuerzas Armadas a los grupos irregulares, sino también la atención prioritaria de la pobreza y las brechas de desigualdad.

Advirtieron que además de las medidas aprobadas, el Gobierno debe implementar otras acciones recaudatorias y de fortalecimiento económico relativas a la venta de bienes inmuebles estatales no utilizados, reestructuración de la deuda externa, cobro eficaz de las deudas tributarias, mano dura contra la evasión de impuestos, revisión de los incentivos otorgados a los grandes contribuyentes; y, focalización de los subsidios de manera planificada y ordenada para reducir el déficit fiscal y utilizar eficazmente los recursos públicos.

La propuesta de incrementar un punto porcentual a la tarifa del IVA de manera permanente; y, dos puntos temporalmente por tres años, causó mayor discusión entre los asambleístas, ya que, por un lado sostuvieron que la medida podría contraer la golpeada economía del país, así como generar inflación y especulación en el mercado; y por otro lado, aseguraron que el incremento no afecta a la población más pobre porque los productos de la canasta básica no gravan este impuesto. La iniciativa no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada.

Comisión General

Minutos antes del debate, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo expuso que desde el 9 de enero de este año, fecha en la que se declaró el conflicto interno armado, se han aprehendido a más de 5.900 personas, de las cuales 237 están relacionadas con terrorismo; se han incautado 1.937 armas, más de 100 mil municiones; y, más de 9.800 explosivos que estaban en manos de los grupos de delincuencia organizada, a quienes calificó como el verdadero enemigo del pueblo ecuatoriano.

Subrayó que el esfuerzo que realizan las Fuerzas Armadas es titánico y el equipo que emplean requiere mantenimientos correctivos y preventivos para que “la voluntad del pueblo prevalezca sobre todo adversario que quiera arrebatarnos la paz”.

El Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto el martes próximo, a partir de las 09h30 iniciar el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno la Crisis Social y Económica, calificado como urgente en materia económica.

Al día siguiente, a partir de las 10h00, continuará la sesión No. 887, para conocer y resolver respecto del informe que recomienda aprobar el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y la República Popular China y la Convención Marco de la Organización Mundial del Turismo sobre Ética del Turismo, para su ratificación.

A su vez, las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional, en la semana del 5 al 11 de febrero, desarrollarán una amplia agenda, en el análisis y socialización de proyectos de ley, la aprobación de los informes para que el Pleno incluya su trámite en primer o segundo debate. También, recibirán a autoridades públicas, expertos, gremios y demás sectores sociales, dentro de los procesos de control político y fiscalización.

La Comisión de Fiscalización y Control Político destinará toda la semana, a partir del martes 6 de febrero, a la actuación de pruebas, dentro de la sustanciación del juicio político en contra de Fausto Murillo y Juan José Morillo, vocal y exmiembro del Consejo de la Judicatura (CJ), respectivamente, solicitadas tanto por el proponente, Carlos Vera Mora, como por los funcionarios cuestionados.

Entre tanto, la Comisión de Régimen Económico continuará la revisión y sistematización de las observaciones formuladas en el Pleno, en torno al proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, calificado como urgente en materia económica, a fin de elaborar el respectivo informe para segundo debate.

La Comisión del Derecho al Trabajo seguirá con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley de Creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), de iniciativa ciudadana, en el marco de la sistematización de observaciones que serán incluidas en el informe para segundo debate. De igual manera, se reunirán las mesas técnicas para el análisis de las reformas a las leyes de los Institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y de la Policía Nacional (ISSPOL).

Otra temática, relacionada con la situación del actual Sistema de Rehabilitación Social del país, será abordada por la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. En este sentido, recibirá las comparecencias de la Ministra encargada del Interior; del Director del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Menores Infractores (SNAI), Director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES); y, en comisión general, escuchará al exministro del Interior y a los anteriores directores del SNAI y el CIES.

Mientras, la mesa de Justicia y Estructura del Estado continuará el análisis de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a través de las respectivas mesas técnicas, las cuales revisan las diversas temáticas que constan dentro de las múltiples iniciativas propuestas para actualizar la normativa penal.

Para la Comisión de Educación, la prioridad será la fiscalización a la implementación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo, para lo cual recibirán a autoridades de los ministerios de Educación, de Salud y de Inclusión Económica y Social; del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

En la mesa del Derecho a la Salud y Deporte, los asambleístas continuarán con el trámite de los proyectos de reformas en torno a la lactancia materna y a la Ley del Deporte.

La Comisión Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad recibirá a autoridades, representantes de diversos sectores sociales y expertos, quienes formularán sus comentarios, respecto de los proyectos de reformas a la Ley de Discapacidades y a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que se tramitan en el ente legislativo.

Entre tanto, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales desarrollará agenda en territorio. Visitará las provincias de Orellana y Sucumbíos con el propósito de recoger información de las autoridades, colectivos, organizaciones sociales y de la ciudadanía, en general, en torno a los derrames petroleros producidos en esta zona del país y sobre el cumplimiento de la sentencia denominada “Mecheros”.

De igual manera, la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio avanzará en el trámite de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Para el efecto, avocará conocimiento de dos nuevas iniciativas remitidas al organismo, que serán incorporadas al proyecto unificado. En otro orden, tratará el proyecto unificado en torno a la Ley de Registros Mercantiles.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana continuará el tratamiento del Acuerdo Comercial suscrito entre la República del Ecuador y la República de Costa Rica. También, procesará las observaciones formuladas al proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana.

La Comisión que trata temas de Niñez y Adolescencia reinstalará la sesión en la cual proseguirá con la revisión de los cambios de forma y de fondo propuestos al Libro IV del Código Orgánico de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA). A la vez, recibirá nuevos argumentos y criterios de diversos sectores, respecto del proyecto de Ley de Primera Infancia.

El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en diálogo con los medios de comunicación, destacó que la aceptación de la Legislatura en la ciudadanía alcanza el 62 %, hecho que les motiva para seguir trabajando en bien del país. Reiteró que haber aprobado 10 leyes, nueve de ellas con más de 100 votos, demuestra que las y los asambleístas han comprendido que es posible trabajar en consensos, respetando los criterios divergentes.

Kronfle recordó que la Agenda Parlamentaria que está en marcha, fue construida con la retroalimentación de todas las bancadas debidamente formadas y de aquellos asambleístas que no son parte de ellas e incluye temas fundamentales para el Ecuador en legislación y codificación, por ejemplo, en materia de lucha contra la delincuencia organizada, con un conjunto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que serán unificadas para el segundo debate.

Añadió que se endurecen las penas y se aclaran procedimientos, por ejemplo, en materia de medidas cautelares, hábeas corpus y acciones de protección, entre otras, para establecer las circunstancias para que esto sea posible y qué jueces están facultados para conocer estos procesos. “Estamos legislando para combatir la delincuencia común, pero también a los delincuentes de cuello blanco que buscan fiscales y jueces que den paso a sus peticiones, aun cuando estas no se ajustan a derecho”, dijo.

Al referirse a los temas económicos, en el caso del proyecto de Ley económico urgente para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, el Titular de la Legislatura dijo que respeta el criterio del Presidente de la República, respecto de su propuesta de incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 15 %. Sin embargo, este no es el único mecanismo para financiar el conflicto interno, hay otras alternativas que se han propuesto.

“Hay que ser claros, si lo que el Gobierno busca es financiar el conflicto y requiere 1.040 millones de dólares, podemos financiar con un aporte único de empresas sobre la base de las ganancias extraordinarias de 2022. Esto no es retroactivo, agregó, al indicar que el cálculo parte de las utilidades extraordinarias obtenidas en aquel año, pero el pago es para futuro”, explicó.

Así mismo, justificó la capacidad de la Asamblea Nacional de modificar el proyecto de ley del Ejecutivo, lo cual no implica que se violente el principio de reserva de ley, que le corresponde al Presidente de la República.

Finalmente, dijo que hará su mayor esfuerzo para que la Asamblea apruebe el proyecto urgente y considera que no habrá espacio para que pase por el Ministerio de la Ley, ni para el archivo.

Las comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional, , cumplirán una importante agenda, en la semana del 29 de enero al 4 de febrero que incluye el análisis y socialización de proyectos de ley en materia económica y social, así como la expedición de los insumos necesarios para que el Pleno incluya su discusión en primera o segunda instancia, sin descuidar la recepción de comparecencias de autoridades, colectivos y demás sectores sociales, dentro de los procesos de control político y fiscalización, en diversas temáticas.

La Comisión de Fiscalización, entre otras actividades, tiene previsto el conocimiento, debate y aprobación del Informe del Procedimiento de Fiscalización relacionado con la crisis del sector eléctrico, que llevó al racionamiento de electricidad hasta por cuatro horas diarias.

Entre tanto, la Comisión de Régimen Económico continuará el tratamiento del proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica, a fin de elaborar el informe para primer debate.

Otro de los temas priorizados para la siguiente semana, en la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, será el de las reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley de Creación del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), en el marco de la sistematización de observaciones para la elaboración del informe previo al segundo debate.

La mesa de Justicia y Estructura del Estado seguirá con la fiscalización al Consejo de la Judicatura (CJ). También avocará conocimiento de las resoluciones enviadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y continuará el trabajo de las mesas técnicas, respecto de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Para la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, la prioridad será el seguimiento de las acciones planificadas y ejecutadas para mitigar los efectos del invierno en varias provincias del país. Para el efecto, entre el lunes y viernes próximos, recibirá a los prefectos de Chimborazo y de Pichincha, y los alcaldes de los cantones: Alausí, San Miguel de Los Bancos y Pedro Vicente Maldonado, respectivamente; al igual que a los prefectos provinciales y gobernadores de Guayas, Santa Elena y Bolívar.

La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte continuará el proceso de socialización del proyecto de Ley para la Prevención y Lucha contra el Dopaje en el Deporte, entre otras actividades de carácter legislativo.

Mientras, la Comisión de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes continuará la revisión y aprobación de los cambios fondo y de forma, en torno al Libro IV del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna).

La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales proseguirá el proceso de fiscalización del cumplimiento de la sentencia denominada “Mecheros”. En este sentido, recibirá a representantes de los afectados por Texaco, colectivos sociales y de defensa de derechos humanos, así como a autoridades varias instituciones públicas.

De igual manera, la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio prevé avanzar el trámite de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y con el seguimiento a la aplicación de la Ley 047, que garantiza la asignación de recursos para los gobiernos locales, especialmente del nivel parroquial, de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana avanzará en el tratamiento del Acuerdo Comercial suscrito entre la República del Ecuador y la República de Costa Rica.

El Pleno de la Asamblea, con 100 votos afirmativos, censuró al exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por incumplimiento de funciones, al haber excluido del Bono de Desarrollo Humano, a más de un centenar de personas en condición de vulnerabilidad, sin la correspondiente notificación, ni motivación alguna, negándoles el derecho a la legítima defensa y al debido proceso.

Eckenner Recalde, en su condición de interpelante, dijo que el exfuncionario actuó con indolencia, al negarle el derecho a las personas pobres de acceder a los beneficios que otorga el Estado ecuatoriano, porque entre quienes fueron excluidos están personas de la tercera edad y con discapacidad, que no tenían otros ingresos que las ayudas económicas que entrega el Gobierno,

En su intervención, el interpelante presentó varios videos de las pruebas testimoniales, actuadas durante la sustanciación de la solicitud de juicio político en la Comisión de Fiscalización, a través de los cuales varios exbeneficiarios de los bonos demostraron la crítica situación por la que atraviesan. Cerró su intervención pidiendo al Pleno el voto para censurar la conducta del exministro Bernal, para que nunca más un funcionario atropelle los derechos de las personas más vulnerables.

Entre tanto, el exministro Esteban Bernal reiteró que en su administración se excluyó a 289 mil beneficiarios de las ayudas económicas y, a la vez, se incorporó a 314 mil ecuatorianos a la base de datos del registro social. Argumentó que no ha incumplido funciones ya que las exclusiones se dan automáticamente, cuando la situación de los beneficiarios cambia, en virtud de los parámetros técnicos que los ubica por encima de la línea de pobreza.

Insistió en que si hubiera reincorporado a beneficiarios solo por consideraciones sentimentales, habría sido glosado por Contraloría y, posiblemente, se habrían establecido responsabilidades penales en su contra por 190 millones de dólares.

En el debate se puso énfasis en que el exministro Bernal incumplió funciones y dejó fuera del bono a más de 34 mil ecuatorianos, personas que no tenían ni tienen otro ingreso que no sea la ayuda del Estado.

Cabe recordar que, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la censura dispuesta por el Pleno de la Asamblea conlleva la prohibición para el exfuncionario de volver a ocupar un cargo público por el lapso de dos años.